Tras su primera discusión en la Asamblea Nacional, el proyecto de la Comisión de Justicia sobre las regulaciones del matrimonio se encuentra en la recta final para su aprobación. Subsisten varios debates.

La Asamblea Nacional cumplió este jueves con el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Civil. Se trata de un conjunto de 37 reformas que atañen al título tercero y siguientes del primer libro de esa ley, correspondiente al matrimonio.

Entre los puntos que se quiere reformar figuran el de la edad mínima para contraer matrimonio, que el proyecto quiere fijar en 18 años, y los procedimientos para el divorcio, que se pretende simplificar. Además, la Asamblea se ha propuesto eliminar todos los rezagos de la sociedad patriarcal que aún conserva el Código, cuyo origen es del siglo XIX, y que consagran la diferencia de sexos ante la ley.

El proyecto fue elaborado por la Comisión de Justicia, que preside Mauro Andino. En principio, cuenta con el respaldo de algunos asambleístas de oposición. Sin embargo, hay diferencias sobre las prioridades: María Paula Romo, de Ruptura, ha propuesto que el tema de la edad mínima del matrimonio (sobre el que es más fácil llegar a un acuerdo) se vote aparte del resto de reformas, que pueden acarrear mayores debates. Del lado del Gobierno Virgilio Hernández propuso, por el contrario, asumir la reforma global del Código Civil, por lo menos del libro primero que, según él, está lleno de disposiciones anacrónicas. (RA)



1. La prohibición del matrimonio infantil puede demorarse

El tema de la edad mínima para contraer matrimonio es el debate original de este proyecto de ley. Todo empezó en el año 2010, cuando el Comité por los Derechos del Niños de la Organización de Naciones Unidas recomendó al Ecuador actualizar su legislación al respecto. Según el Código Civil vigente, la edad mínima para el matrimonio está fijada en 12 años para las niñas y 14 para los niños (en ambos casos con el consentimiento de los padres, tutores o adultos responsables). Lo que el organismo internacional pidió es, de un lado, eliminar las edades diferenciadas según el sexo y, de otro, subir el rango de edad a "estándares internacionalmente aceptables".

También un informe de ONU Mujeres del año 2011 sobre la situación de las mujeres en el mundo criticó al Ecuador por mantener uno de los límites de edad más bajos del mundo occidental. La experiencia judicial al respecto es que, aún con el consentimiento paterno, el límite de edad vigente en el país favorece la explotación sexual de menores de edad y puede convertirse, incluso, en una forma de trata.

Fue en principio para responder a estas demandas de los organismos internacionales que la Asamblea Nacional inició el tratamiento de las reformas que esta semana llegaron a su primer debate en el Pleno. Sin embargo, por iniciativa de Alianza País, el horizonte de las reformas fue ampliándose poco a poco hasta abarcar toda la legislación sobre el matrimonio.

La idea propuesta en el proyecto de la Comisión de Justicia y que goza del respaldo de la mayoría gobiernista, es simplemente prohibir el matrimonio de menores de edad. La edad mínima quedaría fijada en 18 años tanto para hombres como para mujeres.

La asambleísta Betty Amores, de Ruptura, dijo en el debate del jueves que tal propuesta implica un retroceso. Ella y su compañera de partido María Paula Romo llaman la atención sobre el hecho de que otros cuerpos legales ecuatorianos recogen el concepto de "capacidad relativa de los adolescentes", en virtud del cual se pemite asumir ciertas responsabilidades a partir de los 16 años: firmar cierto tipo de contratos laborales, por ejemplo, en el Código del Trabajo, o votar en las elecciones, en las ley correspondiente.

Romo dijo que es necesario mantener una coherencia con el resto de la legislación en este punto.

Pero el debate va más allá. Siendo este un tema en el cual resulta más fácil alcanzar un acuerdo, tanto social como al interior de la Asamblea, Romo propone volver al punto original, es decir, votar por un proyecto exclusivamente sobre la edad mínima para contraer matrimonio. Ella teme que, al incluirse en la misma votación aspectos sobre el matrimonio que generan más polémica (el reconocimiento de la unión libre las parejas homosexuales, por ejemplo), el debate social se complique y alargue, prolongando la situación de desprotección de muchos niños y niñas.



2. Hacia una idea de pareja igualitaria y laica

El código civil vigente, en su artículo 81, define el matrimonio como una institución cuya finalidad es "vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente". La reforma propuesta elimina el fin de la procreación. El texto del artículo 81 quedaría, en su parte pertinente, como sigue: "constituir un tipo de familia, auxiliarse mutuamente y asumir los derechos y responsabilidades sujetándose a las disposiciones de la Constitución y este Código".

Es un debate de fondo que implica al conjunto de la sociedad y en el cual, con seguridad, la Iglesia y otras corporaciones religiosas se declararán en contra. La pregunta aquí es si los representantes políticos procederán según los criterios del laicismo o si demostrarán tener más prejuicios que la sociedad a la que representan.

