Un claro ejemplo de la incapacidad de administración burocrática es la gestión en la distribución eléctrica en que existen empresas que pierden más del 35% de la energía que distribuyen, aunque también hay muy honrosas excepciones, por ejemplo en Quito y Cuenca. El Fondo de Solidaridad mantiene actualmente la gran mayoría del accionariado de las distribuidoras eléctricas, aunque también existe participación de gobiernos locales, la idea original contempló este mecanismo como un paso intermedio para transferir la administración de la administración estatal a una privada controlada por reglas de juego del Estado.
La transición se quedó a medio camino y las empresas estatales tanto de distribución eléctrica como de telefonía fija se quedaron entrampadas en la burocracia, siendo sociedades anónimas pero manejadas por el Estado, es decir con todos los problemas de botín político, burocracia y corrupción de la administración pública y fuera de los controles de la misma.
Parece ser que ahora mediante mandato se piensa retroceder nuevamente varias décadas hacia una administración centralizada del Estado en que la ineficiencia de la mayoría se traslade a todo el sistema como ya sucedía, en lugar de la lógica alternativa de incrementar el accionariado para una adquisición y administración privada bajo reglas del Estado.
Evidentemente, la solución no es centralizar nuevamente la administración de empresas públicas sino hacerlas más eficientes, pero lastimosamente la lógica y la experiencia ya vivida no parecen influir en los nuevos mandatos que prepara la Asamblea Nacional Constituyente.
Hora GMT: 11/Junio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Eduardo Cadena Dongilio/Centro de Estudios y Análisis
