El Gobierno envió al congresillo un proyecto de Ley de Seguri- dad Pública y del Estado, el cual encarna nuevos conceptos. Y dentro de esa propuesta, se fija un nuevo sistema de Inteligencia, cuyo manejo está en manos del Ejecutivo
La seguridad tiene otros sesgos
Primer paquete de reformas en marcha ya llegó al CongresilloProyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado sigue los lineamientos de comisión que investigó "infiltración" de los servicios secretos. Lo más sensible: el control del Ejecutivo del sistema nacional
Con la discusión y la eventual aprobación en el congresillo de un nuevo esquema de inteligencia nacional, el Gobierno intentaría cerrar la polémica que ha envuelto a las agencias especializadas del país luego del bombardeo del Ejército colombiano al campamento de las FARC en Angostura, el 1.° de marzo de 2008.
La propuesta fue remitida a la Comisión Legislativa el pasado 2 de junio, en el marco de la nueva Ley de Seguridad Pública y del Estado que presentó el Ejecutivo. Allí, se fijan en esencia criterios rigurosos en el manejo de la reserva.
Aunque no se presenta como una ley específica en materia de inteligencia, la propuesta sigue los lineamientos sugeridos en el informe de octubre de 2008 de la comisión especial que investigó la infiltración de los organismos de inteligencia nacionales por parte de agencias internacionales.
Así, en el párrafo cuatro de las recomendaciones, se señalaba: "Promulgar una ley de inteligencia nacional que impulse un nuevo sistema de conducción política dependiente de la Presidencia de la República, que planifique, controle, direccione, coordine y articule a los subsistemas de inteligencia de FFAA".
Hasta hace un mes, se sabía de la intención de ir con una ley exclusiva en esta materia, incluso se filtraron algunos documentos que supuestamente eran versiones del proyecto. Miguel Carvajal, ministro de Seguridad, admitió que hubo esa discusión, pero dijo que solo en un inicio.
La oposición sugiere que la intención real de fondo es aprobar el nuevo sistema de inteligencia, pero por estrategia se lo ha introducido en un tema más general, supuestamente para reducir los efectos políticos, debido a la sensibilidad de algunos puntos.
De hecho, el aspecto más sensible es el control político directo del Ejecutivo, lo cual se enmarca en la sugerencia de la comisión especial que indagó las "infiltraciones".
Esa misma instancia recomendó otros puntos, algunos de los cuales ya se ejecutaron. Entre otros, la reestructuración de las unidades de inteligencia militar y policial, la reubicación de personal sospechoso de la infiltración y la suspensión y prohibición de la cooperación financiera internacional destinada a los órganos de inteligencia ecuatorianos que no tenga la venia de las autoridades políticas responsables.
Sobre este último punto, en el proyecto del Ejecutivo se puso un nuevo filtro hacia futuro. En el art. 7 se señala que la Cancillería "coordinará la cooperación, intercambio de información y operaciones militares... conforme a los instrumentos y tratados internacionales, en el marco del respeto a la soberanía nacional y los derechos de las personas...". La misma coordinación se fija para la cooperación, el intercambio de información y las operaciones policiales acordadas con otros países.
En el campo del Ejecutivo, hay medidas en camino. Así, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, mantiene diálogos con la Embajada de los EEUU para establecer el marco de la cooperación. Hay temas específicos, como el caso de la lucha contra las drogas. Bajo los criterios de diversificar las ayudas, se tiene previsto también iniciar diálogos con Gobiernos de otros países.
Los lineamientos sugeridos por la comisión especial sobre "inflitración" también han nutrido, aparentemente, el contexto del esquema de inteligencia. Ella planteó como fundamental un diagnóstico de amenazas, con distintas bases conceptuales de la seguridad nacional, a fin de establecer escenarios prospectivos que permitan diseñar estrategias y políticas acordes a esos análisis.
La propuesta de ley del Ejecutivo marca esos puntos, aunque la apoya formalmente en las mandatos de la Constitución de Montecristi, cuyo debate no fue ajeno a Angostura.
