La comunidad indÃgena reclama por no haber sido consultada sobre la exploración petrolera en su territorio
'Estamos decididos a no dejar destruir nuestra selva. Somos un pueblo de solo 1 200 personas, pero yo sé que en cada uno de los corazones hay un pueblo que lucha", dijo José Gualinga, representante del pueblo indÃgena Sarayaku (Pastaza), al terminar su intervención en la audiencia pública que se realizó el jueves anterior en la sede de la Corte Interamericana de Derchos Humanos (CIDH), en San José, Costa Rica.
Gualinga, junto una representación de la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku, la Fundación Pachamama y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), comparecieron el 6 y 7 de este mes ante la CIDH para sustentar una demanda contra el Estado ecuatoriano por irrespetar las garantÃas constitucionales de consulta y consentimiento previo, libre e informado, antes de permitir la exploración petrolera en su territorio ancestral.
En 1996 la petrolera argentina CompañÃa General de Combustibles (CGC) recibió la concesión del bloque 23, ubicado en Pastaza, "sin que se hicieran los estudios sociales y ambientales correspondientes", según un comunicado del CEJIL y la Fundación Pachamama. Entre el 2002 y 2003, la compañÃa CGC inició con los trabajos de explotación sÃsmica en Sarayacu.
"La petrolera argentina dejó alrededor de 1400 kilos de explosivos abandonados en 16 mil hectáreas, espacio de vida que permanece ahora vedado para las actividades tradicionales", denunció el jueves el abogado Mario Melo en audiencia de CIDH.
Mientras que en un escrito, la ProcuradurÃa General del Estado alegó que según sus estudios "el material explosivo se encuentra degradado y no representa ninguna amenaza".
El recurso contra el Estado fue presentada en 2003 ante la Comisión Interamericana, misma que remitió el caso en 2010 a la Corte Interamericana.
Paralelamente, la comunidad de Sarayacu solicitó ante la Comisión Interamericana medidas de protección por parte del Estado ecuatoriano, que fueron concedidas por la CIDH en 2004 y consistÃan en frenar la exploración sÃsmica, remover la pentolita, garantizar la integridad de la comunidad y desmilitalizar la zona, pero que no se cumplieron, según los indÃgenas.
La ProcuradurÃa, por su parte, afirmó que el Estado creó una comisión para cumplir con las cauciones, que no ha tenido éxito por falta de acuerdos con la comunidad. Sostiene que las medidas dictadas por la CIDH han perjudicado a otras comunidades indÃgenas ubicadas en el Bloque 23, que han sido agredidos y desplazados por algunos habitantes de Sarayaku, y que el Gobierno ha invertido en infraestructura y servicios en la zona. (DAD)
'Sarayaku no puede imponer su voluntad', dice ProcuradurÃa
Según la ProcuradurÃa General de Estado, la consulta previa a comunidades ancestrales fue incluÃda en la Constitución de 1998 y ratificada en la Carta Magna de 2008, pero "ante la ausencia de una norma infraconstitucional en la materia, en marzo de 2010, la Corte Constitucional estableció que el resultado de una consulta previa no es vinculante para el Estado y sus instituciones, y que la opinión de los pueblos consultados no implica la imposición de su voluntad sobre el Estado", según anota un comunicado promulgado el jueves anterior. La defensa del Ecuador también alega que debe considerarse "el principio de equilibrio entre el interés general y el interés particular reconocido por la Corte", y que la comunidad indÃgena "no puede imponer su voluntad sobre toda la sociedad".
En Pastaza, algunas organizaciones indÃgenas se movilizaron durante la semana para respaldar a Sarayaku.
