Tres recientes documentos sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador, dos internacionales y uno generado en el país, coinciden en señalar tres temas de preocupación: restricciones a la libertad de expresión, criminalización de la opinión y la protesta social y falta de independencia de los jueces.
En el Examen Periódico Universal (EPU) al que se sujetó el país en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra,
17 países expresaron sus observaciones por los procesos judiciales en contra de periodistas y medios de comunicación, por las normas que criminalizan la opinión y por el proyecto de Ley de Comunicación, con propósitos sancionadores.
El informe anual de Amnistía Internacional, difundido en Londres, se refiere también a la situación de deterioro de los derechos humanos en el Ecuador y, además de puntualizar las lesiones a la libertad de expresión, reseña los cargos falsos de sabotaje y terrorismo contra dirigentes indígenas por presuntos delitos cometidos durante manifestaciones contra la minería.
Dentro del país, la Universidad Andina divulgó días atrás su informe anual sobre la situación de los derechos humanos. En él pone de relieve los problemas con la libertad de expresión y la criminalización de la protesta social,
en referencia también a los casos
de dirigentes sociales e indígenas procesados por supuestos delitos sabotaje y terrorismo.
Además, el informe señala que "las reformas introducidas alteraron el diseño constitucional de la Función Judicial; le restaron independencia, limitando así su calidad de garante de los derechos" y que, "bajo este marco de falta de independencia judicial, continuó la utilización de la justicia penal como un mecanismo de criminalización de la protesta social y de la opinión".
La preocupación por falta de independencia judicial consta también entre las observaciones en Ginebra y el informe de Amnistía.
Ciudad Quito
