Obra pública

Por Francisco Rosales Ramos
rosales@hoy.com.ec

Tenía razón el presidente Correa cuando afirmaba reiteradamente que los gobiernos anteriores habían desatendido la obra pública, especialmente las vías y carreteras -que se encontraban en estado lamentable- y las obras de protección en zonas bajas para evitar las inundaciones invernales, con las consecuencias de pérdidas de vidas humanas, sembríos y semovientes. Los daños de un solo año, decía Correa, valen mucho más que la inversión necesaria para proteger las zonas bajas. Pero la "larga noche neoliberal" eliminó al Estado y su obligación de atender servicios y obra pública básica.

Y junto a esa prédica, el país ha visto en estos tres últimos años inversiones sin precedente en arreglo asfaltado, ensanche y rectificación de vías y construcción masiva de diques y similares para evitar inundaciones. La publicidad oficial, que va a la par con la cuantía de las inversiones, no se cansa de presentar cifras y cuadros estadísticos respecto a la inversión pública en estos campos, que destaca frente a las raquíticas cifras de gobiernos anteriores. Agréguese a lo anterior la permanente emergencia en que se ha colocado estos sectores para facilitar la contratación sin cumplir los largos y tediosos trámites que prevé la Ley, supuestamente para asegurar la transparencia en la contratación y el uso más eficiente y honesto de los recursos públicos. Ha habido contratos en los que el anticipo ha sido igual al 80% del valor de la obra.

Ahora bien, resulta que con las primeras lluvias normales de la estación invernal, después de una larga sequía -nada de Niños de los que el país tiene dolorosas experiencias- las inundaciones se multiplican en las mismas zonas en que se produjeron durante la "larga noche neoliberal". Y en el feriado de Carnaval, miles de familias se vieron imposibilitadas de retornar a Quito debido a derrumbes que interrumpieron las carreteras que unen a la capital con Esmeraldas y Manabí.

Creo que no existen razones para dudar de los montos de inversión realizada por el Gobierno en estas dos áreas de gran prioridad para el país. Pero a los administradores se les juzga por los resultados, no por la cuantía de lo invertido, ni menos por la autopromoción. El balance, lamentablemente, es menos que mediocre. Peor aún, la calificación es de reprobado, si se tiene en cuenta la enorme cantidad de recursos destinados a la obra pública. Existe gran diferencia entre volumen de inversión y resultados logrados.

Es imperativo que la Asamblea Nacional -nombre moderno del antiguo Congreso, pero con iguales o peores defectos que él- abandone esa postura contemplativa frente a las actuaciones del Ejecutivo y cumpla con su deber fundamental de fiscalizar.

A los tres años de la nueva administración no puede exhibir un solo caso de fiscalización efectiva. Al contrario, las denuncias se quedan en los enrevesados trámites creados ex profeso en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Hora GMT: 22/Febrero/2010 - 05:09