Orden telegráfica para espiar a la Justicia

A inicios de mayo, una orden superior para espiar a jueces y fiscales levantó los comentarios policiales. Autoridades lo desconocen

Orden telegráfica para "espiar" a los jueces y fiscales llega a repartos

"Contrainteligencia"

BLANCO Y NEGRO tuvo acceso a copias de comunicaciones de jefes policiales sobre la medida, con base en lo resuelto supuestamente en una reunión entre varias autoridades

Muchos jueces y fiscales a escala nacional podrían estar sometidos -desde mediados de mayo- a actividades de contrainteligencia como medida preventiva contra la corrupción, según una disposición que se repartió en los despachos de la Policía Judicial en todo el país y que sería consecuencia directa de un acuerdo entre dependencias del Ejecutivo y el aparato judicial.

La orden policial llegó el 12 de mayo pasado a los diferentes repartos a través de un telegrama enviado desde la Dirección Nacional de la Policía Judicial e Investigaciones (PJI).

El despacho correspondía a una orden con el registro telegráfico número 2009-0587 J, el que tenía como origen la Dirección Nacional y como destinatarios los mandos de las jefaturas y subjefaturas de la Policía Judicial en el ámbito nacional, según copias del documento al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO.

El despacho expresamente disponía: "Srs. jefes y subjefes, para su conocimiento y estricto cumplimiento, adjunto remito fotocopia del memorando n.° 2009-0943 DGO-PNE, de fecha 08 de mayo de 2009, y sus anexos, suscrito por el director general de operaciones de la PNE, atentamente...".

Como consta en una copia del documento confiada a este Diario, se refiere a la carta remitida el 8 de mayo de 2009 por el ex director nacional de Operaciones general Juan Sosa Barreno al entonces director nacional de la PJI, Oswaldo Yépez Cadena.

En ella, se señalaba que, de acuerdo a la reunión mantenida el viernes 8 de mayo de 2009 en la Sala de Prensa del Ministerio de Gobierno y Policía, "... mucho agradeceré a usted disponer se realice contrainteligencia de las actividades de los fiscales y jueces para evitar actos de corrupción, e informe al respecto para comunicar en la próxima reunión".

Fuentes policiales confirmaron que la orden llegó a los diversos repartos del país. Sin embargo, las mismas no han podido determinar si la disposición está en ejecución.

La reunión matriz. Entre el 6 y el 7 de mayo de 2009, llegó a varias dependencias del Ejecutivo y del sistema judicial la convocatoria a una reunión que se iba a realizar en la sala de prensa del Ministerio de Gobierno y Policía el pasado 8 de mayo.

La invitación para el encuentro está fechada 6 de mayo y se hizo en una carta de ese Ministerio. Consta como oficio 2009-0005-DMG-SSC.

En una copia del documento repartido entre esas dependencias y al que tuvo acceso BLANCO Y NEGRO, constan las firmas de los ministros de Gobierno, Gustavo Jalkh, y de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal.

La convocatoria calificada de "urgente" señalaba que era para realizar una reunión de trabajo, "a fin de establecer mecanismos de coordinación operativa entre la Policía y el Sistema Judicial que permitan mejorar los niveles de seguridad en el país, especialmente en la Zona de Frontera Norte...".

Para ese fin, se fijó una hora, entre las 09:30 y 10:30 de ese día. En total, 10 fueron los convocados, entre ellos, tres ministros de Estado, el fiscal general, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente Nacional de la Judicatura y varios jefes policiales -como el entonces comandante general Jaime Hurtado- y los directores de Operaciones y de la Dirección Nacional de la Policía Judicial.

A la cita llegaron los convocados casi a la hora prevista, pero no todos se quedaron. Después de que se terminaron los saludos de rigor, algunos abandonaron el recinto. Ese fue el caso del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, quien apenas estuvo en la sala por unos diez minutos, según relató.

En representación de la Fiscalía, en cambio, estuvo el fiscal subrogante, Alfredo Alvear, dado que Washington Pesántez, no pudo acudir. En cambio, el delegado por el Consejo de la Judicatura fue Gustavo Donoso.

Todos esos funcionarios aseguraron no haber discutido una propuesta para espiar a jueces y fiscales, al menos, en el tiempo que estuvieron presentes en la cita.

