Opinión de HOY
El Directorio del Banco Central ha dispuesto que las transferencias de dinero que ingresen al país, por medio de los bancos y de las empresas dedicadas a la prestación del servicio de remesas, deben pasar primero por la entidad. Las nuevas regulaciones se aplicarán desde el próximo 30 de noviembre: a partir de entonces, "las instituciones financieras deberán transferir a su cuenta en el Banco Central del Ecuador las divisas correspondientes a las transferencias de dinero provenientes del exterior al país, que las personas naturales o jurídicas (...) soliciten a instituciones financieras..." .
La disposición crea sospechas y desconfianza: no solo porque se entorpece con una instancia burocrática las transferencias de dinero del exterior, sino se crea por fuerza una dilación entre la recepción del dinero y la entrega al beneficiario. Esto, por supuesto, genera desconfianza pues abre las posibilidades de cualquier otra intervención. Como señaló ayer en este Diario el exministro Mauricio Pozo, "la liquidez en el Banco Central va a subir, con lo que los riesgos de apropiacion también crecen ( ...), ¿quien garantiza que no van a usar estos recursos para objetivos gubernamentales o, si mañana hay falta de fondos, no les entreguen a los bancos papeles públicos con lo cual los receptores de las transferencias también reciban papel tapiz en lugar de dinero?
Se trata de una medida más de control dentro de la tónica centralizadora y de intromisión en el ámbito privado por parte del Gobierno. Cortar el libre flujo de circulación del capital no es positivo para una economía que necesita el ingreso de dólares.
Ya el impuesto a la salida de capitales es una limitación a la que se suma ahora estas nuevas regulaciones. Con ellas, entre otras consecuencias, se alejan más los incentivos y la confianza para el ingreso de inversión extranjera directa que tan poco ha entrado al país, a diferencia de los que ha acontecido en los países vecinos.
Ciudad Quito
