Se perfila el control satelital de violadores

Entre enero y agosto se han reportado 6 587 denuncias

Faltan detalles. Por ejemplo, quién haría el control de los delincuentes. Paralelamente, se capacitará a los funcionarios judiciales para el tratamiento de estos casos

Las violaciones a 14 menores de edad perpetradas por el mismo hombre, detenido 11 veces y liberado en varias oportunidades, motivó a que se planteen medidas de seguridad para monitorear la ubicación de personas sentenciadas por delitos sexuales (violación, abuso sexual o atentado al pudor). Hace pocas semanas, el Pleno de la Consejo de la Judicatura estudió la posibilidad de que se usen brazaletes con rastreador satelital.

Con la vigilancia electrónica, se habría evitado que Luis Parra Yabaca, de 28 años, declarado enfermo mental, entrase y saliese de varias clínicas mentales durante nueve años. Y que, a días de haber sido diagnosticado como “recuperado” por los psiquiatras, volviera a ultrajar a adolescentes de entre 12 y 17 años.

En 2007, el Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha determinó, con base en los estudios de dos expertos, que el sujeto era un enfermo mental y de alta peligrosidad.

También lo sentenciaron a 16 años de reclusión en el hospital psiquiátrico Julio Endara. A lo sumo pasó ocho meses. Fue dado de alta y, a los pocos días, otro caso se sumaba a su historial criminal.

Recién en junio de este año, tras haber analizado los estudios de peritos psiquiátricos y las versiones de ocho médicos, los jueces del Tribunal Segundo de Garantías Penales de Pichincha lo sentenciaron a 16 años de reclusión sin opción a rebaja.

Sin embargo, esta historia representa una de las 6 587 que narraron las víctimas a los funcionarios judiciales de enero hasta agosto de 2012.

El caso de Parra es una de las 416 sentencias que han dictado los jueces en las que han condenado al procesado.

En la angustia que deja esta clase de delitos, se contabilizaron en 614 las denuncias de acoso sexual, 319 de acoso a un menor de edad, 1 122 por atentado al pudor, 3 498 fueron por violación y 491 por tentativa de violación.

El reporte de la Fiscalía registró otras 409 por estupro, que es la relación sexual de un mayor con una persona menor de 18 años pero mayor de 14 y con su consentimiento. También se denunciaron el proxenetismo, con 61 casos, y la corrupción de menores en otros 73.

La Dinapén, Policía de menores, estima que hasta 60% de los casos no se denuncia. También explica que, en el 80% de las agresiones sexuales a menores de edad, el abusador es un familiar cercano, un vecino o alguna persona allegada a la víctima.

La demora de las investigaciones o la poca colaboración de la familia al verse presionada por  los parientes cuando el agresor es cercano al hogar son dos de las razones para que los casos no avancen o se archiven.

Otra de las razones en el trato que reciben las víctimas por los operadores de justicia el momento de rendir una versión o realizarse el examen médico legal.

Fernando Yávar, vocal de la Judicatura, estima que cuatro de cada 10 casos de violencia sexual se denuncian, según explicó la semana pasada en la presentación de un estudio sobre trata de personas en varios cantones del país. Dijo que una de las razones es la revictimización de la persona lesionada física y mentalmente.

El pasado 13 de junio, la Judicatura emitió una resolución para todos los juzgados y tribunales del país. En esta se estableció la priorización de estos casos dentro del sistema, en especial si involucran a niños y adolescentes.

Además,  junto con la Fiscalía, el Consejo de la Niñez y otros ministerios se comprometieron a capacitar y sensibilizar a todos los funcionarios judiciales.

Yávar, uno de los promotores del proyecto de las medidas de seguridad poscondena, puso como ejemplo la aplicación del monitoreo de delincuentes sexuales que realiza el estado de Georgia, en Estados Unidos.

Otro de los mecanismos que planteó la Judicatura es la construcción de un régimen de presentación periódica de la persona ante un juez u operador de justicia con el fin de verificar sus actividades, actualización periódica de archivos fotográficos y distintivos por un tiempo determinado y la verificación periódica del domicilio.

La ministra de Justicia, Johanna Pesántez, integró un elemento adicional sobre este tema en el Código Orgánico Integral Penal, en debate legislativo.

Se trata de la posibilidad de que, en una sentencia, al autor de violación o abuso sexual, entre otros delitos de esa naturaleza, se le retire la licencia o prohiba el ejercicio profesional si se ha valido de él para cometerlo.

Si esta medida se aprueba en la Asamblea, José Luis N., aún procesado por el presunto abuso sexual de 38 niños de entre 10 y 11 años durante el año lectivo 2010-2011, cuando fue profesor, dejaría de enseñar.

José Luis N., actualmente prófugo, fue denunciado por los padres de familia del la escuela Militar Pedro Travesari, ubicada en el sur de Quito.

Los testimonios de 16 niños coincidieron en que el profesor los hacía desvestir, les obligaba a mirar videos pornográficos, les hacía introducir los dedos de los varones en los órganos sexuales de las niñas y otras actividades de violencia psicológica y física.

Justo en este mes se cumple un año sin que los menores hayan recibido justicia.

En ese escenario, la propuesta de seguridad vigilada es una medida político-criminal que ayuda a combatir el delito y, sobre todo, a prevenir su cometimiento, según explicó Pesántez.

“Para que esté revestida de validez -dijo-, debe ser impuesta en la sentencia en la que se establece la pena al delincuente con el objeto de ser aplicada una vez cumplida la pena”.

Luego de su exposición en el Segundo Seminario Internacional de Derecho Penal, Pesántez se tomó cinco minutos para explicar que el debate y la mayor crítica a esta política están en cómo se determina la peligrosidad antes de que se cumpla la pena de cárcel y sin que se conozca si ha funcionado o no la rehabilitación.

Pesántez dijo también que el uso del brazalete se podría aplicar a los menores pero resaltó que son casos distintos.

“En los menores se pretende el desarrollo integral -aseguró-, como mantener los vínculos familiares, mientras que en los mayores se aplica la rehabilitación social”. En el futuro, este sería un proceso de mayor análisis, debido a que los menores de 18 años tienen protección especial.

La Fiscalía revela que en los 411 casos de acoso sexual a menores de edad presentados de enero a agosto, el fiscal inició indagación en 388. De estos, 53 pasaron a instrucción, en 38 de ellos se acusó a un autor y en 14 no se acusó. Mientras, los jueces condenaron a 11 personas y absolvieron a seis. Por alguna razón se desestimaron 102 procesos en este delito.

Por ahora, el uso de un brazalete de seguridad es un proyecto, que aún no se desarrolla con detalles. Por ejemplo, no se establece el presupuesto que se requiere, que material o dispositivo resistirá una acción violenta en caso de que el portador intente retiralo o cual es el perfil de la persona que lo usará. Es decir, características como si el agresor suma más de un caso, si las víctimas son niños y si presentan trastornos mentales, entre otros.

Tampoco se ha explicado qué organismo, civil o policial estaría a cargo del monitoreo de los portadores del brazalete o cómo se sancionarán las violaciones del uso de la pulsera.

Solo si la Asamblea lo aprueba, se conocerán el sistema y su funcionamiento. (SO)