En el caso del fiscal general del Estado, Washington Pesántez, hubo el rechazo tajante a la posibilidad de que se ejecute contrainteligencia a fiscales, más aún cuando esa misma institución tiene sus propios sistemas de control.

Según el reporte que le dio el fiscal subrogante, en la reunión se habló de generalidades y no tuvo mayor trascendencia.

Entre los documentos que acompañan las disposiciones policiales están las estadísticas de los ciudadanos aprehendidos y que han recuperado la libertad luego de la formulación de cargos que han sido registrados en la Policía Judicial a escala nacional. Así, consta que entre enero y abril de este año, se han aprendido un total de 3 915 personas en delito flagrante. De ellos, 1 799 están en libertad después de esa diligencia.

BLANCO Y NEGRO intentó -desde inicios de la semana pasada- mantener un diálogo con el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, para hablar de las decisiones adoptadas durante la reunión del 8 de mayo y las disposiciones de jefes policiales en ese sentido. La cita no se dio por la apretada agenda del ministro. El ministro de Seguridad Interna y Externa Carvajal accedió el viernes pasado una entrevista y dio su versión. (LB-MP)

La cita del 8

Tres ministros estaban en la convocatoria a la cita del 8 de mayo: Gustavo Jalkh (Gobierno), Miguel Carvajal (Seguridad) y Néstor Arbito (Justicia).

A más de Jaime Hurtado, ex comandante, y los jefes de la PJ y de la Dirección de Operaciones, fue convocado el jefe de la Unidad de Frontera Norte, Carlos Flores.

Gustavo Jalkh y Miguel Carvajal firmaron la convocartoria a la reunión del 8 de mayo. La misma tenía la calificación de urgente.

Las autoridades del sistema judicial asistieron al encuentro o enviaron a delegados, como en el caso del Consejo de la Judicatura y de la Fiscalía General de la Nación.

Carvajal niega seguimiento a jueces

Ministro de Seguridad interna y externa

Miguel Carvajal, ministro de Seguridad Interna y Externa, se mostró sorprendido ante una orden policial para realizar contrainteligencia a fiscales y jueces en el país.

Según Carvajal, la reunión del 8 de mayo fue un primer encuentro con los representantes del sistema judicial y del área de seguridad, en la que se planteó la necesidad de establecer ese tipo de actividades y una periodicidad, que se fijó mensual.

El objetivo, dijo, es mejorar la coordinación institucional y fijar mecanismos de seguimiento. "Pero en esa reunión no se ha resuelto lo que está aquí en este memorando que tendrá que explicarlo el general Sosa, porque sería un absurdo", sentenció.(LB)

Yépez ofreció revisar los archivos

Jefe de la policía judicial

Rafael Yépez, hasta la semana pasada jefe de la Dirección Nacional de la Policía Judicial, dijo -en un breve diálogo telefónico el viernes pasado- que no recordaba haber recibido un memo para que se disponga realizar actividades de contrainteligencia a jueces y fiscales.

El oficial comentó que habría que verificar en los archivos si esa disposición llegó a esa dependencia y si esta tuvo un trámite posterior. El contacto telefónico con el jefe de la Policía Judicial se produjo a las 13:30.

En ese diálogo, Yépez ofreció realizar esa verificación en horas de la tarde, pero -al cierre de esta edición- aún no lo confirmaba. BLANCO Y NEGRO intentó comunicarse pasadas las 17:00 con el oficial, pero un subalterno dijo que su jefe había salido hacia la Fiscalía. (LB)

Troya estuvo cinco minutos y salió

En la cita del 8 de mayo

El Presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Vicente Troya, a través del Departamento de Comunicación, contestó que sí acudió a la reunión, sin embargo, estuvo en ella los primeros cinco minutos, en el acto inaugural, y luego se fue.

Por esas circunstancias, dijo que desconoce lo que se habrá tratado luego en la cita y afirmó que no ha firmado documento alguno. Asimismo se le consultó sobre la decisión de investigar a jueces y fiscales, pero su respuesta fue que "no puede opinar de algo de lo que no conoce".

Las respuestas se dieron tras haber solicitado una entrevista al departamento de Comunicación Social y haberle consultado por escrito ante la negativa de hacerlo personalmente. (ET)

Agenda de Jalkh estaba apretada...

