Por Juan Falconí Puig
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El servicio público de justicia, deficiente en todas partes, en el Ecuador llega al deplorable nivel de indigencia. El profesor español Alejandro Nieto, autor del libro El desgobierno judicial, acaba de publicar El malestar de los jueces y el modelo judicial, obras en las que destaca los problemas en el hacer justicia, más graves en el remedo de justicia ecuatoriana. El último episodio, visto que un escándalo tapa al anterior, es el enfrentamiento del coronel de Policía Ruales con jueces de garantías penales. Ante las críticas del oficial, si los jueces querían dar su versión a la opinión públicam podían haber explicado y justificado sus decisiones en los casos concretos, sin amenazar con enjuiciarlo por injurias. Además, en los casos polémicos, probablemente, el policía podría invocar la exceptio veritatis, más allá de que no se habrían configurado las injurias que tanto han dolido a ciertos jueces. De uno que otro, conozco providencias claramente ilegales e inmorales, amén de sentencias iguales, hasta con los mismos errores gramaticales, dictadas por jueces distintos.
Y es que el problema viene de arriba, desde la Corte, en la que quien funge de presidente se hace hasta ahora de la vista gorda respecto de los conjueces del caso Isaias-Filanbanco. Ganadores del gordo de la lotería judicial con yapa de 90 días de vacaciones pagadas, el escándalo provocado por su inicua providencia, que no podrá convalidarse por ser de nulidad absoluta, está siendo tapado por el actual. Semejante aberración generó, incluso, la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, publicada en el R.O. 123, del 4-2-2010, rechazando un fallo "que a través de su resolución pretende cambiar la figura del presunto delito de peculado, imputado a los hermanos Isaías, por el de falsificación de documentos, lo que dejaría en la impunidad este caso, que perjudicó a millones de ecuatorianos". La resolución exhorta también al Consejo de la Judicatura a que "investigue la actuación de los conjueces, así como decidir las sanciones que correspondan y en general realizar un seguimiento al proceso, para evitar que sigan realizándose maniobras que impidan su normal tratamiento y resolución". En lugar de ello, ¡vacaciones pagadas! hasta que baje el escándalo y queden las cosas tal cual diseñó, quién sabe, el hombrecillo del maletín o algún conserje. ¿Y qué del intento de soborno que denunció el juez Ulloa?
El numeral 3) de la resolución ratifica la decisión de la Asamblea de permanecer vigilantes a las acciones que sobre este caso deben implementar la Procuraduría, los jueces, la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura, demandando de ellos su actuación con apego a la Constitución y la Ley para evitar la impunidad. ¡Sordo el Caballo de Troya contra la Justicia ecuatoriana!, en la que no habrá higiene mientras la dama que la representa no se quite la venda de los ojos y en su balanza no pesen más las monedas de los prófugos.
Hora GMT: 05/Marzo/2010 - 05:08
