Por José Samaniego Ponce
El Gobierno anunció la semana pasada un segundo conjunto de medidas de política económica para enfrentar la crisis económica originada en el mercado internacional, esta vez enfrentando directamente el desbalance comercial no petrolero del país, mediante la implementación de recargos arancelarios y/o la fijación de cupos de importación a un conjunto de 620 partidas de bienes que abarcan los segmentos automotor, prendas de vestir, artículos de tocador, implementos deportivos, alimentos, bebidas, licores y confites, entre otros. A fines del año pasado, en un primer grupo de decisiones, el Ejecutivo envió a la Asamblea un primer paquete que incluía reformas a la Ley de Equidad Tributaria, mediante las que se incrementó el Impuesto a la Salida de Divisas, eliminando las exenciones; se creó un impuesto a los activos en el exterior que poseen las instituciones financieras y las regidas por el mercado de valores y se relajó el cobro de tributos internos temporalmente para los sectores más afectados. También se modificaron las leyes financieras para viabilizar la creación de un fondo de liquidez que permita a las instituciones del sector acudir en casos de necesidad de recursos temporales y, además, la creación del seguro de depósitos para proteger a los pequeños depositantes en caso de una crisis bancaria.
En ausencia del tipo de cambio, el Gobierno optó por recurrir a medidas arancelarias y de fijación de cupos para defender su sector externo, restringiendo la importación de bienes considerados como suntuarios o no indispensables. Al final del día, aunque en forma diferenciada y discrecional, ha encarecido o limitado las compras del exterior, de una manera similar a la que hubiera producido una devaluación del tipo de cambio si el Ecuador aún tuviera al sucre como moneda local. Al tiempo de encarecer las importaciones, también están concediendo temporalmente una protección a los productores nacionales de bienes similares a los que abarcan las 620 partidas restringidas. A diferencia de las reformas a las leyes tributaria y financiera, estas últimas se dieron en base a un acuerdo con los principales sectores económicos afectados.
La crisis se precipita en el Ecuador a una velocidad inusitada. En los últimos tres meses se han perdido más de $1 500 millones de reservas internacionales, lo que repercutirá directamente en los depósitos bancarios y en la disponibilidad de crédito para el sector productivo. El precio promedio del petróleo ecuatoriano en diciembre fue de $24 por barril frente a $115 de hace cuatro meses y las remesas de los emigrantes seguirán cayendo conforme la crisis se agrava en Europa. La magnitud de la crisis es tan amplia que los
$1 500 millones de ahorro en la balanza comercial que se producirán por efecto de las medidas arancelarias pueden quedarse cortos. Es necesario incluir un componente adicional en este plan anticrisis que debe necesariamente incorporar un estricto régimen de disciplina y reducción del gasto público en partidas no necesarias o en programas no vinculados directamente al mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más pobres de la población.
samaniego@hoy.com.ec
Hora GMT: 28/Enero/2009 - 05:09