En su exposición de motivos, el presidente señala que la nueva Constitución exige cambios en la Ley de Seguridad Nacional para volverla concordante con sus mandatos, que consagran a la seguridad como derechos de las personas y pueblos y como un deber para el Estado organizado por nuevos conceptos.
El ministro Carvajal la definió en tres puntos: política actualizada, coordinación institucional fuerte e institucionalidad que dé cuentas de la realidad actual no restringida a lo militar. (LB)
Gastos reservados y ente leal" al régimen es coctel peligroso
En seis artículos, el Gobierno presenta su propuesta de lo que será la Secretaría Nacional de Inteligencia, que busca cambiar la concepción y el manejo de los organismos encargados de realizar los operativos de inteligencia.
En términos generales, la propuesta señala que se trata de una entidad de derecho público, autónoma, con independencia administrativa y financiera, con personalidad jurídica y recursos propios, responsable del Sistema Nacional de Inteligencia. Su titular es nombrado por el presidente.
Este organismo rendirá cuentas al Ejecutivo y a la Asamblea. Tendrá un fondo de gastos especiales, asignados para actividades de inteligencia y contrinteligencia, cuyo uso no será sometido a las restricciones de la Ley de Contratación Púbica.
La información que califique como reservada tendrá ese carácter durante 15 años.
Un juez penal será el responsable de emitir las órdenes para retener, abrir, interceptar o examinar documentos o comunicaciones por cualquier medio.
Miradas críticas: Dos conocedores del trabajo de seguridad, inteligencia y contrainteligencia, les preocupa el alcance de la propuesta.
Mario Pazmiño, quien fuera director de Inteligencia del Ejército, lo resume en una frase: "la Secretaría es un ente político, porque como está planteada la estructura respondería a intereses del Gobierno de turno".
Hasta ahora, sostiene, los objetivos nacionales permanente son los que han marcado el camino que debía seguir las estructuras de inteligencia. "No han sido los objetivos políticos o de gobierno los que han sido refrenciales , porque responden a los intereses de un grupo humano , vinculado a una corriente política, porque esos son temporales", y eso es lo que se está planteando.
Pero esto no es lo único que preocupa. El resurgimiento de los gastos reservados, para un oficial activo vinculado al trabajo de Inteligencia, es una ventana para que nadie los audite. "Los documentos financieros mantienen su carácter reservado y habrá que esperar 15 años para conocer qué se hizo con el dinero". Esto, dijo, se extiende a la información que se obtenga.
Y agregó: "¿Cómo pagaba (Vladimiro) Montesinos (en el Perú) a los diputados, jueces o cualquier otro funcionario público o privado? Jamás aparecerá el verdadero fin de los dineros considerados reservados".
Pazmiño sostuvo que al ser un organismo autónomo puede estructurar, reestructurar, formar grupos especiales de inteligencia política y desintegrar los que considere no útiles para sus objetivos, sin autorización". (MP-SL)
Conceptos básicos
1 Seguridad es un tema que abarca el especto externo del país, tiene que ver con la "relación de potencia nacional y el equilibrio internacional que garantiza a cada país la integridad de su territorio, y el ejercicio de sus derechos en el plano de igualdad con los demás integrantes de la comunidad de naciones". En el campo interno "es la situación y sistema político que manifiesta la realidad o propósito de un orden nacional en que los poderes públicos son respetados". La Seguridad Pública es de responsabilidad del Gobierno que debe garantizar el orden y la paz públicos. Seguridad social se traduce en la necesidad de consevar el bien logrado y evitar los males que contra él conspiren.
2 Inteligencia es el proceso mediante el cual se obtiene o colecta información que permite conocer las "actividades de amenazas que van a afectar a un Estado o a una institución.
3 Contrainteligencia tiene que ver con la seguridad de personas, documentos, instalaciones, comunicaciones, para evitar actos de penetración, infiltración o sabotajes del eniemigo. Principalmente se evita que personal de una entidad trabaje de manera ilegal o desleal para otro ente.
Cosena, reemplazado y se hacen cambios a zonas de seguridad
El proyecto de ley de Seguridad Pública y del Estado, remitido por el presidente Correa, también contempla otros puntos.
