Entrevista
Fabián Jaramillo
Quién es Superintendente de Comunicaciones
Por María Elena Verdezoto
Editora de Actualidad
Fabián Jaramillo, principal de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), es amable, educado y con un sorprendente control de sus emociones. Durante una hora de entrevista, ninguna pregunta lo incomodó. Al menos, no lo evidenció.
Solo al consultarle cómo se pagará la indemnización a Teleamazonas, sonrió levemente. Esto, porque aseguró que actuó en derecho al ordenar la suspensión del canal y refutó la sentencia emitida por Patricio Arízaga, Marco Maldonado y Jorge Cadena, jueces de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, quienes declararon el mes pasado inconstitucional esa medida. Ahora, está a la espera de que la Corte Constitucional (CC), a la que solicitó una acción extraordinaria de protección (AEP), revierta la sentencia.
¿Cómo avanza la acción extraordinaria de protección (AEP) para revertir la sentencia a favor de Teleamazonas?
El 5 de marzo, los jueces que emitieron la sentencia corrieron traslado a la Corte. Esperamos que, en el transcurso de los próximos días, sea sorteada y aceptada nuestra causa. Si corre con suerte, porque en la CC hay más de 3 000 procesos en espera. Ojalá tengamos igual suerte que la que han tenido algunos para que se emita sentencia. (
) Algunos han tenido la suerte de que las causas caigan en combo en el mismo lugar y que se resuelvan en períodos extremadamente cortos. Ojalá que esa sea la tónica que tome la Justicia en el futuro y que todas las causas puedan tener esa misma fluidez.
¿Se refiere al caso Teleamazonas?
Exactamente, porque hay casos en los que los tiempos son extremadamente largos, pero, en este caso, han resultado lo contrario, extremadamente cortos.
Entonces, ¿todos los trámites deberían demorar años?
Sería deseable que todos los trámites tengan la misma agilidad. En el caso de la Corte, es un proceso reglado, con plazos establecidos, y esperamos que se respeten.
¿En cuánto tiempo la CC debe dar una respuesta?
Me parece que en 30 días laborables.
¿Cuál es la base jurídica para que la Supertel pida una AEP?
Consideramos que se han violado preceptos y derechos constitucionales de la institución.
Pero la AEP es un recurso creado en la nueva Constitución para ciudadanos que consideren que sus derechos han sido vulnerados por un fallo o sentencia, no para instituciones.
La Constitución habla hasta de los derechos de la naturaleza. Es inaceptable que las instituciones no los puedan tener. Y las instituciones no son los edificios, los inmuebles o muebles, sino las personas que las forman; por tanto, esas personas también tienen derechos. En consecuencia, no veo ninguna limitación por ese lado.
El artículo 94 de la Constitución solo concede ese derecho a personas.
Hay otros artículos que mencionan que las instituciones también pueden reclamar por sus derechos.
¿Qué artículos?
Bueno, no soy abogado y no quiero correr riesgos en precisar artículos, pero en los escritos enviados por la Superintendencia se precisan toda esa información y los derechos que han sido vulnerados.
¿Qué derechos de la Supertel vulneraron los jueces?
He dicho preceptos y derechos. Entre otros, la Constitución manda que la Superntendencia sea el organismo de control, de auditoría y de vigilancia de los servicios de telecomunicaciones en el país. Esa situación está limitada o coartada por la sentencia. Tampoco han sido considerados nuestros reclamos, por los cual hemos acudido a la instancia constitucional.
¿A cuáles derechos se refiere?
Me parece que los que están en el artículo 88, no los tengo presentes exactamente en este momento, pero la Superintendencia ha determinado de manera precisa y clara.
¿Por qué cree usted que tres jueces penales habrían emitido un fallo que viola derechos y preceptos constitucionales de la Supertel?
Sería difícil de averiguar o suponer por qué lo hacen. Yo, en una primera declaración, dije que me estoy forzando a mí mismo a creer que se trata de una lamentable equivocación, pero no he podido terminar de convencerme de aquello.
¿O coincide con el criterio del presidente Rafael Correa, quien asegura que esos jueces están arodillados ante el poder mediático y económico?
No quiero ni coincidir ni dejar de coincidir con esos criterios, creo que quien los emite tendrá sus razones para hacerlo. Lo que a mí sí me ha llamado la atención es que hay situaciones reiteradas y formas de actuar que no son concordantes con lo que determina la Ley.
