Por Mauricio Pozo Crespo
mpozo@hoy.com.ec
En toda organización social, existen autoridades y ejecutores de las decisiones que ellas adoptan. Los Gobiernos están para fijar las normas, hacer cumplir las leyes y sancionar cuando no se respeta la legislación vigente. El Estado, a través del Gobierno, debe establecer los límites de la cancha para que los actores puedan moverse libremente, pero siempre bajo los principios establecidos por las autoridades públicas. Los mercados que mejor funcionan son aquellos en los que las reglas están absolutamente claras y las sanciones se aplican sin importar la condición económica, social o política de los infractores. ¿A quién se le ocurre en los Estados Unidos dejar de pagar impuestos? A nadie, pues todos en ese país saben que dejar de cumplir las obligaciones tributarias es severamente sancionado sin importar de quién se trate. Igual es el caso del robo en países en los que la pena llega hasta la desmembración de una parte del cuerpo, como la mano.
En Dubái, ciudad cosmopolita de los Emiratos Árabes, pueden dejar una billetera en una acera que nadie se le ocurre ni regresar a mirarla, pues saben de la severidad del hurto y del robo.
En el Ecuador del momento, el Gobierno en funciones tiene atravesado en la cabeza que puede ser actor y supervisor. Que puede, él solo, empujar la economía al crecimiento o que, controlando al sector financiero, puede también fijar precios, es decir, ser juez y parte. Si en este ámbito quiere controlar ese mercado, no lo va a poder hacer fijando precios, pues es un mecanismo del propio mercado donde Gobierno debe supervisar, pero nunca participar. ¿Quiere establecer ciertas normas o techos a las tasas de interés? Entonces, establezca límites sobre la varianza de las tasas o en puntos porcentuales sobre los promedios del mercado, pero sin afectar la realidad del mercado, sea o no a gusto del Gobierno. Lo único que produce una intervención antitécnica y política es generar más distorsiones y alejar a la informalidad a importantes grupos de población. Con el actual Gobierno, la absurda intervención en el mercado bancario ha generado alrededor de 150 mil personas que han regresado a la informalidad.
Las economías prósperas son las que permiten el concurso simultáneo y equilibrado del sector público y privado, jamás sobre la base de un solo sector. Los países no logran desarrollo y prosperidad cuando el Gobierno busca impulsar la economía sin el aporte de la actividad privada. Es el concurso privado el que promueve la captación de mano de obra, no lo el Gobierno. Buscar reducir el desempleo por la vía pública no solo es insostenible e inviable, sino inconveniente y errado. El gran demandante de fuerza de trabajo es el sector privado, y sin su participación es imposible alcanzar tal meta.
El rol del Estado y del sector privado debe estar absolutamente bien delimitado. El Estado está para regular, no para actuar como jugador en el mercado. El Estado es importante y necesario, pero sin superar las barreras ni los limites del sector privado. O soy juez o soy actor, no ambas cosas. Roles bien definidos evita distorsiones.
Hora GMT: 09/Noviembre/2009 - 05:07