Ministro de gobierno

El 23 de mayo pasado, BLANCO Y NEGRO solicitó una entrevista con el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, a través de su asesora. A inicios de la semana pasada, se buscó una respuesta, pero se dijo que la agenda del ministro estaba muy apretada.

El miércoles se intentó un acercamiento con Jalkh en un evento sobre drogas en Quito, pero allí se informó que el ministro tuvo que ir de urgencia a Guayaquil.

Frente a eso, se le hizo saber de la disposición de espiar a jueces y fiscales para que de ser necesario tener una versión del ministro vía telefónica. El jueves hubo ajetreo en la Policía por el relevo y la posesión del nuevo comandante. El viernes se insistió nuevamente por la entrevista y la misma se pudo pactar para hoy. (LB)

"Consejo no aborda inteligencia"

Reuniones con el Gobierno

Gustavo Donoso, director general encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), dijo que Xavier Arosemena se ha reunido con los ministros de Gobierno y de Justicia para hablar sobre una planificación de seguridad. Donoso señaló que se han establecido políticas de seguridad sobre los espacios de los jueces, pero que nunca se ha topado el tema de inteligencia.

"Nosotros, los civiles, aunque estemos ligados al área penal o jurisdiccional, de ninguna manera podemos incursionar en el campo de inteligencia. Me parece que es una política absolutamente reservada para las autoridades policiales", sostuvo el funcionario. (GCA)

Malestar en las filas policiales baja tras la salida de hurtado

Hubo una serie de hechos en los últimos meses

Un correo electrónico, una bomba panfletaria, reuniones de altos oficiales para un posible paro... hubo en la Policía frente a la falta de "defensa institucional" por parte de la ex cúpula

La salida del comandante de Policía, Jaime Hurtado, la semana pasada, fue bien recibida por la mayoría de efectivos de la Policía a todo nivel. Los últimos meses la situación se tornó dura para la institución, especialmente con el desmantelamiento de la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies) y de la Unidad de Lucha contra el Coyoterismo (Coac), la falta de reacción de la cúpula ante las críticas del Gobierno por los problemas de seguridad y los rumores de que se iba crear el seguro universal con plata del Instituto de Seguridad de la Policía (ISSPOL).

A lo anterior se suman denuncias anónimas de supuestos actos de corrupción de varios de oficiales que ahora están fuera de la Policía.

Hurtado fue criticado dentro de su institución por lo que definieron como su "entreguismo al poder político". La tropa y la mayoría de oficiales -de coroneles para abajo y uno que otro general-, protestaron por cómo "se manchaba a la Policía".

Por semanas, los efectivos esperaron que, si no era el comandante, otro alto oficial dijera algo para "impedir" lo que consideran el desmantelamiento de la institución. Esto porque, según fuentes internas policiales, primero se entregó Tránsito y temen que les quiten otros ámbitos.

No obstante, la posibilidad de que el dinero del ISSPOL pase al Seguro Social General, lo que -según dijeron- iba a afectar la cesantía (en un 50% estimaban) una vez que los policías cumplan al menos 20 años de servicio, provocó que entre 22 y 25 coronles pidan la baja voluntaria en las últimas semanas. Entre la tropa sucedió algo similar.

Las protestas: Una forma de protestar fue a través de un correo electrónico, en la cua se detallaban la actividades secretas de altos oficiales, entre ellos Hurtado.

Otra fue la explosión, en las afueras de la Comandancia de Policía, de una bomba panfletaria. Además, se habría dado, en la Dirección Nacional de la PJ, una reunión de coroneles, jefes de distrito y regimientos, donde se planteó realizar un paro.

Pero la demostración más pública fue cuando el general Jorge Pabón, ex jefe de Personal, llamaba a unirse para defender a la Institución. Fuentes cercanas a lo sucedido dijeron que por este evento hubo una reunión en Carondelet en la cual el Gobierno garantizaba que no se tocará el dinero del ISSPOL. Sin embargo, los oficiales habrían pedido que esa garantía se plasme en un documento.

En la ceremonia de posesión de Freddy Martínez como sucesor de Hurtado, Correa dijo: "más que con rabia, con tristeza, he visto un video de un general de Policía (Pabón) creando intrigas en un acto público, dando a entender que se iba a eliminar la cesantía, llamando a la unidad. Más que el rol de un general, era el de un dirigente sindical mediocre y populista". (MP)

Los procesos en contra del ex jefe de la Uies son un tema pendiente

Uno de los retos que deberá afrontar el nuevo comandante de Policía, Freddy Martínez, así como los generales que quedaron en la cúpula, es resolver el caso del mayor Manuel Silva, el ex jefe de la Unidad de Investigaciones Especiales (Uies).

Hasta el jueves pasado, el oficial presentó sus pruebas dentro del proceso de pedido de baja hecho por el Consejo de Generales, por su supuesta ausencia ilegal, al no presentarse a la Policía Judicial de Tungurahua en febrero. Silva, durante el plazo que corría para incorporarse a esas funciones, solicitó la baja voluntaria. Sin embargo, al respecto no ha habido ningún pronunciamiento.

Una de las últimas resoluciones de los generales en torno al caso Silva fue que se revisara si se cumplió o no con el debido proceso. Por eso encargó a la Inspectoría que se recabase más información.

También están de por medio las dos solicitudes de silencio administrativo presentadas hace casi dos semanas por Silva. La una es sobre la investigación administrativa por supuesta mala conducta profesional, en la que está involucrado junto con tres capitanes que eran de la Uies. La otra fue en torno a su pedido de baja de la institución. Todavía no se ha producido ningún pronunciamiento al respecto. (SL)

Otros detalles

El malestar entre los miembros de la Policía se hizo más evidente a raíz de febrero, con la crisis de la Uies y del Coac. Hacia finales de marzo se conoció un amplio correo electrónico que cuestionaba a Jaime Hurtado, ex comandante.

En ese panfleto se lo acusa de supuestos actos "inmorales y de corrupción", que, según esas hojas, se probarían si se investiga los viajes a Guayaquil del ahora general en retiro. Además, se señala que Hurtado sólo cuidaba su puesto.

En términos duros también se referían a los generales Rafael García y Ramiro López. De ellos se dice que buscaban garantizar sus cargos dentro de la institución policial. Y reclamaban un baño de verdad y depuración.

"Queremos una Policía donde se oiga nuestra voz, donde nuestros representantes entiendan que son nuestra Cúpula Policial", es una parte del texto de la bomba panfletaria que estalló frente a la Comandancia.

El silencio que mantuvo la Cúpula Policial saliente y los anuncios de que el dinero de Isspol iba a tener otro uso, ha generado malestar en las filas policiales, el cual aún seguriría pese al cambió del comandante. (SL-MP)

Los nuevos decretos marcan la marcha de la Fuerza pública

Disposiciones del ejecutivo

El 6 de mayo de este año, el presidente Rafael Correa emitió los decretos ejecutivos 1720, 1721 y 1622, para regular algunas normas de la Policía y de las Fuerzas Armadas. Hay reacciones

Los temas de inteligencia y coordinación en las instituciones de Fuerza Pública se encuentran pendientes luego de que el presidente Rafael Correa dictara los decretos 1720 y 1721, el 6 mayo de este año. Con estas normas se reglamentan las leyes de Defensa Nacional y de Personal de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Así, el Decreto Ejecutivo 1720 aborda la Ley de Personal de Fuerzas Armadas; tiene 90 artículos y una disposición transitoria. Para Nelson Reyes, presidente de la Asociación de Militares de Servicio Pasivo Quito Luz de América, solo favorece a la cúpula institucional.

Con ese criterio coincidió un miembro en servicio activo (prefirió omitir su nombre) al señalar su descontento por la extensión a 35 años del tiempo de servicio para acogerse al retiro y la prolongación del número de años para el ascenso de un rango a otro. "Eso solo beneficia a los oficiales porque, a la larga, al momento de jubilarse, recibirán más plata", dijo.

El art. 20 también genera preocupación. Ahí se establece, entre otras cosas, que ningún instituto de formación militar exigirá garantía económica para el ingreso a cualquiera de los cursos de formación y, en general, ninguna contraprestación económica. No obstante, el art. 21 de dicha norma especifica que, si el aspirante a oficial o tropa es separado del instituto antes de su graduación (por decisión voluntaria, bajas calificaciones o mala conducta), debe devolver a la institución el costo de la inversión.

La normativa, a decir de Pedro Mota, militar en servicio pasivo, no tiene sentido y es un atentado al art. 28 de la Constitución, que garantiza una educación. "La formación de los militares también es responsabilidad del Estado. La Constitución garantiza cobertura para las personas que buscan su formación. Un militar está ingresando por voluntad propia y por la gratuidad que existe", añadió.

El decreto, en su art. 28, aborda la capacitación para el personal. Los oficiales especialistas en el grado de teniente coronel, o su equivalente en las otras fuerzas, comprendidos en lo establecido en el último inciso de la Ley de Personal de FFAA, realizarán el curso de especialización según "las necesidades institucionales", requisito para su ascenso al grado de coronel, con duración de cuatro meses. El coronel o capitán de navío de Estado Mayor de Arma que desee ascender a general de brigada, o su equivalente, puede aspirar a un curso de Estado Mayor Conjunto de ocho meses de duración. Los tenientes especialistas, o su equivalente en la Fuerza Naval, no harán curso para ascenso. Solo deberán cumplir el tiempo establecido en la Ley de Personal.

Órganos reguladores: El Decreto 1721, que reglamenta la Ley de Defensa Nacional, mantiene al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) como responsable de la defensa nacional.

Mediante este decreto se determina que el Ministerio de Defensa es el órgano político, estratégico y administrativo capaz de dirigir la política de defensa nacional.

Frente a ello, Mota señaló que el Cosena tiene un gran reto para dotar de equipos modernos a la Fuerza Pública, algo que se relaciona con el Decreto 1622 (ver nota adjunta). "La institución se encuentra con material obsoleto. Por ejemplo, la Fuerza Aérea (FAE) no cuenta con aviones modernos y la Marina debe renovar sus embarcaciones", detalló el militar en servicio pasivo. (GCA)

La adquisición de los bienes estratégicos

El Decreto Ejecutivo 1622 contempla el Reglamento para las contrataciones de bienes estratégicos y servicios conexos necesarios para la defensa nacional. Esta disposición contempla que el Ministerio de Defensa Nacional contará con un Plan Anual de Contratación de Bienes Estratégicos (PACBE), en el que deberán constar los bienes necesarios para la defensa nacional y servicios conexos, en función de las necesidades y las expectativas institucionales.

El Plan Anual de Contrataciones de Bienes Estratégicos será elaborado por el Comando Conjunto de las FFAA, en coordinación con las comandancias generales de Fuerza y la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Defensa Nacional.

La Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Defensa priorizará las adquisiciones del Plan Anual de Contrataciones de Bienes Estratégicos, las cuales guardarán coherencia con el Plan Anual de Inversiones (PAI) y el Plan Operativo Anual (POA).

Detalles

• Javier Ponce, ministro de Defensa, aclaró que Correa tiene la facultad de adelantar el reglamento de la Ley de Personal de FFAA.


• En el Decreto 1622, el jefe del Comando Conjunto de FFAA debe presentar por escrito la adquisición de bienes estratégicos.


• La Motivación técnica para la calificación de bienes estratégicos será remitida al ministro de Defensa Nacional.


• El Comité de Contratación lo conforman el ministro de Defensa, el jefe del Comando, el comandante de Fuerza, entre otros.


• Las ofertas para la contratación y adquisición de bienes se receptarán en la Dirección de Contratación de Bienes Estratégicos.

Javier Ponce asume la Presidencia

Consejo de Defensa

Esta semana, el ministro de Defensa, Javier Ponce, asumirá la Presidencia pro témpore del Consejo Sudamericano de Seguridad. Esta decisión se tomó en abril, luego de que se reunieron los secretarios de Defensa de los países de Sudamérica. Ellos integran el Consejo.

Este organismo fue creado en marzo, durante una cita de la Unión de Naciones del Sur (Unasur). Su objetivo es crear "una política común de Defensa para el continente", la que incluirá políticas de transparencia en gasto militar, cooperación ante desastres militares y capacitación.

Incluso la Argentina propuso que se creara una escuela de estudios militares, similar a la Escuela de las Américas, promovida y dirigida por los EEUU. (GCA)

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Hora GMT: 01/Junio/2009 - 05:10