Salarios por decreto

Por Mauricio Pozo Crespo

mpozo@hoy.com.ec

Constituye un error de política económica aislar en las decisiones laborales el tema salarial con el problema del empleo. El mismo momento en que la autoridad pública se inclina a buscar respaldo popular hablando de un salario digno sin dedicarle un minuto al impacto de esta decisión en términos de empleo, está siendo indigno con el resto de ecuatorianos. No se trata de desconocer la necesidad y la justicia de que todos tengan remuneraciones adecuadas y justas, nadie estará opuesto a esto, sino a aceptar la realidad, aunque cruda, de que nada hay gratis en economía. Lo que se hace en un sector tiene impactos en otro, lo que puede asomar como digno en un ámbito puede resultar como indigno e injusto en otro. Ese es el arte de la política económica: saber armonizar las decisiones.

Cuando se desconocen las realidades del sector productivo privado y se desprecian las condiciones del mercado, palabra que al Gobierno no le gusta pero que existe, por "tratar" de hacer bien a los empleados, se estará perjudicando al resto, es decir, principalmente a los desempleados. Si las empresas producen cierta cantidad de bienes o servicios y son rentables, es porque la administración de las mismas es eficiente, es decir, el manejo de los ingresos y los gastos, en donde están los salarios. Si por buscar mejorar los salarios se expanden los mismos por sobre las reales posibilidades de producción y de ventas de la empresa, lo que va a ocurrir es que pocos o muchos trabajadores serán despedidos. Por tratar de que el empresario gane menos, actitud por cierto mezquina, se perjudica al trabajador que pierde el empleo. Se beneficia al que mantiene su trabajo, pero el que lo pierde o, peor aún, el que ya está desempleado, ahora sí que sus opciones de encontrar empleo se desvanecen. Peor pensar en tratamientos
por tipo de empresa, pues sería el mejor cultivo para distorsiones e injusticas. No es negocio ni rentable mantener personal desmotivado por ahorrarse unos cuantos dólares, pues esto incide directamente en la productividad, y el mismo empresario, a la vuelta de la esquina, termina afectándose.

Un incremento salarial incompatible con una recesión como la actual, en la que las ventas se contraen, o decisiones que no consideren los efectos ocupación, lo único que produce es acentuar de forma agresiva el dilema o disyuntiva entre salarios y empleo, esto es, a mayores salarios, menor empleo, y viceversa. Si a esto se añade una economía en recesión en la que la gente compra menos, el problema se agudiza. Esto se corrige con mayor estabilidad y seguridad en las políticas públicas para que la inversión privada crezca, las empresas produzcan más, contraten más trabajadores y, como efecto de mayores ventas, paguen mejor a sus colaboradores. No hagamos las cosas al revés. Hay vasta literatura y evidencia empírica que prueba que con decisiones políticas no se corrigen problemas de mercado. Como he mencionado otras veces, entonces, que la Constitución prohíba a rajatabla la pobreza, el desempleo y los salarios indignos, y los problemas estarían resueltos.

Hora GMT: 21/Septiembre/2009 - 05:08