Sorprende que el presidente de la República y el buró político de Acuerdo País se hayan rasgados las vestiduras ante la eventualidad de una postergación del plazo de ocho meses que señala el estatuto para que la Asamblea elabore la Constitución que deberá ser aprobada en referendo por la ciudadanía.
Esa eventualidad se presentó como la clave de la discrepancia con Alberto Acosta, que prefería asegurar la calidad y participación democrática en el debate del texto constitucional al calendario que resultaba estrecho por haber la asumido la Asamblea otras funciones.
Sorprende, ahora, la repentina preocupación por el mandato ciudadano expresado en el estatuto cuando, al inicio de la Asamblea, en lo principal, no se lo respetó.
En efecto, el estatuto establece, en su primer artículo, que la Asamblea tiene "plenos poderes para transformar el marco institucional del Estado, y para elaborar una nueva Constitución", y que "la transformación del marco institucional del Estado y la nueva Constitución solo entrarán en vigencia con la aprobación en referéndum, de la nueva Constitución". Sin embargo, más allá de esto, la Asamblea asumió esos plenos poderes para aprobar mandatos y legislar, destituir unos funcionarios y nombrar otros, y no esperó al referendo para la vigencia de ciertos cambios institucionales.
Al mismo tiempo sorprende que el buró político se halle sobre la propia Asamblea al conseguir con el retiro del apoyo a Acosta, que este deje la Presidencia de la Constituyente.
Hora GMT: 26/Junio/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
