Reclamos y obras sin fin en el Consejo Provincial de Pichincha

Algunas controversias internas en el Consejo Provincial de Pichincha hacen sombra a los proyectos emblemáticos de la institución, como las del Canal de Riego Tabacundo y el Toachi-Pilatón, que tienen en cambio varios años de estancamiento. Un informe sobre un caso que ejemplifica esa realidad.

En el consejo provincial es "normal" asesorar y demandar a la institución

Líos "Domèsticos" en la prefectura

Un asesor del prefecto Gustavo Baroja inició un proceso en 2004 contra la institución en la cual labora. Además, su hija trabaja en ese organismo.

El Consejo de la Provincia de Pichincha (CPP) enfrenta un juicio por daños a una propiedad en la parroquia de Perucho, ubicada al norte de la ciudad de Quito.

La afectación fue causada por trabajos que se ejecutaron en 2004 para construir una mina de material pétreo. Un alud obstaculizó medio kilómetro de carretera, la cual sigue obstruida.

Luis Emilio Jarrín Ampudia, dueño del inmueble, presentó un reclamo administrativo para que se repare la propiedad. La petición no fue atendida.

Por ello, el 28 de septiembre de ese año presentó una demanda en el Juzgado Séptimo de lo Civil, en contra de Ramiro González, prefecto de ese entonces.

Asesoría

La relación entre el demandante y el CPP se ha mantenido vigente por otros asuntos. En 2007 -mientras el proceso legal seguía su curso- Jarrín Ampudia fue contratado por el prefecto Gustavo Baroja como asesor en el área política, puesto que se ha desempeñado como secretario General de la Izquierda Democrática (ID) y fue asesor de líderes de ese partido, como el ex presidente de la República, Rodrigo Borja, y el ex diputado, Raúl Baca Carbo.

A decir del asesor, él se encuentra en toda la libertad de prestar sus servicios a la institución a la cual demanda. Todo esto, amparado en el Art. 33 de la Constitución que garantiza el derecho de las personas a un empleo remunerado en un organismo escogido libremente.

También se ampara en el Art. 3 del Código del Trabajo, que estipula la libertad de elegir un empleo y dedicar un esfuerzo a una labor lícita. Además, recalcó que independientemente de que sea un trabajador del CPP, está defendiendo sus "derechos de ciudadano".

"Mi patrimonio es inalienable. Nadie me lo puede violentar, ni quitar y si la institución lo hizo por negligencia, yo tengo el derecho de reclamar", indicó.

Jarrín Ampudia ganó el proceso en primera instancia, en el Tribunal Contencioso Administrativo. No obstante, el CPP apeló a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y se espera que en estos días se defina si hay o no la reparación del daño en su terreno de ocho hectáreas (antes del derrumbe tenía 16), el cual se empleaba para sembrar sábila y contaba con una casa con todos los servicios básicos.

Otro vínculo

El 6 de septiembre de 2005, Adela Victoria Jarrín Chalons, hija de Jarrín, fue contratada para el Departamento del Patrimonio Cultural del CPP.

El Art. 7 del Capítulo II de Nepotismo, Inhabilidades y Prohibiciones de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa prohíbe designar o contratar en cargos públicos a un familiar, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Ante esto, Jarrín Ampudia señaló que nepotismo existe solo cuando la persona a la que le acusan tiene relación directa con el ente nominador. "Yo no soy nominador", dijo y puso de ejemplo: "Si Adela Jarrín fuera hija del prefecto Baroja, no podría ocupar un cargo".

La funcionaria señaló que su puesto lo ha ganado bajo concurso de oposición y merecimiento.

El 16 de junio de 2006, Adela Jarrín se encargó de la gestión de difusión del Parque Arqueológico Científico Cochasquí. Luego, el 27 de octubre de 2006, fue delegada como asistente de la Dirección de Educación y Cultura, para trabajar con Raúl Pérez Torres, titular de esa unidad.

Actualmente labora en la Asesoría de Prefectura Vivienda Solidaria, creada en febrero de 2008. (GCA)

Vivienda: planes paralelos con finalidades distintas

Desde el  4 de enero de 2009, Adela Jarrín labora en la Asesoría de Prefectura Vivienda Solidaria, creada en 2008. Sus funciones, entre otras, son archivar la documentación, elaborar cuadros estadísticos y atender a los beneficiarios.

Aun así, en el Consejo Provincial de Pichincha (CPP) hay desde hace 10 años un programa habitacional denominado Compañía de Vivienda Provincial (Coviprov S.A.).

