Para calificar juicio se requiere 83 votos

Demanda por injurias calumniosas

Edgar Coral, exdirigente barrial, pide para el presidente dos años de cárcel y $10 millones de indemnización. La oposición necesita 83 votos para autorizar la causa penal.

Aunque el presidente de la Asamblea, el oficialista Fernando Cordero, de manera sorpresiva, el viernes pasado convocó al Pleno para tramitar hoy el pedido de juicio penal contra el presidente Rafael Correa, planteado por el exdidrigente barrial de Pisulí Édgar Coral Almeida, ayer advirtió que es difícil lograr 83 votos para calificar el proceso.

En su demanda, Coral exige una sentencia de dos años de prisión para el primer mandatario y una indemnización de $10 millones, por haberlo llamado traficante de tierras, en la sabatina 261, realizada el pasado 29 de enero en el populoso barrio La Pisulí, en el norte de Quito.

Allí, el presidente Correa dijo que ese sector se formó por invasiones, por lo cual sus habitantes no tuvieron servicios básicos, situación que ha sido aprovechada por los traficantes de tierra.

"No caigan en las manos de los traficantes de tierras, les conviene que no se legalicen los terrenos porque así les explotan..."Me dicen que el traficante de tierras se llama Édgar Coral. Nunca más estos traficantes, ni los dejen entrar", enfatizó el mandatario.

Una hora más tarde, decenas de moradores protestaron frente al ágora de la Plaza Cívica de Pisulí, en defensa de Coral. La Fuerza Pública intentó calmar los ánimos hasta que el presidente sentenció: "Sigan gritando que no les vamos a hacer caso y en contra de los traficantes de tierras vamos a presentar las denuncias (...). Los invasores tienen gente infiltrada en todos lados", comentó Correa.

Ante ello, Coral presentó una querella por injurias calumniosas en la que además exige que Rafael Correa pague una multa de $6 a $25, de acuerdo con lo establecido en el artículo 491 del Código Penal.

Consultado ayer por la prensa, Coral dijo: "No entiendo cómo el presidente impulsa juicios por supuestas injurias calumniosas contra diversos ciudadanos, pero no tiene la misma entereza para instruir a sus asambleístas a votar por la autorización para que continúe el juicio en su contra por similar imputación"

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Constitución, es potestad de la Función Legislativa autorizar el enjuiciamiento político del Presidente de la República, para lo cual se requiere el voto a favor de sus dos terceras partes, es decir 83 de los 124 legisladores que la conforman. AP, con 53 votos asegurados, anunció que no dará paso al juicio, mientras la oposición también hace sus cálculos. Cordero dijo además que el presidente no ha nombrado a Coral y y que es él quien se ha dado por aludido, pero explicó que cumple con convocar al Pleno para que resuelva el caso. (LGP)