Varios nuevos artículos sobre el sistema financiero han sido creados y planteados en el proyecto de Constitución. Varios sectores, incluidos ex asambleístas, mantienen una postura crítica frente a los posibles cambios.
El artículo 308, por ejemplo, hace referencia a que "las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse previa autorización del Estado".
A esto, el ex asambleísta, Pablo Lucio Paredes, explicó que este artículo da la potestad al Estado para regular al sistema financiero, con el fin de precautelar los depósitos de los cuentaahorristas.
Paredes señaló que existen otras interpretaciones que indican que el orden público es más que interés público, "ya que se lo entiende como un exceso de intromisión del Gobierno, porque podría controlar y brindar créditos a ciertos sectores", mencionó.
Sin embargo, señaló que este aspecto ha favorecido a los banqueros, ya que al ponerlos en el orden público se concede la facultad coactiva, tal como ocurre con el Instituto de Seguridad Social (IESS). "Esto, de alguna manera, es proporcionar mayor poder a la banca", dijo.
Fernando Pozo, presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (ABPE), señaló que el proyecto confunde la denominación de lo que se considera como un servicio público. "Bajo esta premisa, el agua puede entrar en esta categoría, pero no las operaciones de los bancos", indicó.
Por lo contrario, Pedro Morales, ex presidente de la Mesa de Desarrollo de la Asamblea Constituyente, indicó que la estabilidad económica es un bien público y que las instituciones financieras operan mayoritariamente con recursos que no son propios y generan dinero ficticio, del que extraen rentabilidad. "La generación monetaria debe ser un privilegio exclusivo del Estado", dijo. (Ver gráfico)
Al directivo de la ABPE le preocupa que se defina un servicio público con características obligatorias y de igualdad. "Podría sugerirse que el sistema esté obligado a brindar créditos a todo el mundo y, aunque nos gustaría entregar créditos a varias personas, no todas pueden pagar", señaló.
Otro error, comentó, sería que el sistema financiero sea controlado por el Estado, ya que eso daría injerencia al sector público en el dinero de los ecuatorianos.
Al respecto, Morales aclaró que no se trata de una estatización de la banca. "La reforma se limita a disponer que el Estado garantice la prestación de este servicio, para que los depositantes tengan mayor control sobre su patrimonio", explicó.
Por otra parte, el último proyecto de constitución divide al sistema financiero en cuatro sectores: público, privado, popular y solidario, donde cada uno de esos contará con normas y entidades de control específicas y diferenciadas, según el artículo 309.
Para Alfredo Vegara, ex superintendente de Bancos, los cuatro sectores funcionarían de manera aislada y tendrían su propia Superintendencia. Por lo tanto, "si es que este artículo se aplicara en agosto, las tasas de interés tendrían el siguiente nivel básico: pública 5,0%, privada 9,3%, popular 16,9% y solidaria 34,4%".
Vergara aseguró que semejante dispersión de tasas se vería agravada, "por el hecho de que los distintos entes financieros dejarían de competir entre sí por la determinación de tasas, tarifas y/o por la captación de depositantes y clientes".
Sobre este punto, Paredes señaló que esta será una manera de incluir a pequeñas cooperativas y cajas rurales, dentro de la banca formal, "con esto se les dará un espacio adecuado", manifestó. (APB- DP)
Hora GMT: 05/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
