Por Ernesto Albán Gómez
ealban@hoy.com.ec
No conozco que alguno de los candidatos a asambleístas se haya comprometido en la campaña electoral a impulsar un proyecto de reforma constitucional. Y se trata, en mi opinión, de la primera y fundamental obligación que un legislador responsable debería asumir en las actuales circunstancias. La razón es evidente: la Constitución contiene tantas novelerías extremadamente peligrosas, tantos errores, vacíos e incongruencias, tanta palabrería insustancial, que su propia supervivencia exige, en forma urgente, una amplia reforma.
Por solo citar un caso, por cierto que de extremada gravedad: una reforma debería eliminar de plano la Función de Transparencia y Control Social, y el Consejo de Participación Ciudadana, que tal como están concebidos ni son transparentes ni servirán para un adecuado control social ni garantizarán la participación ciudadana. Al contrario, se convertirán inevitablemente en instrumentos para concentrar aun más el control político por parte del Gobierno; y para ello se utilizarán los mecanismos poco transparentes y participativos que se prevén en la Constitución. Por supuesto que hay muchísimos casos más que podrían citarse. Se dirá que la tarea de reformar la Constitución es, al menos por ahora, una misión imposible, aunque -en la próxima Asamblea el Gobierno no obtenga la mayoría abrumadora que logró en la Constituyente. Primero, porque el capítulo constitucional que regula el procedimiento para la reforma contiene tantas ambigüedades, que hasta se podría anticipar que algunas propuestas ni siquiera podrían ser consideradas; o que deberían ser tramitadas mediante procedimientos diferentes, con referéndum incluido, según las califique discrecionalmente la Corte Constitucional. Y en segundo lugar, por los múltiples candados, que los asambleístas de Montecristi se encargaron de colocar. Por ejemplo, para impedir radicalmente que el capítulo de la reforma constitucional sea reformado.
Desde otro punto de vista, podría sostenerse que ninguna reforma será suficiente para superar las deficiencias del texto constitucional. Que, más bien, no serían otra cosa que unos cuantos parches que posiblemente generarían nuevas ambigüedades y confusiones.
De ser así, solo quedaría una alternativa: redactar una nueva Constitución. Para lo cual, según la norma correspondiente, haría falta una nueva Asamblea Constituyente que debería ser convocada mediante una consulta popular, la que solo podría ser solicitada por el presidente de la República (imposible), por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (casi imposible) o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral.
Todo esto parece confirmar aquello de la misión imposible; pero a pesar de las dificultades, del camino espinoso que aparece por delante, considero que es fundamental empezar a crear una conciencia nacional sobre la imperiosa necesidad de una reforma constitucional a fondo. En algún momento, más pronto que tarde, una buena mayoría del país, de la opinión pública, de los sectores políticos, advertirá la necesidad de la reforma. Y entonces sí podrán conseguirse las firmas necesarias.
Hora GMT: 05/Abril/2009 - 05:13
