La Fiscalía de la Nación reabrió la investigación antes de establecer responsabilidades penales en el caso de la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), en el que estarían implicados el ex presidente de la República, Gustavo Noboa, y su ex ministro de Energía, Pablo Terán.
Así lo anunció el fiscal general de la Nación, Washington Pesántez, quien explicó que la decisión de reactivar el caso, iniciado en el 2002, se dio por las serias presunciones de que se cometieron varios delitos, que incluye un sobreprecio en la obra de más de 800 a 1.474 millones de dólares.
El caso, archivado por la ex fiscal Mariana Yépez, según el denunciante y ex diputado roldosista Víctor Hugo Sicouret fue desestimado bajo el argumento de que no contaba con la traducción del contrato que suscribió Terán, con el aval del gobierno de ese entonces.
El caso fue reabierto en abril pasado, en cumplimiento de las disposiciones legales que permiten reactivar un proceso cuando existe la incorporación de nuevas pruebas, sostuvo Pesántez, quien informó que la investigación avanza con la realización de varias diligencias.
Entre estas, la traducción del inglés al español de los contratos y la toma de versiones de personas que conocieron la supuesta infracción.
Uno de los delitos sería el sobreprecio y la evasión de impuestos al Servicio de Rentas.
Hoy se conocen a negociadores de contratos
También se firma un acuerdo para que Repsol devuelva 936.000 barriles de crudo.
Tras los acuerdos logrados el jueves y viernes pasados entre el Gobierno y tres petroleras privadas, el Comité Especial de Licitaciones (CEL) sesionará hoy para, entre otros puntos, nombrar a los profesionales que se encargarán de negociar con las empresas privadas los nuevos contratos petroleros.
Las tres compañías que acordaron migrar de modalidad, de participación a prestación de servicios son: Petrobras, Andes Petroleum y Repsol-YPF.
La primera negociará directamente el contrato de participación de prestación de servicios, mientras las otras dos primero firmarán un contrato provisional, de un año, antes de pasarse al de prestación.
Cada empresa tendrá un grupo negociador, que no necesariamente estará integrado por los técnicos que consiguieron, a inicios de año, un acuerdo económico, legal y financiero que permitiera cerrar las negociaciones el viernes pasado.
En los acercamientos, que empezarán en el transcurso de esta semana, intervendrán los juristas internacionales contratados por el Estado para el efecto. Estos son: George Kahale y Eloy Barbará, del equipo de abogados de la firma estadounidense Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.
La mencionada firma participó también en la negociación de los contratos petroleros con Venezuela. Kahale (socio director de la firma) fue el representante legal de Pdvsa. El jurista se especializa en casos del sector energético, según su hoja de vida.
Antes de suscribir cualquier nuevo contrato, el presidente ejecutivo de Petroecuador deberá emitir un informe favorable para el proceso, ese documento pasará a manos del Consejo de Administración de la estatal y tras el visto bueno de este, llegará al ministro de Minas y Petróleo, Galo Chiriboga, quien también deberá emitir un informe favorable.
Luego deberá emitir otro informe el Procurador General del Estado y finalmente el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
El CEL, analizará además, la adjudicación del campo marginal Armadillo.
El Ministro de Minas y Petróleos manifestó que hoy se firmará un acuerdo para que Repsol le devuelva a Petroecuador 936.000 barriles de crudo, restitución pendiente desde el 2000. Cumplido esto, la compañía notificará al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) lo acordado con el Estado ecuatoriano.
Hora GMT: 11/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario EL UNIVERSO Ciudad Quito
