Quitando caretas

Por José López Hurtado*

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Al jurista australiano Philip Alston, relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, no le gustan la retórica ni los eufemismos. En Brasil afirmó que las ejecuciones sumarias son comunes y silvestres y denunció, por ejemplo, que de los 694 casos reportados solo el 10% son llevados a juicio, particularmente en Río y Sao Paulo. "El pueblo brasileño no luchó contra una dictadura militar y adoptó una Constitución dedicada al respeto a los derechos humanos para permitir que policías maten impunemente en nombre de la seguridad", dijo entonces. Severo crítico de los desmanes de Guantánamo formuló serios cuestionamientos al sistema de injusticia imperante -al menos hasta antes de Obama- que negaba a los prisioneros el acceso a las mínimas garantías procesales, y, en su visita a los EEUU, destacó la desidia y negligencia de las autoridades de Texas para actuar frente a la ola de impunidad desatada a raíz de las sentencias de muerte ordenadas contra extranjeros, principalmente mejicanos, sin que se diera ningún aviso a las autoridades consulares de sus países, poniendo en grave riesgo, según sus palabras, que otras naciones se rehusaran a respetar la Convención de Viena, marco rector de las relaciones consulares. Cuando, en 2007 en Filipinas, las fuerzas de seguridad del Estado fueron acusadas de asesinar a mas de 900 activistas de izquierda y estas se lavaran las manos diciendo que los ajusticiamientos sumarios obedecían a una purga interna del propio brazo armado ilegal del Partido Comunista, Alston sentenció: "Es un cínico intento de traspasar la responsabilidad". De Guatemala, en donde son asesinadas 5 000 personas al año, más de las que hubo en la guerra civil que azotó a esa nación entre 1960 y 1996, dijo: "Es un buen país para cometer asesinatos", al amparo del Estado, prácticamente cooptado en todas sus instancias por las redes internacionales del narcotráfico. En Kenia pidió el retiro del jefe de Policía y del fiscal general, señalados de ser los responsables de las ejecuciones extrajudiciales
de más de 1 000 personas sospechosas de pertenecer a bandas criminales o ser manifestantes políticos y presuntos rebeldes. De visita por estos días en Colombia, el relator especial se encontrará en el sombrío escenario de 1 056 investigaciones en curso en la Fiscalía General por asesinatos indiscriminados, a las cuales se encuentran vinculados 1 150 uniformados, entre militares y policías, de los que 83 han sido condenados y 795 están actualmente detenidos por estos hechos. Sombríos documentos y testimonios que hablan de pagos por información y recompensas por muertes en combate de guerrilleros, que degeneraron en los impropiamente llamados "falsos positivos", es lo que encontrará el funcionario internacional. Conspiraciones siniestras sin fin que esperan ser develadas hasta dar con sus directos responsables, al más alto nivel. Aunque las "recomendaciones" no tienen un carácter vinculante o decisorio, sí entrañan una significativa importancia en la misma medida en que trascienden al ámbito internacional, como nunca lo quisieran sus oscuros protagonistas.

*Analista internacional, Colombia

Hora GMT: 14/Junio/2009 - 05:12