Alfonso López, gerente general, señaló que el programa benefició a 6 000 personas; solo en el último año, 300 han resultado favorecidas. La institución desarrolló cerca de 10 proyectos anuales, como el Programa Santo Domingo, que levantó 1 300 viviendas, y se han ejecutado otros trabajos en los que construyeron hasta 300 casas.

Jarrín indicó que Vivienda Solidaria tiene una función social, y fue creado por la Prefectura para apoyar a los beneficiarios del Bono de la Vivienda y coordinar convenios entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), mientras que la otra es una empresa del CPP, no un proyecto de beneficencia. "Coviprov coordina acciones con Vivienda Solidaria en caso de que se necesite dar apoyo a los beneficiarios", añadió Jarrín. (GCA)

"Trabajar juntos es solo una coincidencia..."

No es la primera ocasión que Luis Jarrín Ampudia y su hija Adela trabajan juntos en un organismo público.

En 1997, Jarrín Ampudia integró la vocalía en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En ese entonces, el presidente del organismo era Patricio Vivanco, del partido Democracia Popular (DP). Eduardo Villaquirán, del Partido Social Cristiano (PSC) era el vicepresidente.

En esa época, Adela trabajaba en el Departamento de Comunicación Social del TSE, donde cumplía diversas tareas como planificar y ejecutar campañas de comunicación institucional y crear estrategias para relaciones públicas e investigación para el organismo.

Antes del posicionamiento oficial de los vocales, Jarrín y su hija dialogaron y coincidieron en que sería conveniente que Adela renunciase al cargo que desempeñaba puesto "se prestaría a mala interpretación", según afirmaron.

Ahora que coinciden, de nuevo, en el Consejo Provincial de Pichincha, reconocieron que el parentesco familiar pudo crear malos entendidos, pero dijeron que es una coincidencia y que "sus méritos" demuestran que no hay nepotismo. (GCA)

Prefecto encarga a colaborador la misión de reactivar obra estancada

Proyecto de riego tabacundo

Los trabajos están suspendidos hace siete años. Han pasado 20 años desde su inicio y solo tiene 50% de avance

Una de las funciones que el prefecto Gustavo Baroja asignó al asesor Luis Emilio Jarrín Ampudia fue retomar la construcción del Canal de Riego de Cayambe-Tabacundo, el cual se ha detenido siete años.

En los estudios no se habían incluido rubros de la ingeniería del proyecto, ni se tomó en cuenta el tema ambiental. Se calculó que todo el proyecto costaría $76 millones, pero con ese valor, el trabajo quedó incompleto, lo que obligó a establecer contratos complementarios. Baroja estimó que la obra -con más de 20 años de vida-, tiene un avance del 50%. Indicó que el canal completo todavía se demoraría tres años más. El proyecto debía haber terminado en 2008.

Esta situación se origina por varias causas, explicó el asesor. Primero, la falta de financiamiento, debido a que los documentos con los que se realizó el contrato en la administración de la prefectura de Rafael Reyes, eran deficientes. A pesar de ello -dijo Ampudia- Reyes convocó a una licitación "como si esos estudios fueran definitivos".

Por ello, Jarrín Ampudia dispuso la revisión del estudio a través de varias consultorías para comprobar la existencia real de volúmenes de agua para el proyecto.

Luego, el presidente Rafael Correa, ordenó unificar el proyecto de riego Cayambe-Tabacundo, con el de agua potable Pesillo-Imbabura. Dichos estudios se ejecutaron con el Ministerio de la Vivienda, la empresa de Agua Potable y el Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Riego (INAR).

Además, señaló el asesor, se encargó de verificar si había líquido vital para el proyecto de agua potable, con un ahorro de más de $40 millones para el Estado.

Asignación de recursos. El funcionario indicó que después de haber cumplido con los requisitos, Correa comprometió el financiamiento para la construcción total del proyecto, que sería de $80 millones y se ejecutarían en 36 meses, los cuales corren a partir de agosto de este año.

Pendientes

A decir del asesor, todavía se necesita ultimar detalles de tipo jurídico con la empresa constructora Andrade Gutiérrez, pero aseguró que el proyecto está "en óptimas condiciones". "Mi aseveración está certificada por una inspección judicial ordenada por el Consejo Provincial de Pichincha, a petición del consejero Antonio Ricaurte, hace pocos meses atrás", agregó.

