Deja la puerta abierta a una discrecionalidad gubernamental que podría poner en riesgo la vigencia de derechos humanos
José Valencia
jvalencia@hoy.com.ec
El 3 de julio, el Parlamento europeo decidió rechazar la firma del ACTA, -siglas en inglés del Acuerdo Comercial contra la Falsificación- con el voto de más de dos tercios de sus miembros, en su mayoría pertenecientes a las bancadas socialdemócrata, izquierda unitaria, verde y liberal. La decisión trasciende las fronteras de Europa y deja enseñanzas que atañen a la protección de los derechos humanos, al papel de la acción ciudadana y los contrapesos políticos en democracia, y a la aplicación de la doctrina de la jurisdicción soberana de los Estados al espacio digital.
Los gobiernos de Australia, Canadá, Corea del Sur, Estados Unidos, Japón, Marruecos, Nueva Zelandia y Singapur suscribieron el ACTA en 2011. Casi todos estos países son grandes productores de tecnología y entretenimiento. Con la iniciativa buscaban combatir la transgresión de los derechos de propiedad intelectual vía Internet y en otros contextos contemporáneos. Diseños, música, filmes y más bienes amparados por acuerdos internacionales serían protegidos de la piratería a través de la investigación a presuntos infractores, incluso "siguiéndoles la pista" en la red.
Los propulsores del tratado esperaban que otros países se adhirieran al mismo y que así alcanzara una amplia validez internacional. Entonces surgió un escollo inesperado: sin cuestionar el derecho de propiedad intelectual, un tema sobre el cual Europa cierra filas, el Parlamento europeo y algunas de sus comisiones encontraron que varios artículos del ACTA dejaban la puerta abierta a una discrecionalidad gubernamental que podría poner en riesgo la vigencia de derechos humanos esenciales, como a la privacidad y a la libertad de expresión y comunicación.
Aunque el ACTA alude al resguardo de los derechos civiles, incluye directrices ambiguas que pueden dar la pauta para el menoscabo de las garantías básicas. A pretexto de perseguir a "piratas" de baladas o libros digitales, los Estados podrían examinar la actividad en Internet e incluso los mensajes electrónicos de las personas. Los temores emanaron no solo de defensores de los derechos humanos o de los partidarios de una libérrima Internet. El debate se multiplicó por toda Europa y miles de correos electrónicos y una petición suscrita por 2,8 millones de personas alcanzaron al Parlamento de la Unión. En otros continentes también se han suscitado objeciones: el Congreso de México ha impugnado la firma del ACTA y en el Parlamento de Australia peligra la ratificación del tratado.
El feliz desenlace del 3 de julio trae buenas noticias desde una Europa donde en el pasado -no siempre con fortuna- se han dado grandes batallas a favor de las libertades fundamentales y de prevenir que el individuo quede indefenso frente al aparato estatal. Se ha puesto otra vez de manifiesto que la construcción de la democracia mediante la acción ciudadana es una labor permanente. Por último, al encallar del ACTA en el Parlamento europeo también se ha recordado que hay Estados que cuentan con los medios tecnológicos para intervenir el Internet, que pueden y quieren aplicar de facto su jurisdicción donde no está claro que esta rija, y que ello genera riesgos para los derechos humanos que tienen, estos sí, una vigencia universal.
Autor: José Valencia - jvalencia@hoy.com.ec Ciudad Quito