1. Comité de Seguridad del Estado: Pasa a reemplazar al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) y estará integrado por los presidentes de las tres funciones, vicepresidente, ministros de Seguridad, Defensa y Gobierno, jefe del Comando Conjunto y comandante de la Policía. Su secretario será el Secretario Nacional de Inteligencia. Los servidores de la Secretaría General del Cosena pasarán a formar parte del Ministerio de Seguridad, al igual que los bienes.
2. Apoyo extranjero: La Cancillería, previo acuerdo con el Ministerio de Defensa o de Gobierno, coordinará la cooperación, intercambio de información y operaciones (sean militares o policiales) acordadas con otros países, conforme instrumentos y tratados internacionales, respetando la soberanía y los derechos de las personas.
3. zonas de seguridad: Las personas naturales o jurídicas extranjeras están prohibidas de comprar o tener concesiones de tierras en las zonas de seguridad de frontera y en las áreas reservadas de seguridad, con excepción de los espacios poblados y urbanos en dichas zonas.
Las zonas de seguridad abarcan el espacio terrestre de 20 Km desde los límites fronterizos hacia el interior del territorio nacional, el espacio marítimo de 10 millas naúticas y el espacio aéreo.
4. Sectores estratégicos: Son los previstos en la Constitución y los correspondientes a la industria de la defensa, de seguridad interna, de investigación científica y tecnológica, para fines de defensa. Según el Art. 313 de la Constitución, son sectores estratégicos: energía, telecomunicaciones, recursos naturales no renovables, transporte, refinación de hidrocarburos, biodiversidad y el patrimonio genético, espectro radioléctrico, agua. Los gobiernos autónomos descentralizados acatarán disposiciones de esta norma.
5. Infracciones: Quienes infrinjan las órdenes de las autoridades de Seguridad serán sancionados con seis meses a tres años de prisión (art 132 del Código Penal). (SL)
Carvajal: "aquí no se está inventando el agua tibia"
Miguel Carvajal, ministro coordinador de Seguridad Interna y Externa, defiende el uso de gastos reservados o especiales para tareas de inteligencia y contrainteligencia, tanto para defensa como para la protección interna y el mantenimiento del orden público. En esos términos se propuso el proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado, que fue remitido al congresillo por el Ejecutivo el pasado 2 de junio.
Recordó que el mal uso dado (en la época de César Verduga) llevó a prescindir de esos fondos y a depender de la cooperación internacional en un campo tan sensible.
Según el proyecto, del uso y destino de esos fondos deberá darse cuentas a la Contraloría; pero aquello no estará sujeto a las restricciones de la Ley de Contratación Pública. Se sigue el mismo esquema que en materia de defensa, dice.
Tampoco ve nada especial en los parámetros de la reserva: "Hay que proteger la información del Estado", remarca. En el proyecto se da potestad a la Secretaría de Inteligencia para calificar la reserva, la cual solo podrá levantarse luego de 15 años. Igualmente, descarta que haya un endurecimiento de las penas por la violación de la reserva, pues se aplica normas del actual Código.
En esencia, dice, se busca mejorar algunas funciones: formular políticas y un plan de inteligencia anual así como tener un nivel de coordinación entre los subsistemas, fundamentalmente de las FFAA y Policía. Pero también está la coordinación en otras áreas clave, como la ambiental o la salud, como se evidenció con la presencia del virus AH1N1.
Aclara que se piensa montar una estructura pequeña, pues el trabajo de inteligencia "no es sino el procesamiento de información para la toma de decisiones fundamentales para la seguridad del Estado", según las nuevas visiones de la seguridad nacional.
Señala que han estudiado varias experiencias y definido criterios que responden a la realidad ecuatoriana: "No se está inventando el agua tibia". El Secretario de Inteligencia es nombrado por el presidente, como en España, Chile, Estados Unidos, etc., donde la responsabilidad de la seguridad es del Ejecutivo. (LB)
La gestión policial se moverá bajo Ley Madre"
La Policía Nacional tendrá una ley madre. En ella se integrarán la estructura institucional, la carrera profesional (personal) y el régimen disciplinario.
La propuesta de reforma integral estaría lista a fines de julio, confirmó el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, quien destacó que, al momento, se pulen documentos de trabajo en los que han aportado técnicos de la Policía y el Ministerio.Esos análisis han llevado a considerar conveniente la idea de integrar en una sola ley orgánica esos tres aspectos: estructura, personal y sistema disciplinario.
