La determinación de techos legales para el gasto electoral y su control responden a la intención de crear condiciones de igualdad en las competencias electorales.
No obstante, la experiencia ha demostrado la impunidad con la que se vulnera la ley, cuando no se cuenta con una función electoral imparcial y los integrantes del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales provinciales son vinculados a los partidos sobre los que ejercen el control y la justicia electoral y responden a los intereses del Gobierno de turno.
Cuando en las anteriores elecciones el Estado asumió la financiación de la campaña electoral en prensa, radio, televisión y vallas, se justificó también la decisión con el argumento de propiciar una participación en igualdad de condiciones en la competencia electoral.
Las ventajas económicas daban a unos candidatos más que a otros un más amplio acceso a la publicidad electoral en los medios de comunicación.
No obstante, la participación del Gobierno en la anterior campaña para la elección de asambleístas y en la actual por el referendo se hace aun desde antes que se apruebe el proyecto constitucional en Montecristi.
El uso de la maquinaria pública para favorecer la tesis del Gobierno y la participación de gobiernos locales genera condiciones de extrema desigualdad en la competencia electoral. Ni siquiera la publicidad gubernamental se ha suspendido durante la campaña.
Con tan extrema desigualdad, las elecciones se convierten en una ficción democrática.
Hora GMT: 05/Septiembre/2008 - 06:20
