La inversión en obra pública en los últimos cinco años es quizás uno de los ejes más destacados dentro del discurso de la revolución ciudadana. Sin embargo, contrastan con ello las condenas de críticos respecto a que, en ese período, se ha dado un deterioro de las libertades. ¿Son estas dos situaciones los parámetros para medir el estado social de los ecuatorianos?
La imagen de dos personajes populares ecuatorianos cruzando el puente de Bahía de Caráquez y uno de ellos parangonándolo con el de Brooklyn (Nueva York) fue una de las más repetidas en la publicidad oficial en la televisión el año anterior, respecto a la obra vial desarrollada por el Gobierno.
En efecto, este sector está entre los que más inversión en obra pública ha tenido en esta administración, llegando a cifras inéditas en la historia del país, como en los mismos spots oficiales se destacaba.
Por eso, ese puente, como lo es el complejo de puentes construido en la ciudad de Esmeraldas, se han constituido en las obras emblemáticas de este Gobierno, destacándose además en la propaganda oficial la estructura de hormigón (o de "puro concretation", como se dice en el spot) de la mayoría de carreteras habilitadas.
Los datos recientemente proporcionados por María de los Ángeles Duarte, titular de la Cartera de Transporte y Obras Públicas, mencionan que el plan vial iniciado desde 2007 y empujado a partir de un plan emergente concluiría en 2013, y prevé una inversión que bordea los $5 000 millones.
Solo para 2012, se prevé una inversión en este sector de $917 millones, según el programa anual de inversiones establecido por el Régimen para este año. Ese monto es únicamente superado por los recursos que se destinarán a los proyectos que lleva adelante el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, por $994 millones. Obras que, sin embargo, son menos visibles que las vías.
Según el plan anual de inversiones para 2012 y que fue anunciado por el presidente en noviembre pasado, los recursos para la obra pública suman $4 798 millones, monto superior al destinado en 2011, que era de $4 563 millones.
En términos generales, los montos para este año están en los niveles de inversión en obra pública que ha alcanzado el Gobierno en los cuatro años anteriores, que representaba el 13% del Producto Interno Bruto (PIB), cuando en gobiernos anteriores, no rebasaba el 5%, según las estimaciones hechas por el presidente Correa en enero de 2011.
El programa de inversiones ha sido defendido por el Gobierno considerando las metas cumplidas en el marco del concepto del "Buen Vivir" y las proyecciones de crecimiento económico establecidas, que para 2012, se ubican en el 5,35%, con una inflación de 5,14% y un precio de barril de petróleo de $79,73.
"La otra cara de la moneda". Excolaboradores y exfundadores del proyecto político de este Gobierno, como Manuela Gallegos y César Rodríguez, reconocieron aciertos en la gestión del Régimen. Gallegos, por ejemplo, destacó una importante inversión social. Rodríguez, el aporte a los postulados establecidos en la Constitución de Montecristi. Pero para ambos, el Régimen se desvió de su curso e incluso, para Gallegos, este ha distorsionado la idea original de construcción de ciudadanía privilegiando el sostenimiento en el poder. "Ahora, hay mucha gente de derecha en este Gobierno", le dijo a Ecuavisa. Mientras Rodríguez deploró que el desvío del poder ha puesto incluso a funcionarios en el plano de "perdonavidas", en referencia a lo que ve como control total de la justicia.
No obstante, hay lecturas más críticas, incluso entre aquellos sectores que también estuvieron cerca del Gobierno en sus inicios y que hoy se consideran perseguidos políticos, quienes deploran el estado de las libertades en el país a causa de un estilo de gobierno. Entre ellos, están dirigentes indígenas y sociales que han denunciado que 200 personas en el país son víctimas de la "criminalización de la protesta".
Delfín Tenesaca, presidente de la Ecuarunari, en agosto de 2011, señaló que la obra que se ha labrado en estos cinco años es que, a pesar de los importantes ingresos que tiene el país por el precio del petróleo, la desigualdad y la pobreza siguen igual. Además, hay perseguidos, escondidos y enjuiciados.
Para el dirigente indígena, la realidad nacional actual se resume en que "ahora, nadie puede abrir la boca". "Se impide la democracia participativa del pueblo, la Asamblea está al mando de Correa, no se ha sembrado la esperanza para nuestros hijos, las tierras están mal distribuidas y la Ley de Aguas, guardada; la situación de la violencia es grave (....) y a los medios de comunicación, se pretende acallar su voz. Solo los militares y la fuerza pública han sido favorecidos", dijo.
Este sector espera un pronunciamiento luego del pedido de medidas cautelares realizado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras exponer el caso de los 200 procesos seguidos en contra de dirigentes sociales.
Uno de ellos, el shuar José Acacho, justificó la presencia en ese foro, en octubre pasado, en vista de la desconfianza en las instituciones del Estado al no tener autonomía del Ejecutivo.
Otro sector que ha denunciado acoso permanente desde el poder es el de los medios y periodistas independientes, tras los procesos judiciales y causas millonarias empujados por el presidente y otros funcionarios. (LB)
Antecedentes
Según datos del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), en estos cinco años, el país ha recibido ingresos por exportación petrolera por alrededor de $50 000 millones, el doble de entre 2000 y 2006, que fue de $26 600 millones; más del triple de todos los años noventa, de $13 700 millones. Este Gobierno recibió además fondo deahorro petrolero por $1 500 millones. Por acuerdos con la China, el Ecuador ha recibido $7 200 millones. Esos ingresos y la recaudación tributaria han permitido egresos desde 2007 en todo el aparato estatal por $107 000 millones, mientras, entre 2000 y 2006, el egreso fue de $47 782 millones, y en los noventa, de $41 107. Entre 2007 y 2011, el gasto de capital fue de $32 000 millones en todo el sector público.
Jaime Carrera, director del OPF, señaló que, si se mira el contexto de inversión, resulta insuficiente en relación a lo recibido. Cuestiona también la pertinencia con la que se hizo algunas obras que no han tenido la complementariedad del sector privado, esto es vías o puentes con poco tráfico o aeropuertos con poco tránsito, lo que deja interrogantes sobre la eficacia de la inversión.
