Por Federico María Sanfelíu
sanfe@hoy.com.ec
La universidad ecuatoriana -70 universidades y 350 institutos, de muy diversas tendencias y acreditación, con 8 000 carreras de pregrado y 2 000 de posgrado- está preocupada estos días: la Asamblea Legislativa del Estado conocerá y aprobará próximamente una nueva Ley Orgánica de Educación Superior acorde con la nueva Constitución.
La inquietud nace de los materiales sobre los que se basarán los legisladores y la falta de discusión del pensar y sentir de las universidades tanto estatales como privadas. Falta ahondar y divulgar un necesario debate nacional; no están maduros los conceptos ni existen los mínimos consensos para que lo que se legisle garantice la justicia y la paz social. No se puede legislar cuando solo se ve un punto de vista.
Léanse los importantes y bien fundados artículos que en las últimas semanas han publicado los doctores Fabián Corral, Carlos Larreátegui, Michel Dourmet, las tomas de posición de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para confirmar lo dicho.
Y es que el nuevo texto legal se alimenta de dos borradores: uno preparado por el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), que es el actual organismo planificador, regulador y coordinador de la educación superior del Ecuador, y otro preparado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Semplades), organismo del Estado.
La preocupación se centra en que estos documentos responden a una mentalidad planificadora y estatista que, por su misma concepción, amenaza y atropella la autonomía de las universidades, especialmente las privadas, que, desde su nacimiento, se han regido y gobiernan por sus propios estatutos, debidamente confrontados con las exigencias de las leyes.
La autonomía es un concepto que nace en las más antiguas universidades. El enunciado moderno más difundido y aceptado salió de la Unión de Universidades de América Latina, Udual, 1954. "La autonomía de la universidad es el derecho de esta corporación a dictar su propio régimen interno y a regular exclusivamente sobre él; es el poder de la universidad de organizarse y de administrarse a sí misma. Dicha autonomía es consustancial a su propia existencia y no a una merced que le sea otorgada -y debe ser asegurada- como una de las garantías constitucionales".
Es el momento de debatir el tema, pues nos jugamos el futuro intelectual del país. Estamos a tiempo de una regulación integradora como recordaba el general de los jesuitas Peter Hans Kolvenbach. "La universidad tiene sus propias finalidades que no pueden ser subordinadas a otros objetivos. Es preciso respetar la autonomía institucional, la libertad académica y salvaguardar los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común".
Hora GMT: 13/Julio/2009 - 05:04
13/Julio/2009 a las 10:29
Me parece un gran acierto con el que el P. Federico Sanfeliú S.J. se refiere a un tema, que como él manifiesta, es urgente un debate en el que se considere y se respete la autonomía universitaria; considero que es una característica necesaria para evitar entre muchos otros vicios gubernamentales, el control y la influencia dentro de la educación superior, con el fin de manipular todas las instancias y mantenerlas alineadas a sus propósitos y caprichos. Es fundamental insistir y hacer escuchar la voz de quienes creemos en un sistema de educación superior de calidad pero sin ataduras politiqueras.
13/Julio/2009 a las 19:06
No me parece un gran acierto criticar tanto una ley que solo hará que la educación superior ecuatoriana sea más competitiva. Las 70 universidades y 350 institutos en el Ecuador no sirven para nada a nivel internacional. En ningún ranking serio o no aparecen las universidades ecuatorianas-- ni en las primeras mil, etc. La Ley respeta la autonomía universitaria, entre comillas porque en cuarenta años no han hecho NADA! Es fundamental insistir y hacer escuchar la voz de quienes creemos en un sistema de educación superior de calidad para que nuestros hijos no se fuguen al extranjero para estudiar sus carreras universitarias. Ni la Católica aparece en los rankings.
13/Julio/2009 a las 19:23
Saludos!
Comparto la opinion que la autonomia no es negociable. No puede ser posible tambien entregar la evaluacion de los docentes a las mismas universidades. En casi todas existen grupos de poder que controlan las diferentes facultades y otorgarles la capacidad de manejar la evaluacion es poner una soga en el cuello de los docentes universitarios.
No podriamos disentir y estriamos sometidos a la dictadura y ontrol absoluto de los grupos de poder que inclusive son hasta corruptos. Permitir que la evaluacion de los docentes sea manejada via estatuto es colocar una mordaza y grilletes a los profesores universitarios.