Pugna entre Municipio y AP por el cierre de cuatro centrales políticas

Juan Carlos Casinelli planteó una demanda ante el juez temporal Rodolfo Franco

Cuatro centrales del Movimien to País en Guayaquil fueron cerradas la semana anterior, por disposición del Departamento de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil, por violar ordenanzas municipales.

Las centrales electorales están ubicadas en las calles Portete y García Moreno, Machala y Huancavilca, Av. Quito y Hurtado; y Carchi y Padre Solano.

Según la disposición municipal, a los partidos y movimientos les está prohibido instalar centrales, así como colocar propaganda pegable en los postes de energía eléctrica o teléfonos, y pintar postes o paredes de casas o iglesias entre las calles Julián Coronel, por el norte. Portete, por el sur; Malecón, por el este; y, Tungurahua, por el oeste. Solo se permite el funcionamiento de la central principal.

La decisión municipal provocó la reacción del candidato a la Asamblea Nacional, Juan Carlos Casinelli, quien planteó una demanda en contra de esa medida ante el juez temporal Rodolfo Franco Castillo, de la Unidad Judicial 1 de Contravenciones, de la Corte de Justicia de Guayaquil. Este ordenó la reapertura de las 4 centrales políticas de ese movimiento, medida que hasta ayer no se cumplía ni era comunicada al director del Departamento de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez.

Este último advirtió que una vez que termine la campaña electoral, multará hasta con $1000 a los propietarios de las viviendas que permitieron el funcionamiento de estas centrales políticas, por así disponerlo las ordenanzas. "Si ellos se niegan -dijo-, ese valor se adherirá a los impuestos que deban pagar cada año".

A la fecha, Narváez ha abierto 15 expedientes administrativos a propietarios de inmuebles en Guayaquil para determinar si sus dueños cometieron una contravención al permitir que allí funcionen centrales políticas.

Hasta ayer, 15 centrales, de los partidos y movimientos AP (en 6 casos), PRE (2), PSP (3), MPD (2), CREO (1) y Prian (1) seguían con los sellos de clausura. A ellos se les multó con $5000 cada uno, dijo Narváez.

Narváez manifestó que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización (Cootad) le da potestad para que los municipios de todo el país, mediante ordenanzas, administren los espacios y regularicen el funcionamiento de las viviendas de la ciudad y también de la publicidad. (AM)