Las denuncias de irregularidades en el proceso de selección de los 14 miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) o Quinto Poder, motivó a seis ciudadanos a presentar una demanda de inconstitucionalidad de la Ley que regula el concurso.
Simón Espinosa, Alejandro Ponce Martínez, Juan Páez, Raúl Jaramillo, Juan Hernández y Sara Serrano, pidieron el viernes pasado que la Corte Constitucional (CC) declare la inconstitucionalidad de los artículos 29, 31 y 33 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en los que se basó el Consejo Nacional Electoral (CNE) para elaborar el Reglamento del concurso.
Según Gustavo Medina, abogado que impulsa la demanda, aunque la Ley y el Reglamento establecen que los procedimientos a cargo del CNE no son susceptibles de impugnación, mientras la Constitución señala que todo acto administrativo es susceptible de impugnación, tanto administrativa como judicial.
"Tal es así que la Constitución crea el Consejo Contencioso Electoral, para decidir estos asuntos en derecho, por lo que se evidencia una contradicción entre la Ley y el Reglamento respecto de la Constitución", manifiesta.
De su lado, Patricio Pazmiño, presidente de la CC, explicó que el caso aún no ha sido admitido a trámite pero, de ser así, advirtió que el Pleno podría pronunciarse en al menos 45 días.
Si la causa es admitida, será sorteada a una sala de la Corte y, un juez, encargado de sustanciar el proceso, debe solicitar la publicación de la demanda en el registro oficial por 15 días, para que la ciudadanía en general se pronuncie sobre la demanda. Luego, el juez ponente podrá convocar a una audiencia pública, en la que demandantes y demandados argumenten sus criterios.
Sin embargo, Pazmiño aclaró que la demanda de inconstitucionalidad no puede anular el concurso, es decir que no hay fundamento legal para impedir que la Asamblea posesione a los nuevos miembros del CPC.
"La demanda plantea la inconstitucionalidad de la norma y no del proceso o de actos cometidos por la institución, así que el pronunciamiento de la Corte será sobre la norma y no sobre el concurso", puntualizó.
Al respecto, Medina señala que la demanda deberá tramitarse sabiendo que la Ley y el Reglamento son la base para la conformación del CPC. "Lo importante es saber éstos se contraponen a la Constitución, caso contrario el concurso tendría como fundamento una norma inconstitucional", dijo.
CNE entrega a la asamblea lista de miembros del CPC. El secretario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Eduardo Armendariz, presentó ayer la lista definitiva de los 14 miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) para su posesión.
Los consejeros principales son Juana Miranda, David Rosero, Patricia Ordeñana, Luis Pachala, Mónica Banegas, Fernando Cedeño y Andrea Rivera. En tanto que Hugo Arias, Lorena Herrera, Franklin Canelos, Lucy Estupiñan, Carlos Vera Quintana, Linda Vidal y Franklin Moreno Quezada, son consejeros suplentes.
Antes de posesionarse, ellos deben realizar su declaración patrimonial. (GM)
"Un veto no puede modificar la Ley"
Aunque la intención de los bloques de oposición en la Asamblea es que se insista en el texto original del proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana, que no contempla la incorporación de los medios de comunicación en la rendición de cuentas, esa iniciativa se presenta complicada, dado que se requieren 84 votos para aquello.
Para analizar el veto parcial del Ejecutivo, emitido este 8 de marzo, que introduce esa obligación en la Ley, los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana planifica reunirse hoy.
En el veto se establece que, una vez al año, los medios de comunicación rindan cuentas a los ciudadanos, y que sea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social o Quinto Poder, el que coordine los mecanismos, instrumentos y procedimientos de esa rendición de cuentas.
Vicente Taiano (Prian) y Alfredo Ortíz (ADE), recordaron que en la Ley de la Función Legislativa, claramente se establece, que un veto parcial o total no puede modificar el espíritu de la Ley. "Cuando en la Asamblea aprobamos esta Ley, en ningún momento nos pronunciamos que en la información que deben entregar las entidades del sector público a la ciudadanía, debe incluirse a los medios de comunicación", dijo Ortíz, quien ratificó la posición del boque de insistir en el proyecto original.
