Ni el presidente de la República ni los alcaldes y los prefectos se hallan autorizados por la ley para hacer campaña electoral, ni para utilizar en ella los bienes y recursos públicos.
De otro lado, ya en la anterior campaña, la Misión de Observadores de la OEA solicitó al Tribual Supremo Electoral (TSE) que se vedara la publicidad del Gobierno central y de los gobiernos locales en el tiempo señalado por la ley para que se desarrolle la campaña.
Para prohibir esto último no encontró fundamento legal el TSE, aunque sí lo halló el Tribunal Electoral de Pichincha. De todas formas, un elemental principio de ética pública exige abstenerse de esa publicidad. La Constitución y leyes vigentes, y la ética prohíben la publicidad gubernamental y la participación de los gobiernos en campañas electorales.
Más aun, inclusive las normas del proyecto de nueva Constitución reiteran de forma explícita esa prohibición: el art. 115 establece que "se prohíbe el uso de recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles de Gobierno, para la campaña electoral".
Resulta no solo reprochable que se incumplan las normas vigentes, sino es una evidencia de doble estándar ético y de hipocresía que el Gobierno se convierta en protagonista de la campaña electoral, promueva la participación en ella de gobiernos seccionales y continúe con la profusa publicidad oficial. Estos hechos atentan contra una equitativa participación democrática electoral.
Hora GMT: 26/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
