Ramiro Aguilar Torres
raguilar@hoy.com.ec
El Congreso del Paraguay enjuició y destituyó al ex presidente Fernando Lugo. La cámara de Diputados, actuando como órgano de acusación, con mayoría absoluta de votos, decidió someterlo a juicio ante la cámara del Senado. Esta, con 39 votos a favor de 45 posibles, lo destituyó de su cargo. Luego del juicio político, Lugo aceptó la resolución del Congreso.
Hay cuatro componentes fundamentales de una democracia: la Constitución de la República; la independencia y separación de poderes; la responsabilidad de los dignatarios y funcionarios; y el respeto a los derechos humanos. No solo el sufragio es democracia. Sería absurdo sostener que el hecho de ganar una elección da derecho al ganador de hacer lo que le venga en gana en su país. El ganador, para ser un presidente democrático, debe cumplir con la Constitución; someterse, como consecuencia del mandato constitucional, a las decisiones del poder Legislativo, fiscalizador natural de los actos del poder Ejecutivo; asumir sus responsabilidades civiles, penales, políticas y administrativas; y respetar los derechos humanos de los habitantes de su país.
Lo que ocurra dentro de un Estado, en ejercicio de su soberanía y en aplicación del principio de autodeterminación, es de competencia exclusiva de ese Estado.
Guste o no a ciertos países de la región, lo que ocurrió en Paraguay con la destitución de Fernando Lugo, es producto de la fiscalización constitucional del Parlamento al presidente de la República. Esto ha ocurrido antes en regímenes constitucionales. El propio presidente actual del Ecuador, fue ministro de un Gobierno surgido de una resolución legislativa que destituyó al presidente.
¿Por qué tanto alboroto?
Porque ciertos gobiernos de Latinoamérica han olvidado lo que debe entenderse por democracia; y se han quedado en la visión imperial de un poder Ejecutivo ejercido sin rendir cuentas a nadie. Adueñándose de los demás poderes del Estado y haciendo tabla rasa de Constituciones dictadas por ellos mismos. Sus Parlamentos son decorativos; y el control de los jueces, por parte del Gobierno, es total. Cuando despierta el Parlamento paraguayo y decide ejercer sus funciones: fiscalizar y pedirle cuentas a quien es responsable de la administración del país, los arbitrarios se asustan. Temen que su poder imperial - que suele encubrir actos de corrupción -, sea puesto en duda. Temen que los pueblos recuerden que además del voto, se vive en democracia cuando el país tiene Constitución que se cumple y poderes independientes que piden y rinden cuentas.
Los países republicanos y democráticos de la región deben impedir el boicot al nuevo Gobierno paraguayo. Quienes idearon Unasur y Alba como un servicio de guardianía privada, al margen de la OEA y de su Carta Democrática, para sus atropellos a la república como forma de Gobierno, estuvieron totalmente equivocados.
Autor: Ramiro Aguilar - raguilar@hoy.com.ec
28/Junio/2012 a las 10:29
Mi opinion es acorde con el vecino de columna JJ Velasco, sin embargo debo darle razon en varios aspectos al sr. Aguilar, no se puede aislar a Paraguay por el golpe de estado parlamentario, porque es un pais "soberano", es decir feudal y brutal, con injusticia, represion, corrupcion, como "atributos" propios que deben ser respetados, como con los regimenes monarquicos petroleros y dictaduras militares idem; asi mismo si el pueblo barre con ese sistema canalla, debe respetarse y no intervenir.