Sesenta y cuatro años atrás

César Ricaurte

cricaurte@hoy.com.ec

Este lunes se celebraron los 64 años de la suscripción de la Declaración Universal de los DDHH. Una de las fechas más importantes de la historia reciente de la Humanidad. Solo recordemos que hasta 1945 los Estados podían hacer lo que quisieran con sus ciudadanos. Y ciertamente lo hicieron. De trágica forma durante los regímenes nazi-fascistas y el Holocausto de judíos, gitanos, comunistas, homosexuales y todo aquel que fuera o pensara distinto. Este 10 de diciembre entrevisté para mi programa de radio OnLine (rayuelaradio.com), a tres personalidades ligadas a la defensa de los derechos humanos desde distintas vertientes: David Cordero, académico de la Universidad Católica y miembro del Directorio de INREDH, una de las pocas organizaciones que no han traicionado sus valores. Daniela Salazar, catedrática de la Universidad San Francisco, con formación en la CIDH y al abogado de los "10 de Luluncoto", Ciro Guzman.

Todos concordaban que más allá de situaciones puntuales o de la situación critica en que este Gobierno ha puesto a la libertad de expresión, existe algo que afecta de manera infinitamente más grave la protección y garantía de los derechos humanos: la falta de independencia de la Justicia en aras de lo que el presidente llama "la consolidación del poder revolucionario". O más criollamente y todavía en boca presidencial: "la metida de mano" en los tribunales.

Claro que la intoxicante, taladrante (para parafrasear el excelente informe de revista Vanguardia) propaganda oficial nos quiere convencer que la Justicia es más libre que nunca. Pero los hechos son los hechos. Y, además, son porfiados.

Porque mientras se pasan y pasan las decenas y decenas de cuñas en radio y TV, los 10 de Luluncoto siguen presos, en huelga de hambre y en condiciones personales que se deterioran día a día, según reveló un informe "sicosocial" presentado la semana pasada. Estos chicos de pensamiento radical y militancia de izquierda son juzgados sin pruebas convincentes, solo por eso, por pensar distintos. Claro que los juzgadores se inventan cualquier cosa: sabotaje y terrorismo, desestabilización del Estado… Y todo ello demostrado con pruebas tan contundentes como material supuestamente "panfletario" y mensajes en el muro de Facebook. Como para avergonzar a cualquier agente del Estado con un mínimo de sensibilidad, lo cual parece ser algo bastante escaso, hoy por hoy. Porque el "poder revolucionario" exige otras cosas. Exige, por ejemplo, jueces que inventen una nueva doctrina y declaren que el Estado tiene derechos humanos y, entonces, le permitan presentar acciones de protección contra los particulares, cuando la mínima lógica nos dice que es al revés (como la misma Constitución lo dice), al tratarse de un mecanismo que los ciudadanos tuvimos en el papel mojado de la Constitución 2008 para evitar abusos del poder estatal.

Pero, vivimos otros tiempos en nuestro país, lo olvidaba. Solo que es una época que se va pareciendo cada día más a lo que sucedía antes de 1948…

 

Autor: César Ricaurte - Ciudad Quito