Ortiz: 'Sentencia está en firme'

Pablo Ortiz García

Quién es Abogado y doctor en Jurisprudencia por la Universidad Católica del Ecuador. Catedrático de ese centro educativo. Treinta años de carrera profesional

Por María Elena Verdezoto
Editora de Actualidad

Que Teleamazonas es víctima de una persecución por parte del Gobierno de Rafael Correa aseguró Pablo Ortiz García, abogado de la televisora capitalina, cuyo principal accionista es Fidel Egas, dueño mayoritario de las acciones del Grupo Financiero Pichincha.
Producto de esa persecución, dijo Ortiz, el canal recibió tres sanciones en el último año. Sin embargo, destacó la actuación de jueces que, en los tres casos, emitieron sentencias que le dan la razón al canal, lo cual, aseguró el abogado, se debe a que en la Función Judicial aún hay muchos jueces probos, que no responden a las presiones del poder político, ejercido desde las esferas gubernamentales.

Aunque a inicios de febrero Patricio Arizaga, Marco Maldonado y Jorge Cadena, jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha, declararon inconstitucional la suspensión que por 72 horas ordenó la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), esta entidad presentó ante la Corte Constitucional (CC) un pedido de Acción Extraordinaria de Protección (AEP), buscando dejar sin efecto esa sentencia. ¿Qué está haciendo al respecto?
Ese recurso no puede ser presentado por una entidad pública, porque la Constitución dice que pueden aplicarlo las personas que se creyeren afectadas por una resolución judicial. Que yo sepa, la Supertel no es una persona.

El supertintendente de Telecomunicaciones, Fabián Jaramillo, sostiene que las instituciones no son los edificios o bienes muebles e inmuebles, sino las personas que la integran, por lo cual asegura que el recurso cabe en ese caso.
Ese argumento no es válido y con ello coinciden constitucionalistas expertos en esa materia.

Pero quienes determinan aquello son los miembros de la CC. Por ejemplo, en casos como los del ex presidente Abdalá Bucaram, del ex vicepresidente Alberto Dahik o del ex ministro de Finanzas Jorge Gallardo, los tres procesados por un supuesto delito de peculado, han pedido una AEP, pese a que juristas señalan que ese recurso no es aplicable para ellos. Sin embargo, la CC los admitió a trámite. ¿Qué hará si ocurre lo mismo en el caso Teleamazonas?
Si la Corte acepta el trámite, esperamos que nos reciba en audiencia para decirles que ese recurso no tiene ni pies ni cabeza.

¿Qué hará si la CC deja sin efecto la sentencia a favor de Teleamazonas?
Nada, por que sus resoluciones son inapelables, allí moriría el caso. Recuerde que ya nos sacaron del aire por 72 horas.

¿Hay instancias internacionales para apelar?
Para este caso no, para otros temas ya presentamos ante a Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, nuestro reclamo por la persecución del Gobierno contra el canal y contra la libertad de expresión.

¿De qué forma se da la persecución?
Primero, con las sanciones impuestas por el avance de los toros, luego por la noticia del Consejo Nacional Electoral (CNE). Esto está en conocimiento de la CIDH, a la que estamos remitiendo toda la información que nos solicita.

¿En cuánto tiempo esperan una respuesta?
Eso toma tiempo, lo presentamos en agosto o septiembre del año pasado. Hay que esperar.

Retomando el tema de la AEP, si la CC anula la sentencia favorable al canal, ¿podrían ser sancionados los tres jueces que declararon inconstitucional la suspensión temporal?
No debería, si la CC no está de acuerdo con una resolución del inferior, en este caso de la Corte Provincial, no acarrea ninguna sanción a los jueces, porque no ha habido violación del trámite, se ha respetado el debido proceso, las partes se han podido defender; por lo tanto, no cabría sanción de ningún tipo.

¿Cuánto puede pesar en la CC el criterio del presidente Rafael Correa, del ministro de Telecomunicaciones, Jorge Glas, y del superintendente Fabián Jaramillo?
Yo creo en los jueces, pero todo el mundo sabe a quién se debe y obedece esa Corte.

