Los problemas surgidos por fallas en las construcción de la hidroléctrica San Francisco, la firma de los 10 adendos, las pérdidas por lucro cesante y la suscripción del contrato dejaría al Estado ecuatoriano pérdidas que superarían los $350 millones.
Lo anterior generó un supuesto delito contra la administración pública cometida por el consorcio Odebrech-Alstom-Va Trech, que fue investigado por la Fiscalía. Así, el 24 de julio de 2008 se abrió la indagación que llegó a instrucción fiscal, la que luego fue anulada por la Corte Provincial de Tungurahua.
No obstante, el 15 de julio de 2009, el fiscal Carlos Medina inició la instrucción fiscal N.º 153-2009 y formuló cargos contra Emyr Diniz Costa Junior, Afranio Alves de Oliverira Filho, Gustavo Teixeira Belitardo, Luis Alfredo Mancero Gallegos, Rodrigo Alejandro Gómez Ponce, Víctor Hugo Jácome Sánchez, entre los que estaría el papá de uno de los asesores del presidente Rafael Correa.
Se aseguró en fuentes de la Fiscalía que esa última vinculación habría causado "presiones" en los funcionarios.
Días más tarde, 17 de diciembre de 2009, el fiscal Medina pidió que se investigue a Jorge Glas Espinel, Gustavo Noboa, Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio, José María Borja, Carlos Pólit, Pablo Terán, Diego García y Javier Garaicoa, quienes gozan de fuero. Justamente, por ese fuero, el caso pasó a la Fiscalía General, a manos de Washington Pesántez, quien no llamó a declarar a ninguno de los antes citados y devolvió el expediente a Tungurahua.
Tanto el fiscal de primera instancia, como el distrital, renunciaron a finales del año anterior. El último pedido de Medina, antes de irse de su cargo, fue iniciar una indagación contra los altos funcionarios de Hidropastaza por su falta de colaboración en la investigación, pese a ser los denunciantes.
El proceso continúa con nuevos fiscales, quienes hace pocos días ordenaron una nueva vinculación de personas que no gozan de fuero de corte.
La decisión de Pesántez, según cercanos al proceso, impediría determinar, por ejemplo, responsabilidades en la firma de los adendos. (MP)
Aeropuerto: ¿se acusará a Barrera?
El caso del Aeropuerto de Quito, que hace unos días pasó a manos de Washington Pesántez, desató un debate público. Esto debido a que el fiscal distrital Marco Freire acusó de presunto peculado al ex alcalde de Quito Paco Moncayo, al vicealcalde Andrés Vallejo y al procurador síndico Carlos Jaramillo, y no a los concejales que participaron en las sesiones donde se aprobó la garantía para la construcción de la obra.
Según fuentes cercanas a la Fiscalía y expertos en temas judiciales, el peculado es un delito que debe consumarse, antes de que eso suceda no se configura la infracción, por tanto no puede iniciar acción legal alguna. En el caso del aeropuerto, solo se firmó una garantía, la que no ha sido cobrada, por lo que no existe monto o perjuicio económico al Estado cuantificable.
Fuentes de la Asamblea Nacional y personajes cercanos a varios partidos señalaron que de no haber sucedido la muerte de Nathalia Emme, hecho en el que resultó involucrada la esposa del fiscal Washington Pesántez, Aliz Borja, el tema aeropuerto iba a servir para el enjuiciamiento político al fiscal general.
Pesántez, en una de sus declaraciones, afirmó que no podía decidir sobre los que fueron acusados por Freire, en su dictamen mixto, sino que debía pronunciarse en torno a quienes no fueron acusados. Uno de ellos es el actual alcalde de Quito, Augusto Barrera, quien cuando Moncayo fue alcalde se desempeñó como concejal y supo de los detalles del contrato que firmó la Municipalidad con la empresa canadiense encargada de la construcción del nuevo aeropuerto.
Pesántez respaldó la decisión de Freire y dijo que hay un informe de Contraloría que determinó indicios de responsabilidad penal "especialmente sobre Moncayo".
Fernando Villavicencio, quien ha presentado varias denuncias a la Fiscalía, sobre todo en materia petrolera, y fuentes cercanas a la Fiscalía General indicaron que existen intereses ocultos detrás de los intentos de juicio contra Pesántez. Esto se evidenciaría en las listas, al menos tres, de preguntas que se han elaborado hasta la semana pasada, ninguna de ellas tocaba los temas de fondo, como son los procesos petroleros, aeropuerto y otros en los que estarían involucrados altos funcionarios del Gobierno.