Se proyecta que esta ley regule todos esos campos. El ministro confía en que, con ello, se podrá tener una estructura policial mucho más moderna; racionalizar la "teleraña" del actual organigrama policial y, además, fijar claras competencias y, por tanto, tener una organización mucho más ágil.
Precisamente, en este último aspecto, hay un eje sobre el cual se trabaja con especial énfasis: distinguir con amplitud y claridad los límites entre las instancias administrativas y las operativas.
Según el ministro, hay esa discusión con el objetivo de que quienes hayan sido capacitados en operaciones policiales cumplan exclusivamente esa función y no tengan que dedicarse a actividades administrativas.
Con ello, los temas administrativos se encargarían a personal civil, igualmente debidamente capacitado para esas funciones. Por supuesto, dijo Jalkh, habrá un mando policial que estará a cargo de la ejecución de políticas institucionales.
Las funciones de la Policía Nacional han sido ya definidas en el proyecto de Ley de Seguridad Pública y del Estado, que fue enviado por el Ejecutivo al congresillo el pasado 2 de junio.
Allí se fija a esa institución como el organismo ejecutor de la protección interna y el mantenimiento del control del orden público. Además debe contribuir con los esfuerzos públicos, comunitarios y privados que aseguren la seguridad ciudadana y la protección de derechos, libertades y garantías ciudadanas.
¿Una guardia civil? El ministro Jalkh dijo que se ha puesto énfasis en la seguridad ciudadana. "Por supuesto que la Policía, siendo fuerza pública, tiene y mantiene objetivos de guardián del orden público y de la seguridad pública, pero las políticas institucionales de fortalecer la fuerza policial van orientadas hacia la seguridad ciudadana, como un servicio público", acotó. (LB)
A ninguna unidad se la ve actuando libremente"
El ministro Gustavo Jalkh descartó que los problemas en unidades especiales, como Uies y Coac, hayan creado malestar interno. Más allá de los éxitos operativos logrados en ellas, aseguró que son un ejemplo de cómo no deben funcionar las instituciones.
Señaló que estas unidades deben estar estructuradas dentro de la misma estructura de la Policía, "con adecuadas cadenas de mando, rendición de cuentas, con sistemas de bienestar social iguales para todos....". En el caso de la Uies, sus mandos fueron relevados y se quedó sin financiamiento desde Washington, tras la expulsión del país de un miembro de la CIA, como consecuencia de la polémica por la entrega de información y equipos a la embajada de los EEUU.
El ministro destacó que, tras los cambios, la Policía ha seguido operando contra el crimen organizado con importantes resultados. Sostuvo que, en el último mes, se produjo una de las capturas de droga más importantes de los últimos años.
En cuanto al tema del tránsito, el funcionario descartó el ánimo de restar competencias. Simplemente, señaló, "hay una nueva normativa a la que debemos sujetarnos todos, nos guste o no". (LB)
Correa apuesta a mandos renovados
En dos años y cuatro meses del actual Gobierno, han dejado las filas de la Policía Nacional 19 generales. La última salida masiva se produjo tras la renuncia del ex comandante Jaime Hurtado, la semana antepasada.
Esta renuncia produjo un torbellino" al interior de la institución, que dejó a otros nueve generales fuera de la misma. Ahora, el mando apenas está conformado por siete generales.
Una reseña de El Telégrafo señala que el nombramiento del nuevo jefe (Freddy Martínez, de la última generación de generales) fue un proceso que demoró 24 horas, pues, en ese lapso, el presidente Rafael Correa nombró a tres comandantes de tres ternas. Los comandantes nombrados de las dos primeras ternas fueron removidos ipso facto.
La división en filas policiales fue descartada de plano. No obstante, el ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, admitió que fue una decisión difícil, porque "algunos buenos oficiales quedaron fuera", pero que primó el criterio de tener al frente a una nueva generación de generales jóvenes -con buena formación y óptimas relaciones entre sí- en pro de darle un mayor impulso a los procesos de reforma y de modernización institucional. Jalkh destacó el alto nivel de formación de los nuevos oficiales. Esto le daría una proyección de largo plazo al mando y le aseguraría mayor estabilidad.
