El Gobierno ha optado por promulgar decretos de estado de emergencia en múltiples áreas y no solo bajo las circunstancias que en rigor prevé la Constitución para declararlas, cuando exista en todo el territorio nacional o en parte de él grave conmoción interna o catástrofes naturales o en caso de inminente agresión externa o guerra internacional.
En realidad, el recurso de las emergencias para afrontar problemas no solo coyunturales sino estructurales crea distorsiones, entre otras, la de que tienen que repetirse esos decretos para prolongar su vigencia porque las emergencias rigen por un plazo máximo de 60 días. En estas circunstancias, ¿quién asegura el control de los gastos y la rendición de cuentas por la eficacia de la aplicación de la emergencia?
Emergencias como la vial, decretada en febrero de 2007, o la educativa, de marzo del mismo año pasado, imponen el balance y la rendición de cuentas.
La reconstrucción vial a cargo de del Cuerpo de Ingenieros del Ejército arroja hasta ahora modestos resultados: 42,5 kilómetros ejecutados. Con las inundaciones, la situación de la red vial se muestra en situación de colapso. En el caso de la educación, de los $125,7 millones previstos para la emergencia, $80,7 millones se destinaron a la infraestructura; $15 millones, a textos escolares, y $30 millones, a la alimentación escolar. Las inundaciones dejan también al descubierto en esta área que continúa la precaria y crítica situación de la infraestructura escolar en la Costa a las puertas del nuevo año.
Hora GMT: 25/Marzo/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO
