Siete de los 10 de Luluncoto obtienen hábeas corpus

Los abogados alegaron errores procesales

Cristina Campaña y Abigail Hera no fueron beneficiadas. Sobre Fadua Tapia dijeron que tenía régimen especial por maternidad

Los jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte de Justicia de Pichincha otorgaron el hábeas corpus a siete de los 10 jóvenes de Luluncoto. La audiencia se realizó ayer, a las 13:30.

Cristina Campaña y Abigail Hera no fueron beneficiadas con la medida, bajo el argumento de que sus abogados no supieron sustentar el pedido. En el caso de Fadua Tapia se dijo que tenía un régimen especial por maternidad. Sus otros siete compañeros serán liberados en las próximas horas, una vez que cumplan con los trámites respectivos.

Los jóvenes llevaban 13 días en huelga de hambre, en protesta por la forma como se lleva el caso por terrorismo en su contra. Uno de los argumentos para pedir el hábeas corpus fue, según sus abogados, los errores procesales, como la falta de una orden de detención cuando fueron arrestados durante el operativo Sol Rojo.

Los jueces Catalina Muñoz, Oscar Chamorro y Raúl Narváez tardarón cerca de una hora y media en pronunciarse, mientras tanto, en la sala de audiencia, uno de los detenidos, Cesár Zambrano fue atendido por miembros del cuerpo de emegencias de los bomberos, porque presentaba estragos por la huelga de hambre.

Patricio Armijos, abogado de los detenidos presentó a la prensa un documento en el cual constaban los exámenes médicos realizados a los detenidos que certificaban que los 10 involucrados se encotraban en huelga de hambre y que su estado de salud decaía a diario.

A las 15:00, los jueces se hicieron presentes en la sala y Catalina Muñoz hizo pública la resolución de libertad para 7 de los detenidos, en medio de aplausos; sin embargo, cuando anunció la negación del hábeas corpus para Cristina Campaña y Abigail Heras los detenidos, así como sus abogados, mostraron su descontento, en especial la madre de Campaña, quien rompió en llanto.

Los detenidos reiteraron que eran activistas sociales y no terroristas. Héctor Estupiñan afirmó que mantendrán la huelga de hambre hasta que sus compañeras sean liberadas. Insistó en que se consideran perseguidos políticos por el Gobierno.

En la resolución tomada por lo jueces si incluyó la petición de destitución de los funcionarios responsables por el atraso en el arribo de los detenidos a la Corte de Justicia.

Ciro Guzmán, en compañía de familiares y simpatizantes de los detenidos, dijo que emprenderían acciones legales contra el Estado por los atropellos que sufrieron en prisión. (EJ)



Sabotaje y terrorismo se usó por protesta social

El caso de los 10 de Luluncoto mereció una mención especial en el informe de la Veeduría Internacional para la reforma de la Función Judicial. Baltasar Garzón y su equipo recordaron que sobre el caso hubo un pronunciamiento el 15 de noviembre.

En dicho documento expusieron su inquietud por los hechos, "cuya calificación jurídico penal se sustenta en una antigua ley y con un supuesto de hecho que no se compadece mínimamente con la gravedad de la sanción prevista para tal conducta".

Es por ello, continúa el informe, que se estableció como recomendación 38: "Poner de manifiesto la necesidad de acomodar la ley que regula el denominado delito de sabotaje, con el fin de adecuarlo a la realidad del Ecuador democrático y plural, respetando el principio de proporcionalidad de las penas y la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva".

También deja sentado que se han utilizado las figuras de sabotaje y terrorismo ante hechos que podrían considerarse "como simples protestas sociales".

El pronunciamiento de la Veeduría concluye que, "(...)es conveniente reiterar el riesgo de extender la calificación penal referida a otros ámbitos que excederían del concepto que internacionalmente se admite como terrorismo, máxime cuando en Ecuador existen precedentes en los que se ha considerado como derecho a la resistencia, la ejecución de acciones similares, recogidas en la Amnistía 4 aprobada por la Asamblea".



Faltó información presupuestaria a tiempo

La Veeduría Internacional, en su informe final, señaló que el Consejo de la Judicatura de Transición no proporcionó con oportunidad la información sobre los contratos que debió suscribir. Aquello, según el documento, hizo que no se pudiera revisar los que se suscribieron con cargo al Plan de Reestructuración de la Justicia.

En otras palabras, no pudo solicitar la información para hacer un seguimiento en detalle.

Las estadísticas que maneja el grupo de Garzón señala que entre el 26 de julio de 2011 y el 31 de octubre de 2012, se firmaron 410 contratos por diseños, ejecución de obras y adquisición de bienes y servicios. El monto total fue de $284 159 797,59, de los cuales hay un saldo por amortizar de $109 828 646,46, que equivale al 39% de los anticipos entregados por la Judicatura.

Los veedores, frente a esto, plantearon dos recomendaciones: continuar con el desarrollo de las acciones pertinentes para que los objetivos y metas del Programa de Reestructuración de la Justicia se cumpla, de acuerdo a la planificación hecha; y hacer un seguimiento a la ejecución de los contratos para que se amorticen con oportunidad los anticipos entregados y se cumplan los términos contractuales.

El documento, de otra parte, también señala que para el mencionado programa se contrataron, hasta el 30 de noviembre, 292 personas, para llenar vacantes a escala nacional Esto significa un egreso mensual de $597 582..

 

 

 

 

Documentos:

 

 

Pedido de hábeas corpus

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