Por César Ricaurte
cricaurte@hoy.com.ec
¿Qué legitimidad democrática tiene Alfonso Espinosa de los Monteros para emitir una opinión sobre la conformación del Consejo de Participación Ciudadana?, preguntó el presidente Rafael Correa, el sábado pasado. ¿Qué elecciones ha ganado? ¿Quién lo eligió? Ante tales cuestionamientos habría que preguntarse si la democracia es únicamente de quienes ganan las elecciones. ¿Qué sucede con las minorías? ¿Qué sucede con quienes discrepan, no se suman o cuestionan el proyecto de Gobierno? ¿Simplemente deben desaparecer bajo toneladas de calificativos? ¿Acaso en una democracia Alfonso Espinosa de los Monteros como cualquier otro ciudadano, no tiene derecho a opinar lo que crea conveniente?
Lo que plantea el presidente de la República como un debate, es sumamente grave, porque implica que solo quienes tienen "legitimidad democrática", en otras palabras quienes hayan ganado elecciones, pueden opinar. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho reiteradamente: "La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada".
Claro, en la visión de algunos sectores aquello de "libre" o en su defecto las "libertades" huele demasiado a "liberal" y por lo tanto son malas palabras. Pero, estamos hablando de derechos básicos de las personas, ¿o la Declaración Universal de Derechos Humanos es, también, "sospechosamente" liberal?
Así mismo, ¿qué sucede cuando el Estado declara que la comunicación es un servicio público y por lo tanto desciende de la categoría de derecho a ser ejercido con plena garantía del Estado y con total libertad?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado muy claramente frente al caso venezolano, dónde esto ya pasó antes, aunque a través de la Ley Orgánica de Educación: "La CIDH observa que las disposiciones citadas establecen que los medios de comunicación (incluso los medios privados) son "servicios públicos". Frente a estas disposiciones, preocupa a la CIDH que la clasificación o uso de la categoría servicios públicos para los medios de comunicación privados en Venezuela pueda ser usada para restringir el derecho a la libertad de expresión..."
¿Quienes asesoran al presidente de la República habrán escuchado de estos pronunciamientos? ¿Conocerán que hay estándares internacionales que están contradiciendo expresamente? Puede que sí, puede que no. Lo que es cierto es que hay algunos por allí que gritan: "la libertad de expresión es una falacia liberal" y con ello dejan zanjado el debate. ¿Qué pasará con ellos al momento en que el péndulo político gire?
Hora GMT: 18/Marzo/2010 - 05:08
18/Marzo/2010 a las 08:59
No César, lo que plantea el presidente Correa es que los que perdieron, no tienen por qué imponer sus pretensiones por encima de LAS MAYORIAS, es decir, por encima de quienes quieren el cambio. Aunque no le guste estimado César, el presidente Correa es la representación de más del 60 por ciento de ecuatorianos que votamos por él. Espérese un poco y en las próximas elecciones ojalá y gane su favorito. Por lo demás, así como usted y Alfonso Espinoza, él también tiene derecho a expresarse libremente, a opinar, a decir "su" verdad. Ustedes dicen lo que les viene en gana y no pasa nada. ¿Sólo ustedes pueden hacerlo? ¿Le parece?
18/Marzo/2010 a las 09:44
¿Qué legitimidad tenía Correa para opinar y hacer lo que hizo cuando fue Ministro del interino Palacio? sobre todo si tomamos en cuenta que ese Gobierno fue producto de un golpe de Estado, o sea ILEGITIMO.
EL BURRO HABLANDO DE OREJAS