De otro lado, el hecho de enumerar entre las finalidades del matrimonio la de "constituir un tipo de familia" supone, en concordancia con la Constitución, asumir la idea de que existen varios tipos de ella. Esto requerirá de reformas en otras leyes afines, como por ejemplo la Ley de Registro Civil. Esto puede reactualizar el debate que surgió el año pasado en torno a la demanda de las británias residentes en el Ecuador Helen Bicknell y Nicola Rothon, una pareja de lesbianas a quienes se les impidió registrar a Satya, hija biológica de una de ellas, con el apellido de ambas.

Por lo demás, el proyecto de reformas de la Comisión de Justicia se ha preocupado por eliminar del Código Civil todos los rezagos de la sociedad patriarcal que aún permanecían vigentes en varios de los artículos correspondientes al matrimonio. Por ejemplo, considerar que el administrador de los bienes comunes es el marido, siempre que la pareja no decida lo contrario ("a falta de estipulación se presumirá que el administrador es el marido", dice el artículo 180 del Código vigente; esta frase desaparece en el texto reformado).

En el artículo 136, donde se establece "la igualdad de derechos y deberes de amos cónyuges", el texto reformado busca ser aún más explícito. Para ello, introduce una obligación antes inexistente: "compartir responsabilidades domésticas y del cuidado de ascendientes, descendientes u otras personas dependientes de su cargo de manera equitativa". Un tema en el que la sociedad lleva un buen trecho de ventaja sobre la ley.



3. ¿Divorciarse debe ser tan fácil?

Las reformas sobre el divorcio son quizá las más polémicas que contiene el proyecto de reformas. Específicamente una de ellas: la que establece la posibilidad de lo que se ha llamado "disolución unilateral del matrimonio". Es decir: el divorcio por voluntad de una sola de las partes. Esta reforma, de ser aprobada, convertiría los juicios de divorcio por causales en un procedimiento caduco y haría del matrimonio, como dijo en el debate del jueves pasado el asambleísta de Alianza País Fernando Bustamante, una institución enteramente laica: "Con esto, la sociedad y el Estado se declaran neutrales con respecto al matrimonio".

Más allá de los principios laicos en los que está basada, esta reforma genera un debate que tiene que ver con la verdadera naturaleza del vínculo matrimonial en la sociedad ecuatoriana. María Paula Romo llama la atención sobre la realidad sociológica: de un lado, dice ella, en el Ecuador hay una gran cantidad de mujeres que no trabajan, son mantenidas por sus parejas y se dedican exclusivamente a los quehaceres domésticos y al cuidado de los hijos; de otro lado, "el divorcio empobrece a quien se queda con los hijos". Y por lo general, en el país, suele ser la mujer.

Se trata de otro debate de fondo. De un lado, las legítimas aspiraciones liberales de que el Estado, como dice Bustamante, sea un ente neutral frente al matrimonio y que éste quede librado únicamente a la voluntad individual de los contrayentes. De otro lado, el reconocimiento de una sociedad donde los esquemas machistas sobre el rol de la mujer prevalecen en un gran sector de la población. Esto acarrea un debate sobre la pobreza, la familia e incluso la poligamia. Por lo demás, las reformas sobre el divorcio incluye, lo mismo que aquellas sobre el matrimonio, una serie de medidas para suprimir las condiciones de desventaja y discriminación de las mujeres frente a los hombres. Por ejemplo, desaparece la prohibición (que sólo rige para las mujeres) de contraer matrimonio hasta un año después de legalizada la separación. Desaparecen también todas aquellas causales de divorcio que, en el Código vigente, se relacionan con la "honorabilidad" de la mujer: por ejemplo, el concepto de "mala conducto notoria", solo aplicada al sexo femenino, lo mismo que el adulterio de la mujer (el Código no menciona el adulterio del hombre). El texto de proyecto de reformas, en cambio, habla de "el adulterio de uno de los cónyuges".



4. La unión de hecho avanza

La unión de hecho ya es reconocida por el Código Civil como aquella conformada por parejas monogámicas y estables. Cuando un hombre y una mujer conviven con este tipo de relación durante más de dos años, dice el artículo 222 del Código Civil vigente, se origina una "sociedad de bienes" y se generan "los mismo derechos y obligaciones que tienen las parejas constituidas mediante matrimonio".

El proyecto de reformas deja este artículo casi intocado, pero introduce un cambio fundamental que, sin duda, provocará reacciones polémicas en la sociedad, especialmente por parte de las corporaciones religiosas: las palabras "unión estable y monogámica entre un hombre y una mujer", son sustituidas por "unión estable y monogámica entre dos personas".

Se trata del reconocimiento implícito de la unión de hecho de parejas homosexuales como una institución con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro matrimonio. En los artículos siguientes al 222, en los que definen ciertas características de la unión de hecho, se eliminan todas las referencias a "el marido" y "la mujer" para identificar a los cónyuges.

Rolando Panchana, de Alianza País, sin embargo, no cree que, en esos casos, se deba hablar de "hogares".

En otros temas, el proyecto de reformas contempla una completa revisión del lenguaje para ponerlo a tono con los tiempos. Aunque algunos de estos cambios tienen que ver con un sentido de corrección política (por ejemplo la sustitución de "minusválidos" por "personas con discapacidad"), otros encierran cambios de fondo en las concepciones. Se eliminan, por ejemplo, todas las referencias a la "moral", la "perversión" o la "honorabilidad reconocida" de la familia.