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Durante la reunión de Unasur en Chile
Los ministros de Defensa de la región incluyeron esta declaración por pedido de varios países, según manifestaron
SANTIAGO.- Los 12 ministros sudamericanos de Defensa, en una declaración anexa al acta de constitución del Consejo de Defensa Sudamericano de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), acordaron el martes pasado impulsar una lucha coordinada contra el narcotráfico.
"Creemos que es necesario impulsar desde ya una lucha concertada al flagelo del narcotráfico entre nuestros países", enunciaba una declaración anexa, leída por el ministro chileno de Defensa, José Goñi.
La petición es de los ministros y no del consejo, que tiene por misión coordinar acciones de defensa conjunta y de ayuda a catástrofes naturales y dar transparencia a los gastos militares.
"Este es un papel separado y se firmó como una recomendación como ministros, pero no como consejo, porque escapa al ámbito de las funciones del mismo", explicó la ministra de Defensa de la Argentina, Nilsa Garré.
"Este anexo no está dentro del ámbito del consejo porque no es un Consejo de seguridad interna. Y, por lo tanto, no podíamos tomar resoluciones, pero sí, dada la importancia del tema, fue planteado por muchos países y no queríamos quedar al margen de manifestar nuestra preocupación", dijo Goñi.
En el acta constitutiva del consejo, los ministros de Defensa de los 12 países que integran la Unasur rechazaron la presencia o acción de grupos armados al margen de la ley que ejerzan o propicien la violencia, cualquiera sea su origen, y reafirmaron su objetivo de constituirse en un mecanismo de diálogo y coordinación en defensa.
Otro aspecto que se acordó fue que los países miembros elaboren un diagnóstico de la industria de defensa de cada país, identifiquen capacidades y áreas de asociación estratégicas para promover acciones complementarias, de investigación y transferencia tecnológica, y promover iniciativas bilaterales. (AFP)
El Ecuador asumirá Presidencia
Los próximos 23 y 24 de marzo, los miembros de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) se reunirán en Santiago de Chile. En ese encuentro, se definirá la agenda para el traspaso de la Presidencia del organismo al Ecuador (por el momento, está en Chile), que la deberá asumir a partir de mayo próximo.
Este organismo fue creado el 23 de mayo de 2008 en una reunión presidencial en Brasilia, y es considerado como un espacio para promover y fomentar las relaciones entre los países de la región latinoamericana. La iniciativa fue del mandatario brasileño Luis Inácio Lula da Silva. (SL)
Pinchazos telefónicos, vetados por Ejecutivo
El Ejecutivo rechazó la intercepción telefónica como parte del veto parcial al proyecto de reformas al Código de Procedimiento Penal enviado a la Asamblea el 6 de marzo pasado.
La propuesta inicial de la Asamblea Nacional señalaba que se sancionaría con penas de entre dos meses y un año de prisión a quienes intercepten sin orden judicial las conversaciones telefónicas o sustrajesen o abriesen sobres de correspondencia, "con el fin de causarle perjuicio con la información contenida en su interior".
Esta propuesta fue criticada por Andrés Páez, presidente de Izquierda Democrática (ID), quien señaló que se eximía de responsabilidad a quienes realicen espionaje telefónico o abran correspondencia por error.
"Si alguien intercepta una conversación telefónica sin autorización, simplemente argumentará que fue un error y que no lo hizo para causar daño a la víctima. Con ello, quedará libre de culpa", expresa Páez. Por ello, sugirió que estas se hagan solo con pedido judicial y sean consideradas como prueba en casos de sobornos, amenazas e insultos.
León Roldós, asambleísta de la RED, se sumó a las observaciones, indicando que el artículo aprobado inicialmente en la Asamblea era punible (sancionable como delito) si se hacia un uso indebido de la información.
"Mi crítica señala que, de por sí, introduicirse en la transmisión de correos, imagen y voz ya constituye una infracción, mas no el uso que se dé", y por ello respalda el veto enviado por el presidente Rafael Correa, que recoge sus inquietudes.
Correa argumentó en la reforma que con ello se aspira a proteger el derecho a la intimidad, porque esta se ve afectada "con el solo hecho de la interceptación o registro de conversaciones sin autorización judicial, sea cual fuere el fin de dicho acto".
La objeción parcial enviada por el Ejecutivo consta de 29 páginas con 22 reformas al Código de Procedimiento Penal y una al Código Penal, justamente la relacionada a la intercepción de las comunicaciones privadas sin autorización. Se espera el análisis del texto en la Asamblea en los próximos días. (ET)
Reformas
El Art. 19 señala que será sancionado con penas de entre dos meses y un año de prisión quien interceptare conversaciones sin orden judicial.
La norma aprobada por la Asamblea agrega: "con el fin de causarle perjuicio por la información contenida en su interior".
El Ejecutivo reformó la propuesta indicando que serán sancionados quienes intercepten o sustraigan información sin autorización expresa.
La reforma agrega que se exime de la responsabilidad cuando la intercepción telefónica o apertura de sobres se produce por error.
