Opinión de HOY

Pepe Acacho, dirigente indígena y actual asambleísta de Pachakutik, ha sido declarado por la Corte de Justicia de Morona Santiago culpable de sabotaje y terrorismo, al igual que el dirigente Pedro Mashiant, por las protestas contra la Ley de Aguas en septiembre de 2009, que derivaron en enfrentamientos entre los indígenas y la Policía, en los cuales murió el profesor Bosco Wisuma. La sentencia podría ser de hasta 12 años de cárcel.

No es el primer caso en que se utilizan estas figuras penales para condenar a dirigentes que han participado en protestas sociales contra el Gobierno. Semanas atrás, la expresidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), Mary Zamora fue condenada por el Décimo Tribunal Penal del Guayas a ocho años de prisión como culpable de sabotaje y terrorismo por haber instigado a los estudiantes del Aguirre Abad a salir a las calles el 30 de septiembre de 2010.

Esas figuras penales fueron incorporadas a la legislación con fines persecutorios  por la dictadura militar y se han mantenido hasta ahora en el Código Penal.  Al conocer otro caso, el de los Diez de Luluncoto, el magistrado español Baltasar Garzón, que presidió la Veeduría Internacional designada por el propio Gobierno para acompañar la reforma de la Justicia, señaló el peligro de extender los conceptos de sabotaje y terrorismo a ámbitos que excedan esos conceptos en la forma como se aplican para esos delitos en el mundo. Y señaló, además, “que no corresponden a la realidad de un Ecuador democrático y plural”.

Es una desproporción utilizar tales figuras. En ellas se muestran características de planificación e intencionalidad y de extrema gravedad y peligro para el Estado que no se ha comprobado en los casos que penalizan a dirigentes indígenas o gremiales. La cuestionada aplicación de una legislación que no corresponde a la realidad de un país democrático y plural resulta  una inaceptable de criminalización de la protesta social.