Quito. 15.06.94. La expedición de la nueva Ley Agraria pone
fin a tres décadas de reforma del sistema de tenencia de la
tierra en el campo, pero parece no acabar con las disputas de
hecho que han marcado la historia del agro ecuatoriano.

El régimen legal que estuvo vigente hasta antier establecía
varias causales de expropiación de la tierra, entre las cuales
la fundamental era aquella que aludía a la explotación
deficiente de la tierra.

El texto de la nueva Ley dice que los predios rústicos podrán
ser expropiados cuando se hayan mantenido inexplotados por más
de tres años consecutivos y siempre que no estuvieren en áreas
protegidas, de reserva ecológica o constituyan bosques
protectores.

Abogados especializados sostienen que la causal de
inexplotación de tres años ha estado vigente desde la
expedición de la ley en 1964, pero que al suprimirse la
palabra "ineficiente", el proceso de expropiación ha quedado
reducido a su mínima expresión.

Anotan que uno de los aspectos neurálgicos del problema
agrario ha sido la deficiente explotación de la tierra, al
punto que el rendimiento por hectárea de los cultivos tanto de
consumo interno como de exportación en el Ecuador es uno de
los más bajos de América Latina, salvo el caso de algunos
productos.

En el pensamiento de los gestores del proceso de reforma
agraria, ello ameritaba la entrega de la tierra a las
comunidades campesinas que en cambio carecían de ella, en la
perspectiva de que ellas podrían lograr un mejor rendimiento.

A la vuelta de treinta años, algunas comunidades lograron
mejorar el rendimiento de la tierra, pero las cámaras de
agricultura sostienen que el proceso condujo a una baja de la
producción agropecuaria por la desconfianza que generó en los
propietarios de las grandes unidades.

De otro lado, la nueva ley desaparece el Instituto Ecuatoriano
de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) y toda la estructura
instituacional que se formó en torno a esta entidad y en su
lugar crea el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA).

Esta entidad estará constituída por un Consejo Superior cuyos
miembros serán el ministro de Agricultura, quien lo presidirá;
el ministro de Industrias, el Secretario General de
Planificación del CONADE, un representante de los agricultores
y ganaderos y otro de los campesinos.

Desde el punto de vista administrativo, el INDA estará
dirigida por un director ejecutivo, quien serán el encargado
de dirigirlo operativamente y de ejecutar las resoluciones del
INDA.

En la nueva ley, el conocimiento y resolución de los litigios
sobre expropiación de tierras rústicas queda en manos del
propio INDA -hasta ahora IERAC- y de su consejo superior, en
contraposición con la intención inicial del Gobierno de
traspasar esa facultad a la función Judicial.

El argumento que exhibieron algunos especialistas en la
materia era el de que si esa facultad se trasladaba a los
jueces de lo civil, el Estado, como máxima expresión de la
institucionalidad del país, estaría renunciando a su potestad
de decidir el destino de tierras que son de su propiedad,
cuando lo que cabe es una decisión administrativa respecto a
los adjudicatarios.

En todo caso, los litigios sobre precios y otras cuestiones
accesorias, podrán ir a la justicia ordinaria.

Con relación al aprovechamiento y concesión de agua, el
Gobierno finalmente desistió de darle un carácter indefinido y
sin exigencias respecto al uso que se dará a ella,
planteamiento que generó agudas críticas en su contra, puesto
que, según algunos especialistas, ello implicaba retornar a
prácticas que había sido desechadas en el país hace más de
cien años. (2A)