|    Pico y placa Quito:  5-6    |  

Publicado el 13/Septiembre/2005 | 00:00

El Ecuador es un país pobre con manías de país rico, en muchas cosas, pero, en especial, en los procesos legislativos, tan importantes para la democracia.
Esto quiere decir que este sistema nos sale caro, aunque, en teoría, es el del gobierno del pueblo. Caro no es lo mismo que costoso, lo que estaría bien, porque las cosas buenas, cuestan; y, que sea caro, no significa que sea bueno.
Según el más reciente informe del suplemento BLANCO y NEGRO, del sábado último, el país tienen que invertir $1,1 millones en la promulgación de cada ley, aun cuando hay 800 mil niños en la miseria y, al menos, 1,8 millones de compatriotas que sobreviven con menos de un $1 diario de ingreso, es decir, menos de $30 cada mes. Los datos son de las Naciones Unidas.
La cifra esconde esa paradoja y describe una realidad de privilegios de los diputados, aun cuando la democracia -otra vez la teoría- es, conceptualmente, lo opuesto a las mercedes, en especial si ellas se alimentan de fondos públicos.
Hablamos de un centenar de personas que ostentan una representación popular obtenida en las urnas, exonerados -en los hechos- de cualquier mecanismo de rendición de cuentas, Cien personas, más 800 ‘asesores’ personales (¡ocho por cada legislador!), además de los burócratas a sueldo de la Presidencia y Vicepresidencia del Congreso, que son 50. Los legisladores no ‘aflojan’ el ‘combo legislativo: $4 000 al mes, si acuden puntual y regularmente a las sesiones del pleno, aunque en el rol de pagos consta un básico de $2 500 por cada uno; $312 por cada sesión extraordinaria a la semana, que son dos, martes y miércoles en la tarde (su semana ‘integral’ es de cuatro días a la semana, de martes a jueves); pueden acceder a préstamos de hasta $10 000, sin intereses. Es un secreto a voces que se ‘cruzan’ los parientes, para no caer en nepotismo; es decir, el legislador equis contrata como asesor al hermano del legislador zeta, y el legislador zeta hace lo propio con la hermana del legislador equis. Y, se sabe que algunos exigen ‘vuelto’ a los asesores, es decir, si a uno de ellos le corresponde mensualmente $857 (en la categoría de ‘asesor parlamentario 3’), solamente percibirá $500, pues los $300 restantes se devuelven al diputado, con cualquier argumento, como, por ejemplo, que van ‘al partido’.
Esta abundancia de país rico contrasta con la escasez de país pobre, en la expedición de leyes. El Parlamento aprueba un promedio de dos leyes por mes, pero, entre enero de 2004 y abril de 2005, aprobó una en cada mes, en promedio. Es una Función del Estado en deuda con el estado de derecho y el fortalecimiento institucional: en diciembre de 2004 se dio el lujo de elegir a la ‘Pichicorte’ y causar un desbarajuste político, por lo que nadie ha sido sancionado, con excepción de los diputados gutierristas, que fueron separados por sus propios colegas.
Ahora, el Congreso tiene en sus manos la responsabilidad de la reforma política, a pesar de que, en abril, los diputados fueron repudiados tanto como el ex presidente Lucio Gutiérrez. Esa reforma, a la luz del informe de BLANCO y NEGRO, exige un replanteamiento conceptual, orgánico y operativo de la Función Legislativa, pero, como se pintan las cosas, sobre esa indispensable transformación no podemos alimentar reales expectativas.
Los congresistas, que representan a los partidos políticos, están lejos de satisfacer las aspiraciones de sus electores, lo que se viene repitiendo hace mucho ya, sin solución aparente.
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Ciudad Quito

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