En la frontera norte
Para ingresar a Ecuador, los colombianos necesitan tener el pasado judicial apostillado. Hay varias maneras para evadir este requisito
La exigencia del Gobierno de exigir el pasado judicial apostillado a los colombianos, deja sus primeras secuelas en el turismo y genera actos de corrupción y de viveza criolla entre policías de migración y habitantes de la zonas fronterizas.
Los habitantes de las cercanías del puente internacional sobre el río San Miguel le apuestan al que llaman novedoso negocio.
Según fuentes oficiales colombianas, los ribereños cobran hasta cien mil pesos o $45 a los interesados en burlar los puestos de control de la Policía ecuatoriana, cruzando el río San Miguel en un planchón. La Alcaldía de San Miguel, Putumayo, anunció que empezarán a agilizar los trámites para que puedan acceder al documento.
Algo similar estaría sucediendo en la frontera entre Tulcán e Ipiales, donde informales cobran hasta $50 a los extranjeros que no cuentan con el pasado judicial o apostilla para cruzar hacia el Ecuador en mulares por más de 27 pasos irregulares.
Las constantes denuncias de ciudadanos colombianos en contra de la Jefatura de Migración del Carchi sobre presuntos cobros para agilizar el acceso al Ecuador, según los perjudicados no han tenido eco.
Los tramitadores -que son de nacionalidad colombiana- continúan en los exteriores de las oficinas de Migración, son conocidos por los informales del lugar y realizando trámites con cobros que van entre $10 y $15 en época normal y hasta $35 en temporada alta.
La apostilla (certificación) del pasado judicial, nuevo requisito que deben cumplir los ciudadanos colombianos -que eleva en 20 mil 500 pesos más el ingreso al Ecuador ($9,30)-, redujo, según Álvaro Sánchez, el flujo de turistas en un 80%, perjudicando además al comercio.
Hoy, los nuevos destinos turísticos de los colombianos son sus propias playas, el eje cafetero y amazonía, promocionadas desde las distintas gobernaciones. Néstor Mosquera, oriundo de Cali, recuerda que ellos venían a dejar recursos al país, pero que ahora prefieren viaje en su país.
José Luis Castillo, de Pasto, en cambio dice que, pese a que las denuncias en diciembre en contra de la Policía Migratoria del Ecuador fueron el pan del día en los medios de comunicación de los dos países, las autoridades del Ecuador nada han hecho para sancionar tanto a tramitadores como a policías involucrados.
Mientras, el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, promueve una campaña denominada "Bienvenidos vecinos del Ecuador". (RC)
Colombia critica la medida
El canciller de Colombia, Jaime Bermúdez acaba de calificar como "xenófobo" el tratamiento de las autoridades ecuatorianas contra ciudadanos colombianos.
El funcionario dijo que la medida contraría las normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) sobre libre circulación de los ciudadanos de los países de la región. "Nos preocupa que haya un tratamiento discriminatorio, estigmatizador y quizá xenofóbico para los colombianos en ese país", anotó, Bermúdez. (RC)
