|    Pico y placa Quito:  5-6    |  

Publicado el 18/Abril/2006 | 00:00

La precipitada subida del precio del petróleo en el mercado mundial, acarrea una serie de desajustes. El volumen de comercio global ha excedido con creces las previsiones. El precio del transporte afecta la vida diaria de los 6 000 millones de habitantes que pueblan la Tierra. Pese al vertiginoso avance de los precios, la demanda no cede, gracias a la demanda agregada de China y de la India. En tales circunstancias es previsible que las relaciones entre empresas petroleras y Estados en los que operan, se hayan tornado más tensas que lo habitual.
La pregunta que se debe plantear en los países productores de crudo es: ¿quiénes y en qué proporción han de beneficiarse de estos exorbitantes precios? La respuesta obliga a revisar algunos principios. El primero de ellos es el antiquísimo pacta sum servanda. Principio contractual que se resume en que el contrato es ley para las partes y que en consecuencia de ello, si nada se habría pactado respecto a cambios radicales en los precios mundiales, la pretensión comprensible de las petroleras sería el que la relación habría de mantenerse inalterada, tal como si nada hubiese ocurrido.
Mas, la misma seguridad jurídica vuelve indispensable que, si en el curso del cumplimiento de los contratos sobrevienen acaecimientos que alteran los elementos que sirvieron de base para determinar los términos contractuales, se desmorone el fundamento y finalidad del contrato, generándose incluso el derecho de resolución, esto es, el derecho a la terminación anticipada del contrato.
Hemos de recordar que al momento en que se pactaron los contratos con las petroleras, la rentabilidad esperada por ellas giraba en torno a un 20% anual. Tasa atractiva que incorpora un alto factor por riesgo país. Si las nuevas realidades llevan a que esa rentabilidad se haya disparado, por causas absolutamente ajenas a las partes, a cerca del 200% a favor de las petroleras, parece insostenible mantener, en nombre de la seguridad jurídica, que tal desequilibrio esté enmarcado dentro de algún nivel de justicia.
Por fortuna, el milenario Derecho no se limita a un solo principio, que como tal devendría en un paradigma infranqueable. Circunstancias varias en la historia como la hiperinflación alemana de posguerra o la pesificación argentina posterior a la convertibilidad han traído sobre el tapete otros preceptos jurídicos de trascendencia en el mundo de los negocios.
Así, se conoce en la doctrina, con el nombre de Sinalagma Funcional, la relación de equilibrio que habrá de mantenerse durante el tiempo de ejecución del contrato, preceptuando para su revisión, la ocurrencia de hechos significativos imprevistos y ajenos a la voluntad de las partes.
En definitiva, el desequilibrio económico devenido como consecuencia del desequilibrio de las prestaciones mutuas, vulnera el Derecho como orden justo y precisa de la reformulación como correctivo. Las compañías petroleras conocen bien estos preceptos. También saben que cada día que tarden en resolver este desequilibrio, juega en su solo favor…
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Ciudad Quito

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