Sin embargo, Ortíz, comentó que si el interés del Gobierno y de los asambleístas de AP, es incorporar esta disposición, el tema debería ser incluido en el debate del proyecto de Ley de Comunicación.
"Esta es la instancia competente; esto no tiene nada que ver con la Ley de Participación Ciudadana", agregó
Rafael Dávila (Independiente), agregó que una forma "inconstitucional" de legislar, es incluir textos nuevos en un proyecto a través de un veto, cuando explícitamente la ley no lo permite. La Asamblea tiene plazo hasta el ocho de abril para pronunciarse sobre el veto del Ejecutivo.
Para Vicente Taiano, lo más probable es que el bloque oficialista Alianza País (AP) que solo cuenta con 58 votos, inicie las negociaciones políticas para conseguir los cinco votos adicionales que requiere para allanarse.
Para acoger el veto, el Legislativo necesita 63 votos, pero el oficialismo cuenta solo con 58 legisladores propios. (SC)
Preocupa publicidad en medios públicos
La posibilidad de que los medios públicos se financien en un porcentaje con la venta de publicidad generó preocupación entre los medios privados. Ayer, el presidente de la Asociación de Canales de Televisión (Actve), Marcel Rivas, se reunió con la Comisión de Comunicación para presentar cinco observaciones al proyecto de Ley.
A su juicio, los medios públicos deben ser financiados por el Estado, pues "que accedan a la publicidad privada constituye una competencia desleal y nos pone (a los medios privados) en una total desventaja", advirtió.
Ello debido a que la semana pasada, la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, propuso que un 40% del presupuesto de los medios públicos provenga de la venta de publicidad, para que esos recursos se destinen al financiamiento de la producción nacional.
Asimismo Rivas sugirió que los medios comunitarios también sean financiados por el Estado, pues si accedieran a publicidad privada estarían en riesgo los medios regionales, expresó.
Por otra parte, el representante de los medios privados también se refirió al derecho a la réplica, señalando que éste debe realizarse en el mismo espacio, tamaño y horario en el que se publico o difundió la noticia que habría cometido alguna imprecisión.
Además, advirtió que la réplica debe ser solicitada en un plazo no mayor a 48 horas después de la publicación con el propósito de que este derecho no sea utilizado con fines diferentes a los establecidos en la Ley.
Por otra parte, Rivas defendió la libertad de expresión, basado en el artículo 84 de la Constitución. Además, rechazó cualquier medida de censura previa, como establecer sanciones a través de instancias creadas en la Ley para ese efecto.
El tema generó el debate entre los miembros de la Comisión, pues César Montúfar y Fausto Cobo coinciden con que el financiamiento privado se contrapone con el propósito para el que fueron creados los medios públicos. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición la discusión continuaba. (GM)
Audio:
-Fausto Camacho habla sobre la designación de miembros del Quinto Poder
Hora GMT: 16/Marzo/2010 - 05:11
16/Marzo/2010 a las 08:12
Impugnación: sueños de perros. ¿Por qué, quienes objetaron a algunos participantes, NO presentaron las respectivas pruebas en su debido momento? Es imposible e intolerable seguir viviendo de chismes. Los "independientes" no entienden.
16/Marzo/2010 a las 12:05
EL MAMOTRETO QUE TENEMOS DE CONSTITUCIÓN, APROBADA ENTRE GALLOS Y MADRUGADAS, NOS TIENE PEOR QUE ANTES. NO OLVIDEMOS QUE FUE APROBADA CON LA MAYORÍA DE AP, BAJO LA AUTORIDAD DEL CORCHO. ES UN GALIMATÍAS, SE CONTRADICE POR TODO LADO. LO DEL QUINTO PODER OTRA PAYASADA MÁS. ME SUMO A LA IMPUGANACIÓN (UN SALUDO A LA BANDERA MAS) PORQUE NO VA A PASAR NADA.