Dado que detrás del intento de juicio a Pesántez hay un trasfondo político, pronóstico que entre la Fiscalía y la Asamblea Nacional habrá en un "empate técnico". (MP)
Palo Azul imputaría a ex altos funcionarios
Palo Azul es otro tema que esta semana, si se da la audiencia de formulación de cargos, generará polémica por las personalidades que serían imputadas.
El 26 de noviembre de 2009, el fiscal subrogante Alfredo Alvear envió a la Corte Nacional de Justicia el pedido para que fije fecha para la audiencia de formulación de cargos por las irregularidades en torno la concesión del campo Palo Azul de Petroecuador a Cayman-Petromanabí.
El 9 de enero de 2001, el entonces diputado Antonio Posso presentó a la Fiscalía una denuncia "aduciendo salvataje petrolero" por $1 100 millones, a consecuencia de la concesión antes indicada.
La estructura del campo Palo Azul fue detectada por CEPE, hoy Petroecuador, en 1981 y confirmada en 1991. La compañía Amoco, concesionaria del contrato de participación del Bloque 18, en junio de 1996, luego de varios estudios, dijo que no había rentabilidad del bloque, por lo que pidió autorización para transferir el 60% de sus derechos y obligaciones al Consorcio Cayman. Lo mismo hizo la empresa ELF Hidrocarbures Equateur, que tenía un contrato de participación de explotación en el bloque 18, con lo cual transfiere el 40% a Petromanabí, cuyos principales accionistas eran los hermanos Isaías.
Así se constituye el consorcio Cayman-Petromanabí, el cual realiza estudios técnicos sobre su bloque y pide información sobre el bloque aledaño de Petroproducción. Además, la petrolera estatal autorizó que perfore el pozo exploratorio Palo Azul 1, que era suyo. De ahí concluyen, en 2000, que puede tratarse de un "yacimiento unificado".
En 2007, una comisión creada por iniciativa del ex ministro de Energía Alberto Acosta determinó lo contrario, por eso la Fiscalía reabre el caso. Por esto, Alvear podría imputar al ex presidente Gustavo Noboa, a los ex ministros Raúl Baca Carbo, Pablo Terán, Mario Rivadeneira, al ex presidente ejecutivo de Petroecuador Rodolfo Barniol, entre otros, por ser los responsables del manejo de la política petrolera. (MP)
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08/Febrero/2010 a las 22:45
La construcción de la central hidroeléctrica San Francisco se ha demostrado que no fue la correcta; se incumplió con varias de las especificaciones técnicas e inclusive se irrespetó el diseño. Prevaleció la figura de la "entrega antes del plazo" para recibir un premio económico; y sí que el pueblo recibió semejante premio sorpresa: una central mal construida y, el Contratista recibió del estado el premio económico por entregar la obra antes del plazo. La persecución se ha dado a los técnicos cuyas firmas en actas de recepción-entrega y otros documentos técnicos, aparecen visibles. Pero qué de los trámites, negociaciones, entendimientos en otros niveles de decisión de la época previa a la construcción y durante la construcción? Por qué el Contratista no permitía a la Fiscalización cumplir estrictamente su función?. El nivel de presiones seguirá incidiendo fuertemente sin permitir se aclare todo lo sucedido y sobre todo se rehabilite y/o rehaga varias de las obras civiles y electromecánicas, en especial, de esta central.
08/Febrero/2010 a las 22:58
La construcción de la central hidroeléctrica San Francisco se ha demostrado que no fue la correcta; se incumplió con varias de las especificaciones técnicas e inclusive se irrespetó el diseño. Prevaleció la figura de la "entrega antes del plazo" para recibir un premio económico; y sí que el pueblo recibió semejante premio sorpresa: una central mal construida y, el Contratista recibió del estado el premio económico por entregar la obra antes del plazo. La persecución se ha dado a los técnicos cuyas firmas en actas de recepción-entrega y otros documentos técnicos, aparecen visibles. Pero qué de los trámites, negociaciones, entendimientos en otros niveles de decisión de la época previa a la construcción y durante la construcción? Por qué el Contratista no permitía a la Fiscalización cumplir estrictamente su función?. El nivel de presiones seguirá incidiendo fuertemente sin permitir se aclare todo lo sucedido y sobre todo se rehabilite y/o rehaga varias de las obras civiles y electromecánicas, en especial, de esta central.