En este cambio no fue ajeno el tema de las FARC. Hurtado renunció después de divulgarse un informe de que había indicios de la presencia de jefes de esa guerrilla en el país. Precisamente, el tema de las FARC pesó en la salida de su antecesor, Bolívar Cisneros, debido a la falta de información de inteligencia policial sobre el bombardeo del 1.º marzo pasado a un campamento de la guerrilla en Angostura (Sucumbíos).
En enero de 2007, el presidente nombró a Cisneros en un proceso similar al de la semana antepasada, que dejó fuera -en pocas horas- a tres comandantes. Esto ante la negativa de esos oficiales de retirarse. Correa acusó de corrupción a algunos. (LB)
Cambios suenan en el ejército
Se concretan hasta mediados del próximo mes
Cita de Gutiérrez con sus compañeros de promoción, antes de los comicios, no habría gustado al Gobierno. Tras ello surgen las versiones de remociones
Amás tardar, a mediados del próximo mes se producirían los cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas y, sobre todo, del Ejército, que se ha comentado en los últimos días.Extraoficialmente se sabe que los oficiales que saldrían de las filas del Ejército son: Fabián Varela, actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Ernesto González, comandante general de la Fuerza Terrestre; Gonzalo Mesa, jefe de Estado Mayor del Comando Conjunto; Hólger Cevallos, jefe de Estado Mayor del Ejército; Fernando Rodríguez, inspector del Ejército; Luis Cárdenas, jefe de Operaciones del Comando Conjunto y Julio Mancheno, director de institutos militares.
Mesa, Cevallos, Rodríguez, Cárdenas y Mancheno son de la promoción del ex presidente Gutiérrez. Según fuentes militares y políticas, una reunión que se habría producido entre Gutiérrez y sus ex compañeros, una semana antes de las elecciones y de la que habría tenido conocimiento el presidente Correa, habría motivado la intención de cambiar la cúpula del Ejército.
Esas fuentes afirman que dos de los oficiales que participaron en el encuentro habrían informado al primer mandatario, pero esto no fue suficiente para frenar los cambios que están en ciernes en esa fuerza.
Los pases se remiten: Desde hace unas semanas, se envían los pases a los oficiales y tropas, dándoles nuevas funciones dentro del Ejército. Esa tarea está prevista que la termine en el transcurso de esta semana.
Por ejemplo, hace unos días se informó que el general Fabián Narváez, quien estaba a cargo de la Fuerza de Tarea del Norte (abarca las Fuerzas de Tarea 1 y 4, que incluye las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Carchi y Sucumbíos), ubicada en Orellana, será trasladado a nuevas funciones.
En su lugar irá el general Bolívar Mena, actual jefe de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. No obstante, la sede de la Fuerza de Tarea del Norte, a partir del 15 de julio, pasará a su nueva sede en Ibarra (Imbabura).
Estos cambios, para los miembros de FFAA, implica posibilidades de ascensos, una vez que cumplan los años de servicio. (SL)
Los oficiales más antiguos en las tres ramas de las FFAA
Fuentes militares estiman que el nuevo jefe del Comando Conjunto de las FFAA será Leonardo Barreiro (FAE). Esto implicaría que Rodrigo Bohórquez salga de esa Fuerza.
En la Marina no estarían previstos cambios. Continuarían los oficiales Livio Espinosa, Alan Molestina, Milton Lalama, Jorge Gross y Pablo Dousdebés. En el Ejército, en cambio, con la salida de los oficiales de la promoción de Gutiérrez los más antiguos serían Marco Vera, Jorge Peña, Mauro Pazmiño, Hugo Navia, Bolívar Mena, Luis Garzón, Fausto Vásquez y Fabián Narváez. De entre ellos se nombraría al comandante del Ejército. (SL)
Detalles
Leonardo Barreiro actualmente es Jefe de Estado Mayor de la FAE y se comenta que tiene cercanía con Javier Ponce.
Este oficial integró la comisión que se conformó en el Ejecutivo para investigar el caso de Angostura.
