Las autoridades municipales, la administración de los aeropuertos de Quito y de Guayaquil y los sectores turísticos rechazan la decisión del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) de exigir el pago de $3 adicionales por cada viajero, como costo de un formulario con la declaración de no sacar del país bienes patrimoniales.
El nuevo pago aumenta el costo de la tasa aeroportuaria, de $25 y de $20, en Quito y Guayaquil respectivamente, y constituye una traba más para los pasajeros, que deben adquirir esos formularios en Servipagos.
En realidad, es legítimo buscar recursos para financiar al INPC y, en primer lugar, los proyectos concretos de defensa, preservación y restauración del patrimonio cultural. Pero es inconveniente la forma como se quiere cumplir esa finalidad; además, resulta discutible, desde el punto de vista legal, que la entidad tenga facultad para imponer una tasa extra de salida. Cualquier pago que el ciudadano hace al Estado, por pequeño que sea, implica la contraprestación de un servicio: en este caso, se lo impone, por el contrario, para que nacionales y extranjeros que salen del país realicen una declaración obligatoria. Es decir, la finalidad de vigilancia de bienes patrimoniales antes que cumplirse en virtud de llenar un formulario, sirve de pretexto para buscar presupuesto para el INPC.
La Corporación Aeroportuaria de Quito (Corpaq) y la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil (AAG) han rechazado ya ese cobro, que se pretende imponer de espaldas a las dos entidades.
Hora GMT: 30/Enero/2004 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad QUITO