¿A quién obedece?
Al Gobierno, todo el mundo lo sabe, es público y notorio, por la mayoría de resoluciones que emiten.

¿A qué resoluciones se refiere?
A la gran mayoría, que son a favor de los intereses del sector público y no de la ciudadanía.

Según Patricio Pazmiño, presidente de la CC, hay un sinnúmero de casos en los que los ciudadanos han recibido fallos favorables.
Que los dé a conocer, pero desde la forma cómo se dio la transformación de Tribunal a Corte Constitucional demuestra cómo aplicaron la Constitución estos señores, para quedarse donde están y hacer lo que están haciendo.

¿Eso pone en desventaja a Teleamazonas?
Eso le pone en desventaja a cualquier persona que no comparta el sistema que está aplicando este Gobierno.

¿Cuánto espera cobrar como indemnización Teleamazonas?
Nosotros no podemos fijar una cuantía, le corresponde hacerlo al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Pichincha.

Una vez fijado el monto, ¿hay opción de negociación o de apelación?
Si la Superintendencia no está de acuerdo, puede presentar un recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Si no lo hacen y nosotros estamos de acuerdo con el monto, eso se ejecutoría y la Supertel nos tiene que pagar.

¿En cuánto tiempo esperan cobrar la indemnización?
A fines de este año o inicios de 2011.

Entre tanto, en octubre vence el plazo fijado en la Constitución para que el doctor Fidel Egas venda Teleamazonas. ¿Afecta a la valoración de la empresa tener pendiente un litigio de esta naturaleza?
De ninguna manera, porque lo que se reclama es una indemnización, es decir un ingreso para el canal.

¿Pero no resultaría una inversión de riesgo, dada la persecución que usted afirma ejerce el Gobierno contra el canal?
Hemos hablado solo del cierre temporal. En las otras dos sanciones, por el tema toros y CNE, el Tribunal Distrital ya sentenció a nuestro favor. Esos temas jurídicamente están muertos.

El ministro Jorge Glas no los da por muertos pues, en el enlace sabatino del 8 de marzo, advirtió con introducir un recursos de casación.
Mientras los señores de la CNJ no resuelvan los recursos de casación, la resolución del Tribunal Distrital está en firme. Por lo tanto, en este momento, Teleamazonas no carga ninguna sanción y en octubre se transferirán las acciones del canal como lo manda la Constitución. No tengo ninguna responsabilidad, porque se han desvirtuado todas las responsabilidades de las que se nos acusa.

El superintendente Fabián Jaramillo asegura que Teleamazonas no ha demostrado que sus noticias se basaron en la realidad.
En el caso toros y CNE, el ingeniero Jaramillo nos sanciona con $20 y $40. Nosotros apelamos ante el Conatel, pero no debemos olvidar que este organismo, la Supertel y la CC responden al presidente Rafael Correa.
Entonces, por más que presentemos las pruebas más contundentes, nunca nos van a dar la razón. El problema es que quien resuelve al respecto es la misma autoridad administrativa, dependiente del Poder Ejecutivo. No pueden irse contra su jefe y, por eso, no quieren aceptar nuestras pruebas.

Jaramillo y Glas coinciden con el presidente Correa en que los fallos a favor de Teleamazonas han sido emitidos por jueces que están arrodillados ante el poder mediático y económico, ostentado por Fidel Egas.
Este señor (se refiere al presidente), en una de sus cadenas, refiriéndose a la jueza octava de la Niñez y la Adolescencia, que falló contra Teleamazonas, dijo que era proba. Cuando otros jueces no le dan la razón los llama corruptos o inmorales, sin tomar en cuenta los argumentos. Ellos hablan del poder mediático, pero si vemos desde el otro lado de la vereda, tenemos una presión política, ejercida en toda la función pública, y mediática, a través de todos los medios al servicio del Gobierno, que resulta mucho más poderoso que el que dicen que tiene Teleamazonas.

¿Eso le pone en desventaja a Teleamazonas?
No solo a Teleamazonas, a cualquier empresa o persona que tenga una posición crítica e independiente.

