Las partes definieron nuevo marco de contrato, faltan informes y definir algunos detalles para concretar convenios
El alcalde de Quito, Augusto Barrera, envió a inicios de la semana pasada un mensaje positivo sobre la construcción del nuevo aeropuerto de Quito. Anunció un "exitoso" proceso de renegociación y de importantes acuerdos entre Municipio, concesionario y prestamistas, en torno al contrato de construcción.
Al parecer, el anuncio tuvo como objetivo principal disipar las dudas que se habían tejido sobre el futuro de la nueva terminal aérea, a raíz de las imputaciones hechas por la Fiscalía en contra de varios promotores del proyecto.
Barrera ponderó el proceso, apoyado en que los acuerdos logrados incluyen la coparticipación de la ciudad en un 26% de los beneficios económicos que genere el nuevo aeropuerto. Esto implica básicamente que el Municipio recibiría unos $877 millones durante los 35 años que dura la concesión y no solo los $295 millones establecidos en los compromisos originales.
Esa coparticipación será posible en el marco de una nueva definición de la contratación, que pasó de un modelo de concesión-construcción al de un acuerdo de alianza estratégica. Esto bajo la premisa, destacada por el Municipio, de que ya no hay ninguna duda sobre la titularidad que tiene el Cabildo sobre el nuevo terminal. Ese principio fue también asumido como tal por el Gobierno central durante la cadena sabatina del sábado antepasado.
El nuevo marco de contratación fue trasladado a las autoridades de control, que deberán avalar el modelo como requisito para la adecuación final de los contratos suscritos entre las partes en 2002 y en 2005.
El alcalde se ha trazado inicialmente una espera de dos meses para la respuesta de la Contraloría, la Procuraduría y la Corte Constitucional, tiempo en el cual se deberán trabajar en las enmiendas correspondientes.
No obstante, el detalle de los acuerdos es precisamente una tarea que enfrenta otros escollos. Así, por ejemplo, falta definir la modalidad para el manejo de las tasas aeroportuarias, pese a que el tema de la titularidad ya está superado. En el Municipio, se prevé una nueva consulta a la Corte Constitucional (CC), organismo que ya determinó antes que esas tasas tenían carácter público, con lo cual se facilitó la vía de renegociación planteada desde el Municipio.
Esta vía, dada la configuración de la Corte y más afín al oficialismo del que forma parte Barrera, mostraría además la voluntad política de blindar todos los acuerdos.
En tanto, a la Procuraduría corresponde pronunciarse sobre el cambio de sede del arbitraje internacional.
Estas tareas revisten procesos sensibles, pues mientras los acuerdos no se concreten en los papeles y no se firmen los nuevos convenios, queda abierta la puerta para que se presenten en este período demandas en otros niveles, posibilidad que la ha reconocido el propio alcalde a otro medio.
Por lo pronto, la entrega de la obra ya tiene una nueva fecha: noviembre de 2011. Durante este tiempo, las partes, que han normalizado ya sus nexos, deberán compartir los trámites para la obtención de las certificaciones de la autoridad civil aérea y la del Ministerio de Ambiente.
En este tiempo, el rol del alcalde Barrera será clave, quien ha sido liberado por ahora de responsabilidades en el caso que se sigue contra el anterior proceso contractual. (LB)
Imputación debilitaba posición de Barrera
En versión rendida el 25 de mayo de 2009 ante la Fiscalía, el actual alcalde de Quito, Augusto Barrera, definió dos inexactitudes de la Contraloría en su investigación: no identificar la existencia de una autorización previa del año 2004 a favor del alcalde para la suscripción de la garantía municipal y excluir de la nómina de supuestos responsables de delito de peculado a varios concejales que autorizaron en 2004 y 2005 la suscripción del contrato de Garantía Municipal.
Su consentimiento, dijo, al texto de la resolución tomada el 17 de junio de 2005, lo dio respaldado en el informe favorable del procurador. Señaló que por ser un informe vinculante estaba, en su condición de funcionario público, en la obligación de acatarlo. Y, por tal razón, agregó, "amparado en este pronunciamiento, como concejal presente en esa reunión del Concejo del 17 de junio de 2005, soy con el resto de concejales exclusivamente responsable del contenido de la resolución tomada".
Además, señaló que en cuanto al contrato de garantía municipal no se ha comprometido fondos públicos, ni existe un beneficiario de garantía financiera alguna, por tanto no se configuraban los elementos del delito que se le acusa.
Agregó que de aceptar la Fiscalía dicha declaración perjudicaría gravemente los intereses del Municipio y abriría las puertas para que el supuesto beneficiario reclame. "Debilitando mi posición de alcalde electo de lograr una justa renegociación del contrato", dijo. (LB)
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