Publicar lo que quiero

César Ricaurte

cricaurte@hoy.com.ec

"Que los medios privados deciden qué publicar o no", es la última acusación del presidente Correa para justificar su propuesta de que la información se convierta en función del Estado. Puestas así las cosas, pasa como con todos los argumentos de los autodenominados "revolucionarios" de este proceso "ciudadano": En un principio parece una verdad del tamaño de una catedral, que en un segundo vistazo se hace humo.

Los medios privados deciden qué publicar o no. Eso se llama libertad editorial y no es ningún delito. Es el ejercicio mismo de la libertad. Cuando se ejerce la libertad de expresión, usted tiene la potestad de expresar lo que su conciencia le dicte o lo que sabe sobre algún tema o lo que piensa sobre X tema, por ejemplo, las acciones de un Gobierno. Cuando alguien pone un medio de comunicación es muy similar, con una diferencia: la cantidad de personas a las que llega su mensaje. Cuando más profesional sea un medio, mejores filtros aplicará para que la información sea confiable y las opiniones, sustentadas y pertinentes. En el momento en que no son las personas, particulares, periodistas, consejos editoriales, dueños de medios, lo que deciden qué publicar o no y es el Estado el que se otorga ese derecho, ya no hablamos de ninguna democracia.

Lo que plantea el presidente Correa contiene una verdad de principio, pero concluye en una gran falacia, pues plantea las cosas como si existiera un único medio o como si el colectivo "medios" fuera uno solo. La realidad es distinta: hay medios rojos, verdes, blancos, amarillos, azules, etc. Un Estado debe garantizar que haya cada vez más espacio para el pluralismo y la diversidad, no ponerse a decidir lo que deben publicar o no.

¿A dónde nos conduce la idea presidencial? Si se crea una función del Estado que decida lo que es de interés público y en último término, determine lo qué publicarán o no los medios será, también, la que decida el legítimo lucro o no de los medios privados. O por último si es conveniente para el Estado que existan o no. Un escenario así, solo tiene un nombre: totalitarismo.

La propuesta que, según El Comercio, ha causado alarma en círculos académicos (en su mayoría silenciosamente cómplices con lo que ha venido sucediendo), periodísticos y jurídicos no es más que expresar verbalmente lo doctrina que se ha venido imponiendo en el Ecuador: El Estado como el titular de los derechos humanos y por lo tanto el ente que otorga o no esos derechos según lo decidan los gobernantes. Esta doctrina está presente en diversas demandas contra medios y periodistas. La más reciente contra diario La Hora para que proceda a disculparse y a rectificar una información sobre el gasto en propaganda oficial que el Gobierno considera errónea. La doctrina ha encontrado camino abonado en jueces sumisos, tanto en el fuero común como en la Corte Constitucional. Si el Estado es el que otorga derechos y estos no son connaturales a la persona, por el solo hecho de existir, como señala la doctrina de DD.HH. desde 1948, es lógico, desde esa óptica, que sea una función del Estado la que decida quién puede ejercer el derecho a la libre expresión y quién no.

 

Autor: César Ricaurte - Ciudad Quito