Las dictaduras de derecha o izquierda han utilizado profusamente la herramienta del Código Penal para perseguir a sus opositores. Para comprobar este aserto baste citar a Hitler y a Stalin, a Franco y a Castro. Pues siempre los dictadores y sus áulicos serviciales encontrarán por ahí algún artículo escondido, de lenguaje ambiguo, que por desgracia abundan en las leyes, que les permitirán construir una tramoya suficiente para llevar a la cárcel a los marcados como enemigos.
Por eso es tan exacto el axioma de que un régimen será tanto más democrático cuanto menos recurra al Código Penal. Y viceversa. Pero, claro, las dictaduras requieren para este objetivo de un poder judicial sometido, por cualquiera de las armas que las dictaduras utilizan, en particular la corrupción o el miedo.
Hago este comentario porque en estos tiempos de la revolución ciudadana, hemos visto cómo, desde las filas oficiales, se amenaza continuamente con entablar juicios penales. Algunos se han iniciado ya, por cierto. Tenemos, por ejemplo, las denuncias contra algunos diarios por publicar noticias que no son del agrado del G obierno, pues alega que son falsas. Y si eso fuera cierto, lo cual tendría que probarse, deberán hacerse las rectificaciones pertinentes. Pero de ahí hay una gran distancia a considerar que tales publicaciones constituyan un delito de amenazas, ofensas o injurias contra el presidente o algún funcionario. Un Gobierno democrático está sujeto a un implacable escrutinio público, pues esa es la obligación de la prensa; y un gobernante tolerante debe someterse a ese escrutinio, y aun aceptar con tranquilidad los eventuales excesos que pudieran producirse. Acometer con el Código Penal en ristre es una señal, no solo de intolerancia y vanidad, sino también de una escasa vocación democrática.
Es igualmente penoso el caso de ciudadanos que han sido detenidos, debe suponerse que en delito flagrante, por haber manifestado de alguna manera su inconformidad con la labor presidencial. Se ha hablado entonces de actos de rebelión, de ofensas a la majestad del poder y otras lindezas por el estilo. Tales acciones demuestran que hemos retrocedido más de cien años en cuanto a la concepción misma del poder público y de los derechos de los ciudadanos.
Pero el caso, todavía más asombroso, es el posible inicio de una instrucción fiscal, nada menos que por el delito de traición a la patria, dirigida contra un dirigente político que ha solicitado una investigación sobre los orígenes de los fondos empleados en una campaña electoral. Quien ha incurrido en semejante dislate no conoce ni el abecé del Derecho Penal y de su fundamento esencial, el principio de legalidad. Y por supuesto ignora cuáles son los requisitos que requiere este delito.
Todos estos son síntomas preocupantes de una situación extremadamente peligrosa, en la que pueden quedar liquidados los últimos vestigios de democracia. Esperemos que la Función Judicial no se deje manipular ni se convierta en un lamentable instrumento de persecución política.
Hora GMT: 11/Mayo/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito Autor: Por Ernesto Albán Gómez