¿Por qué el cierre de 72 horas es inconstitucional?
En la sentencia condenatoria se desarrolla ampliamente el tema de todos los derechos que fueron violados. Pero partamos solo de un principio y veamos en qué país del mundo se aplica una sanción, sin darle el derecho a apelar y defenderse.

¿Por qué salieron del aire en lugar de apelar primero?
Porque la resolución del superintendente decía de ejecución inmediata. Aún más, mientras estaba el obediente secretario general de la Supertel, Luis Holguín, entregándonos la resolución y confirmando que salgamos del aire, al mismo tiempo, Jaramillo en rueda de prensa dijo: "En este momento deben estar fuera del aire, porque mi resolución es de ejecución inmediata". Por tanto, no respetaron nuestro derecho de apelar.

Pero, Fabián Jaramillo dice, tan es que han ejercido el derecho a la defensa, que tienen sentencias que les da la razón.
Claro, pero ya me sacaron del aire por 72 horas, ¿puedo hacer algo? No. Ahora solo nos queda exigir el pago de la indemnización.

¿Con el pago de la indemnización se darán por satisfechos, con ello se habrá hecho justicia?
Eso no es lo fundamental, pero servirá para sentar un precedente, ya que el daño moral al buen nombre es incuantificable. Luego, hay que exigir que se cumpla lo que manda a Constitución, es decir que la Supertel aplique el derecho de repetición del pago al señor superintendente que ordenó la suspensión.
Hay que sentar un precedente, no es cuestión de que por estar detrás de un escritorio me siento poderoso y firmo cualquier cosa. Debe haber responsabilidad.

¿Cree que el superintendente se apresuró por acatar una disposición del presidente Correa?
Fíjese que las dos anteriores sanciones de $20 y $40 no fueron de ejecución inmediata y en ninguna sanción dictada por la Supertel lo ha sido. Simplemente, quisieron sacarnos del aire y lo hicieron violando la ley.

Luego de la suspensión temporal, el presidente Correa dijo que le parecía poco.
Solo así se explica la actuación de Jaramillo, porque jurídicamente hablando no hay sustento para sacarnos del aire.

¿Recuerda algún caso en el que se haya aplicado la repetición?
Llevo más de 30 años en el ejercicio profesional y no recuerdo un solo caso. Pero, en la Constitución aprobada en la ciudad de Montecristi el año 2008, la norma es mucho más clara y obligatoria, pues dice que la entidad del Estado debe repetir en contra del funcionario responsable de una resolución sin sustento legal.

¿Por qué responsabilizar solo a Jaramillo, dado que sus resoluciones se basa en informes de técnicos de la entidad. Debería ser compartida esa responsabilidad?
El responsable es la máxima autoridad. En los informes hay una frasecita al final que dice: "Esta es mi opinión, salvo su mejor criterio".

Las sanciones a Teleamazonas

Durante el Gobierno de Rafael Correa, se han efectuado cuatro sanciones en contra del canal Teleamazonas.

La primera de $20 fue por emitir un avance sobre una corrida de toros en horario no permitido.

La segunda de $40 se dio por haber causado conmoción social al difundir de una noticia falsa sobre un supuesto centro clandestino del Consejo Nacional Electoral (CNE).

En ambos casos, Teleamazonas apeló y, en días pasados, recibió una respuesta a su favor, debido a que directivos del Conatel no presentaron sus argumentos en el término fijado por la ley, con lo cual incurrieron en lo que jurídicamente se denomina "silencio positivo".

La tercera sanción fue la suspensión temporal por 72 horas de la programación del canal, del 22 al 25 de diciembre del año pasado, por una supuesta conmoción social generada por una noticia sobre afectaciones a la pesca en la isla Puná por actividades de exploración de gas, iniciadas bajo alianza por las estatales Petroecuador y PDVSA de Venezuela.

El canal pidió una acción de protección. En primera instancia, la jueza octava de la Niñez y la Adolescencia negó ese recurso, pero el canal apeló y los jueces de la Primera Sala Penal de la Corte Provincial de Pichincha declararon inconstitucional la suspensión y además dispusieron el pago de una indemnización por daños y perjuicios.

Hora GMT: 22/Marzo/2010 - 05:06