Por Susana Klinkicht
La nueva Ley de Minería, que será presentada para segundo debate esta semana a la Comisión Legislativa, ha sido discutida ampliamente en talleres que han convocado a gobiernos locales, juntas parroquiales, movimientos sociales e indígenas, ambientalistas, pequeños mineros, cámaras de la minería y grandes empresarios. Así, por lo menos, lo han alegado los portavoces del Gobierno y del congresillo. Sin embargo, por parte de los sectores que en estos días se manifestaron en contra de la nueva ley, se denuncia falta de disposición al diálogo. Y, en realidad, los enfrentamientos que se han suscitado entre los que protestan y la Policía, las polémicas entre líderes campesinos y oficialistas, así como la polarización de los comentarios al respecto dan cuenta que, en vez del debate, se profundiza la desinformación.
Las medidas tradicionalmente adoptadas por los grandes consorcios mineros para "compensar" a las comunidades que viven en las inmediaciones de los proyectos y que eran para mitigar los impactos han logrado dividir a las comunidades y hacerlas vulnerables a la manipulación. Un sector se ha convencido, como sucede en el pueblo shuar, de que la minería lo sacará de la pobreza y otro se aferra a los presagios de que será su perdición. También aquellas personas y organizaciones que lideran una oposición intransigente aportan en gran parte al desencuentro. Entre los huelguistas, que incluso arriesgan su vida en una huelga de hambre, hay personas con un nivel ínfimo de información, que no han sido afectadas, que no conocen hasta qué punto lo serán. Hay dirigentes que no son reconocidos por las comunidades que pretenden representar, hay gente que en un inicio se mostró accesible al diálogo, que ahora ha sido radicalizada por la falta de palabra oficial. Pero también el sector informal pugna por una atención equivocada. En vez de someterse a una reglamentación, que reduzca a lo mínimo posible el grave daño ambiental que está causando, busca perpetuar la precariedad..
Lo que la Comisión de Legislación se apresta a discutir, una vez que ha descartado declarar al país como libre de minería metálica a gran escala y a cielo abierto y no quiere dar prioridad a la biodiversidad, son los pasos para controlar los daños y maximizar los ingresos. Esto, en momentos en que no caben las apetencias fiscales sobre ganancias extraordinarias, concebidas cuando los metales subían extraordinariamente en el mercado. Se trata ahora de las ventajas que el país tendrá a largo plazo si declarara partes importantes de la Amazonía y el nacimiento y riberas de las aguas como reservas ecológicas, y no permite, por lo menos aquí, la extracción, tampoco en áreas urbanas y patrimoniales, ni siquiera con permiso de la autoridad correspondiente. Garantiza que el agua superficial y subterránea no pueda ser privatizada, regula la indemnización por daños ecológicos y sociales, busca la coordinación con las comunidades vecinas a las minas. Un primer paso ha sido el anuncio de que la Ley Minera será ordinaria, superada por la Ley de Aguas. Salomónica decisión que, sin embargo, podría albergar otra serie de conflictos jurídicos, como los que ya están ahuyentando a los consorcios interesados.
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Hora GMT: 12/Enero/2009 - 05:09
