Por Claudio Mena Villamar
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El Gobierno del presidente Correa ha tomado la iniciativa de iniciar un proyecto de reparto de tierras a campesinos con el objeto de poner en producción tierras incultas en una parte del territorio nacional. No se puede negar la importancia que tiene y que siempre ha tenido el impulso al sector agrícola, pero es evidente que un simple reparto de tierras no es sino una parte de un verdadero proyecto de reforma agraria.
La vocación agraria del país es evidente, pero lamentablemente debe reconocerse que la reforma en el sector agropecuario en el Ecuador ha sido un capítulo repetido en su historia, con derrotas y relativas victorias. En algunos Gobiernos, se han impulsado programas de desarrollo de este sector, pero no ha existido continuidad en el trabajo desde la primera reforma agraria, pasando por la Ley de Desarrollo Agropecuario de 1994.
Se conoce que la Senplades ha elaborado un plan para el desarrollo de este sector y, si fuera un plan bien estructurado, como pensamos que lo sea, habría que llevarlo a la práctica mediante procesos bien coordinados.
El desarrollo agropecuario no se puede ejecutar sino mediante etapas que deben estar bien estructuradas para llegar a las metas que previamente se han previsto. De acuerdo con lo anterior, cualquier tipo de reforma agraria contempla una serie de pasos y de estudios que no pueden omitirse porque, en caso contrario, se llegará a un fracaso anunciado. Es importante el estudio de los suelos, de la vocación que tengan para determinados sembríos, de crear estructuras productivas, de disponer de herramientas y de equipos necesarios, de conocer las clases de semillas que se deben sembrar, así como de los fertilizantes, de las fases de recolección y, por último, de la etapa de comercialización. Es imprescindible también el asesoramiento de ingenieros agrónomos para que todas las etapas de la producción se cumplan debidamente si no se quiere desembocar en la pérdida de las cosechas, cuya consecuencia es que el campesino sufra pérdidas en lugar de una ganancia como fruto de su esfuerzo. No debe olvidarse tampoco la necesidad del crédito que debe recibir el agricultor y el desarrollo de sus aptitudes para las labores que se deben cumplir, etc.
El simple reparto de tierras puede parecer una decisión demagógica si no se ha trazado previamente un plan de producción bien delineado. Como dicen los campesinos, no se debe poner la carreta delante de los bueyes.
En el Gobierno actual, tres ministros han pasado por el Ministerio de Agricultura, y esta situación tampoco favorece la continuidad en los trabajos y proyectos, porque muchas veces los proyectos del ministro anterior no tienen continuidad para dar preferencia a los nuevos del ministro que entra al relevo. Es hora de que olvidemos nuestros atávicos errores, uno de los cuales es la falta de continuidad de planes y proyectos que se han considerado buenos y necesarios.
Hora GMT: 30/Octubre/2009 - 05:10
30/Octubre/2009 a las 07:05
No se debe confundir propiedad de la tierra con capacidad de producción agropecuaria. No todos los terratenientes, como no todos los campesinos, son aptos ni están interesados en llevar a cabo en su propiedad una actividad que garantice el bienestar de su comunidad ni la prosperidad de su familia. Sin embargo, el Estado require que una gran cantidad de la tierra agricola disponible genere producción que sea capaz de sostener a la población y genere ingresos al pais. Por estos motivos, el Estado debe propugnar una política que le infiera a la actividad agropecuaria un mayor interes, para que deje de ser la cenicienta de las actividades económicas. Para empezar debiera hacer una campaña publicitaria que demuestre los sacrificios que implica el producir en el campo, para que la población entienda lo que implica tener los bienes en el mercado. Luego debería propiciar la solución legal de las disputas de la propiedad y sentar una base juridica clara, sin subterfugios, sobre los motivos que puede propiciar la perdida de la misma. Este último hecho debiera ser el recurso extremo, cuasi inexistente, porque si alguien tiene la culpa de no haber incentivado la producción es el propio Estado. Ahora se pretende culpabilizar a los propietarios porque no producen. Pero con que cara si se les ha puesto trabas desde hace décadas.
Antes de proceder a alguna incautación de tierras improductivas, el Estado debiera hacer un esfuerzo serio por promover la producción y garantizar la propiedad. Si no funciona el esfuerzo, entonces actuar en contra de la propiedad.