El procurador de Ecuador, Diego García, viajará la próxima semana a la capital francesa para defender al Estado de una demanda presentada en 2008 ante una corte arbitral internacional por la petrolera estadounidense Burlington.
Una fuente de la Procuraduría indicó que García estará presente en la audiencia convocada por un tribunal en París del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en la que se discutirá "el asunto de fondo" de la demanda de la petrolera.
Dicha audiencia se celebrará entre el 8 y 12 de marzo próximos, precisó la fuente.
En abril de 2008 Burlington presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano por la aplicación de la denominada "Ley-042", aplicada en 2006, que reasignaba al Estado la mitad de los ingresos extraordinarios obtenidos por las petroleras privadas, debido al alto precio del crudo ecuatoriano en los mercados internacionales.
Además, Burlington demandó al Estado por, supuestamente, expropiarle sus inversiones en los bloques 7 y 21, que operaba en una zona de la Amazonía.
El tribunal del CIADI, en junio del año pasado, se declaró incompetente para llevar adelante la demanda de Burlington sobre la Ley-042, pero acogió la parte de la supuesta "expropiación" de inversiones.
En la audiencia de la próxima semana, agregó la fuente, se tratarán asuntos "de fondo" de la demanda presentada por Burlington, como son la legitimidad de las medidas adoptadas por Ecuador y la figura de la "caducidad de contrato" establecida en la legislación nacional y en los contratos con las petroleras.
Ecuador sostiene que el consorcio formado por Burlington y la francesa Perenco, para operar los bloques 7 y 21, incumplió sus obligaciones de pago bajo la aplicación de la Ley-042, que establecÍa un reparto a partes iguales por los ingresos extraordinarios obtenidos por los altos precios del crudo.
Al no aceptar esa medida, el consorcio abandonó, de manera ilegal, según la Procuraduría, los bloques a su cargo, lo que fue asumido por la autoridad ecuatoriana como una violación al contrato y por lo que inició un proceso de caducidad del convenio, el mismo que culminó en julio del año pasado.
Por ello, el procurador GarcÍa, en la audiencia en París, pretende demostrar que "no existió expropiación alguna" y la legitimidad de la aplicación de la Ley-042, que ha sido reconocida por varias compañÍas petroleras que operan en el país, las cuales a finales del año pasado renegociaron sus contratos según la nueva normativa. (EFE)