Baroja recordó que, hasta ahora, se ha concluido el canal de riego y circula agua; con ello, se puede "garantizar que los canales principales dan riego a unas 4 mil hectáreas", señaló. (GCA)

Una obra que espera más de dos décadas

La construcción del canal de riego Tabacundo se inició hace más de 20 años. Los estudios se realizaron en 1970, se los actualizó en 1980 y, en base a este documento, se contrató la obra en 1998, durante la administración del prefecto Rafael Reyes. Desde 1999 se invirtieron $76 millones y se construyeron 64 km de la infraestructura del canal, pero nunca se garantizó la llegada del agua desde la laguna de San Marcos y del río Azuela.

En 2001, los trabajos fueron paralizados por falta de financiamiento y porque el diseño del proyecto no era definitivo. La empresa Andrade Gutiérrez estaba a cargo de la obra.

Reajuste a mitad del camino... con crédito

En 2002 se realizaron varios correctivos, a cargo de la gestión del prefecto Ramiro González. En marzo de 2006, se reanudaron los trabajos luego de que la Corporación Andina de Fomento (CAF) aprobó un crédito para la continuación del proyecto. Se planificó un primer desembolso de $12 millones y otro de $46 millones.

La culminación del proyecto, que regará 13 mil hectáreas de terreno desde la parroquia Olmedo de Cayambe hasta el cantón Pedro Moncayo, cuesta $92 millones. El Consejo Provincial de Pichincha buscaba financiamiento para los $34 millones restantes.

Los trabajos debían haber acabado en 2008

En julio de 2007, el prefecto Gustavo Baroja había informado que el proyecto se encontraba ultimando detalles legales. "La obra principal (túnel, represa y captación de aguas) costaría alrededor de $45 millones y, si se resuelven los problemas, estaría finalizada para el segundo semestre de 2008", dijo.

Mientras tanto, la Corporación de Floricultores Tabacundo (CFT) había alertado que algunas florícolas como Florana y Kilikos atravesaban una severa sequía, porque los reservorios no contaban con agua de la acequia Tabacundo.

Sin embargo, los representantes de varios empresas florícolas manifestaron su inconformidad ya que cada mes les llegaban las planillas de consumo de agua por riego, cuyos valores oscilaban los $8, por cada día que, en teoría, llegaba el caudal. (GCA)

Figura de "Esperanza" es repetitiva en Consejo Reclamos y obras sin fin en el Consejo Provincial de Pichincha

Nexos de Nubia Calderón

Dirigente cree que pudo llegar invitación a Congreso, pues el organismo es abierto a esas actividades

Es posible que Nubia Calderón, alias "Esperanza" o "la Embajadora de las FARC en el Ecuador", haya invitado a la Asociación de Trabajadores del Consejo Provincial de Pichincha, puesto que este organismo "está abierto a propuestas del sector público y privado".

Así respondió Carlos Velasco Camacho, ex presidente del gremio, cuando se le preguntó sobre el auspicio del Consejo de la Provincia de Pichincha (CPP) al Congreso Continental Bolivariano, realizado en febrero de 2008, al que asistió una comitiva de 17 mexicanos, entre ellos, Lucía Morett y los cuatro estudiantes que se encontraban en el bombardeo a Angostura, en el que murió el segundo de las FARC, Raúl Reyes.

Informes filtrados por Colombia señalan que en los archivos de Raúl Reyes constaban actividades realizadas por la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB), y que la misma fue constituida por las FARC para contar con una base de apoyo sólida para su causa en América Latina.

No hay vinculación. Velasco dijo que "no tiene nada que ver con grupos guerrilleros o algún grupo irregular de las FARC". Además, aseguró que no ha hablado con Calderón, ni entiende que se lo vincule con ella. "Solo la conozco por la prensa... No sé por qué tomaron mi nombre y me pusieron en la red de contactos", acotó.

El 16 de marzo de 2009, BLANCO Y NEGRO -en su artículo "Esperanza fue el nexo de las FARC en el Congreso"-, reveló que Inteligencia elaboró un cuadro con los nexos de Calderón. Allí, constaban los nombres del consejero Manuel Castillo y del ex presidente de la Asociación.

Reacciones

El prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, por su parte, reconoció el auspicio del Consejo Provincial al Congreso Bolivariano. Baroja recordó que lo que se hizo fue otorgar una tarima y equipamiento para amplificación e iluminación. "Tanto el Municipio como nosotros brindamos apoyo, como en cualquier evento cultural", dijo. (GCA)

Detalles

Según Inteligencia, la coordinadora aglutina a grupos comprometidos con la lucha armada y entrena cuadros (política y militarmente).

Los archivos de las computadoras de Reyes corroborarían esas aseveraciones.

