Pesántez debe explicar su relación familiar a Asamblea

El ex secretario Anticorrupción, Alfredo Vera, fue uno de los denunciantes de las supuestas irregularidades cometidas por la empresa de remediación ambiental Ecuavital. Varios funcionarios de esa compañía tendrían cercanía con el fiscal general Washington Pesántez.

El pedido de Vera, a mediados de 2008, fue que Petroecuador deje de pagar los $8 millones a la empresa Ecuavital, la cual fue contratada para la remediación ambiental en un derrame de crudo ocurrido en agosto del 2005, en el pozo Sacha 106. Por este tema, la Fisacalía abrió una indagación previa que todavía no concluye.

Según quienes conocen la zona de Achupallas, cantón Alausí (Chimborazo), de donde es oriundo el fiscal Pesántez, es también originaria la familia Abeiga del Pino, quienes serían los accionistas mayoritarios de la empresa Ecuavital.

La relación de amistad entre la familia Abeiga del Pino y el fiscal Pesántez vendría desde hace años. Uno de los integrantes de esa familia trabajaría en un cargo importante de la Fiscalía.

Para aclarar esa vinculación, la semana pasada, varios asambleístas preguntaron a Pesántez que determine su "parentesco por afinidad o consanguinidad con algunos funcionarios de la Fiscalía: Hernán Flores Pesántez, Víctor Miño, Santiago Acurio, Francisco Moscoso y Cristian Marchán". (MP)

Ivanhoe, un proceso que apuntaría al jefe de Estado

El caso Ivanhoe, que significó la entrega del campo Pungarayacu, Bloque 20, a la empresa petrolera canadiense, apuntaría al presidente Rafael Correa, su hermano y varios altos funcionarios del Gobierno. La indagación previa, abierta por la Fiscalía, está por concluir.

En el libro El discreto encanto de la revolución ciudadana, de Fernando Villavicencio, consta que la entrega del citado campo está detallada en el acta de la sesión del Directorio de Petroecuador, que fue dirigida por el presidente Correa, el 19 de mayo de 2008.

Villavicencio dijo que el principal responsable es Rafael Correa, quien dictó, en diciembre de 2007, un decreto ejecutivo con el que "modificó el reglamento de contrataciones de la estatal Petroecuador" e introdujo una cláusula que señala que al existir tecnología única como la que tiene Ivanhoe, el contrato vaya directo para esa empresa.

También, señaló que está involucrado el hermano del presidente, ya que Cotundo Minerales presentó en los EEUU una denuncia contra Fabricio Correa porque habría "recibido dinero y favores para facilitar la adjudicación del contrato".

Además, estarían implicados Luis Jaramillo, presidente de Petroecuador; Camilo Delgado, ex vicepresidente de Petroproducción; Galo Chiriboga y Derlis Palacios; entre otros. (MP)

Proyecto Libertador, instrumento clave en las investigaciones

El fiscal general, Washington Pesántez (actualmente con licencia), sería la persona encargada de supervisar el funcionamiento del Plan Libertador (sistema de escuchas telefónicas) para que sea aplicado correctamente, conforme lo establece la Ley.

Según Fernando Villavicencio, de Polo Democrático, por disposición del presidente Correa se entregó a Pesántez esa responsabilidad.

Lo que preocupa a Villavicencio es que la Fiscalía, que es la entidad encargada de realizar la indagación previa, la cual tiene el carácter de reservada, pueda interceptar eventualmente conversaciones privadas de cualquier persona, incluidos adversarios políticos, y el manejo que se le pueda dar a la información obtenida.

El proyecto. A mediados de agosto de 2008, el presidente Correa precisó que el proyecto no será un instrumento de persecución política, ni para espiar a los ciudadanos. Al contrario, dijo que servirá para luchar contra el crimen organizado que trabaja en el campo del narcotráfico y secuestro. El proyecto contó con el aval de las altas autoridades del país y cuenta con el apoyo del Gobierno de los Estados Unidos.

La oficina donde está la sede del proyecto cuenta con tecnología de última generación que le permiten a los agentes o técnicos, previo pedido fiscal al juez, se ordene interceptar las llamadas telefónicas de números fijos o celulares de las tres operadoras que existen en el país, antes esto era imposible hacerlo.

El proyecto es una herramienta investigativa, cuya utilización queda registrada en todo momento, ya que cada técnico tiene un código único de acceso al sistema y además trabaja en coordinación con la Fiscalía. (MP)

Investigación sobre red de corrupción, sin resultados

FOTO: INVESTIGACION

El aparecimiento de un documento que fue calificado como "apócrifo" generó una investigación, ya que iba acompañado de una denuncia sobre la supuesta existencia de una red de tráfico y corrupción de la que eran parte funcionarios de Petroecuador y la Presidencia de la República.

La denuncia se hizo en febrero de 2009 y el 11 del mismo mes el contralmirante Luis Jaramillo, a esa fecha presidente ejecutivo de Petroecuador, remitió a la entonces asambleísta Martha Roldós (RED) un oficio en el cual detalló el estado de 15 procesos contractuales. Las puntualizaciones coincidieron en varias cosas con el denominado documento apócrifo.

Las irregularidades se habrían registrado en el período abril-noviembre de 2008, cuando Carlos Ruales, capitán de navío, se desempeñaba como jefe de la Unidad de Contratos Petroleros, y Raúl Hidalgo, capitán en servicio pasivo, era asesor del comandante de la Marina, que en esa fecha era Camilo Delgado.

BLANCO Y NEGRO, en su edición del 13 de julio de 2009, explicaba que habían transcurrido cinco meses y la Fiscalía no tenía respuesta en relación a las responsabilidades de los funcionarios de las entidades involucradas en el hecho, esto pese a que el fiscal Washington Pesántez anunció resultados positivos en torno a la investigación que lleva adelante.

Este suplemento formuló varias preguntas que no fueron respondidas por Pesántez. Días después, por escrito, Mauricio Garrido, de Lavado de Activo, informó que había ordenado receptar versiones. Además, aguardaba el resultado de varios peritajes que pidió se realicen. (MP)

<< Anterior

Hora GMT: 08/Febrero/2010 - 05:08