Uno de los manifiestos que defiende la Coordinadora es mantener "la insurgencia de las clases y la desobediencia civil".

Lazos "entrañables" entre los líderes de la CCB y FARC

El coordinador de la Presidencia Colectiva de la CCB es el dominicano Narciso Isa Conde, quien se definió como "amigo" de Reyes y lo definió como "un hermano".

De hecho, cuando se hizo pública la muerte de Reyes, Isa Conde publicó en su portal (www.conbolivar.org): "Esta lección no nos atemoriza. Vamos de nuevo a la carga, con Raúl y los suyos presentes en nuestros corazones y mentes... Vamos desde la CCB, en proceso de transformación en un gran Movimiento Continental Bolivariano, a impulsar nuevas revoluciones". (GCA)

Toachi-Pilatón: el "borra y va de nuevo" aún con pendientes

Luego de presentar su renuncia como ministro de Electricidad, Alecksey Mosquera indicó que, en su labor, hubo resultados positivos en los proyectos hidroeléctricos, puesto que hubo inversiones por más de $3 000 millones. Sin embargo, hay expertos que creen que la gestión resultó insuficiente.

José Pileggi, ex presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, indicó a Diario HOY que "las hidroeléctricas, como los proyectos Baba y Toachi-Pilatón, tienen años de retraso", a pesar de que su funcionamiento "es necesario para el cambio de la matriz energética".

"Hasta el momento, aún no se contrata a las empresas que reemplazarán a Odebrecht, compañía que fue expulsada del país", señaló Édgar Castro, gerente de Construcción del proyecto Toachi-Pilatón en una entrevista a diario La Hora. Odebrecht estaba a cargo de construir estas dos obras.

Avances

El prefecto Gustavo Baroja indicó que los estudios definitivos de ingeniería se terminarían en octubre próximo y que entrarían a un proceso de licitación para el financiamiento de la hidroeléctrica, cuya concepción data de 1963.

Indicó que, por lo pronto, los trabajos para las vías de acceso están adelantados en más de un 80%. Explicó que, por parte del Estado, hay un aporte de $130 millones con el que se ha estado operando y construyendo las vías de acceso. Además se está buscando mayor financiamiento con el objetivo de terminar los trabajos.

El prefecto reconoció que en esas labores hubo un retraso de aproximadamente un mes y medio, pero que, a pesar de varios inconvenientes, "se está cumpliendo con el cronograma". (GCA)

El Patronato Provincial tiene un litigio con el personal médico

La Asociación de Trabajadores del Patronato Provincial, adscrito al Consejo Provincial de Pichincha (CPP), exige a las autoridades incrementos en sus salarios. Esta puja inició en 1999.

Jorge Novillo Santillán, ex empleado del patronato, quien también integró el gremio, explicó que los médicos recibían los mismos salarios del Ministerio de Salud Pública (MSP), pero que luego se determinó un sueldo promedio de $309,64, lo que generó el descontento de los empleados.

Parvati de la Guerra, odontóloga y secretaria de la asociación, contó que, desde hace cinco años, gana $360. "Hay otros empleados que reciben la misma mensualidad por ocho horas de trabajo", dijo.

Según los médicos, la remuneración contraría el artículo 9 de la Ley de Escalafón Médico, el cual señala que "los médicos escalafonados no podrán ganar un sueldo inferior y recibirán salarios por categorías".

Exigencias

El Comité Especial de Trabajadores efectuó un pliego de peticiones (N.º 7663), entre las cuales se contempla el respeto de las leyes federativas y de los empleados; estabilidad del personal por tres años; incremento de los salarios en un 50%, afiliación al Seguro Social. Por último, indemnizar, de conformidad con el art. 171 del Código de Trabajo, a los empleados de Santo Domingo y de la Concordia si pertenecieran a otra provincia.

Margarita Rojas Vega, presidenta del patronato, explicó que, el 14 de mayo de 2008, a través de una sentencia de mayoría del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Ministerio de Trabajo, se determinó que las remuneraciones de los reclamantes "se sujetan a las disposiciones generales que establece la fijación de la remuneración básica mínima, aplicada para trabajadores en general...".

En cuanto a la estabilidad del personal, las indemnizaciones por despido podrán ser negociadas entre el patronato y los empleadores. Además, el aumento del sueldo se concretó en 13%.

La funcionaria también reconoció que ha afiliado a los empleados y que las mensualidades están al día.

Por último, el tribunal no resolvió la incorporación de los empleados a otra institución, puesto que no están vinculados a ese procedimiento. (GCA)

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