Pero los jueces declararon inconstitucional el cierre temporal y dijeron que violó derechos a la libertad de expresión, al libre pensamiento, a la defensa, al trabajo...
Los derechos que se han invocado como violados se caen por su propio peso. La Superintendencia no ha puesto ninguna cortapisa a los criterios que pueda emitir un canal, lo que ha hecho es cumplir un mandato establecido en la Ley, cuando el organismo encargado del control de contenidos (el Conatel) le ha pedido que actúe. Lo que se ha hecho es verificar que una noticia que se transmitió por el canal era basada en supuestos.
¿Lo comprobó la Supertel?
Eso jamás lo han podido desmentir ni el canal ni nadie. Lo que han hecho es disfrazar una acción legal con otros parámetros para dar la apariencia de que son otros derechos vulnerados. Pero, jamás han podido demostrar, en ningún ámbito, de manera clara y contundente, que las transmisiones estaban apegadas a la verdad.
Según los jueces, su sentencia es de última instancia, inapelable.
Hasta este punto, la razón le han dado a la empresa Cratel (Teleamazonas). Sin embargo, la Superintendencia ha solicitado un recurso extraordinario de protección en razón de que considera que han sido violados derechos y preceptos constitucionales.
Teleamazonas ya pidió que se establezca el monto de la indemnización por el cierre temporal. ¿Ya empezó a ahorrar?, pues le tocará pagar de su bolsillo, porque en ese caso se aplica el derecho de repetición.
¡Ja, ja, ja!... Bueno, eso es lo que determina la Constitución. Naturalmente que los funcionarios públicos tenemos ese riesgo al aceptar este tipo de cargos. Pero, para que aquello ocurra, primero tendrá que demostrase que yo he actuado de manera negligente o en contra de la Ley. Un juez tendrá que sentenciar en ese sentido.
¿No se apresuró en el afán de acatar una orden del presidente Rafael Correa, quien dijo que Teleamazonas tiene que cerrarse?
Bueno, no sé de dónde viene la orden, no conozco que haya sido dada.
Lo dijo el presidente varias veces y fue difundido por todos los medios de comunicación.
Lo que yo quiero recalcar es la independencia de la Supetintendencia como organismo técnico de control. En nuestro conocimiento fue puesta una situación que había sido controlada por el Conartel, organismo verificador de los contenidos que se transmiten. La Superintendencia, luego de seguir el debido proceso, de darles el derecho a la defensa, emitió un pronunciamiento.
Pero, según el abogado del canal, Pablo Ortiz, la notificación de la suspensión decía que era de aplicación inmediata, lo cual no respetó su derecho a la defensa.
Tal es que han tenido derecho a la defensa que lo han ejercido en varias instancias. Si es que se les hubiese atado de manos o impedido mediante la fuerza pública que puedan ejercer ese derecho, pues podría tener algún sustento esa afirmación.
¿Acatará lo que resuelva la CC, sea cual fuere o hay otra instancia de apelación?
La Superintendencia agotará todas las instancias.
¿Hay alguna instancia internacional?
No descartamos ninguna posibilidad.
Entrega de frecuencias
¿Qué pasó con las frecuencias ofrecidas por el Gobierno a los comunidades indígenas?
La Superintendencia ha recibido algunos pedidos de concesiones para emisoras comunitarias y los ha despachado emitiendo un pronunciamiento técnico y jurídico, verificando el cumplimiento de requisitos.
¿Cuántas están aprobadas y cuántas, en análisis?
Bastantes, no puedo precisarle, porque se han presentado en distintas épocas. De hecho, el Conartel tiene acumulada una gran cantidad de trámites. Hicimos una revisión ayer (el jueves pasado) de 140 trámites que podrían ser evacuados en los próximos días.
¿Ya se aprobó una emisora del Gobierno en Morona Santiago, con varias repetidoras en territorio shuar?
Sí, ese trámite fue aprobado hace más de dos meses ya.
¿Qué pasó con otra solicitud para la emisora y canal de la Asamblea Nacional?
No hemos dado ningún visto bueno porque no hay frecuencias disponibles en este momento en Quito. En consecuencia, habrá que esperar. Si la Asamblea solicita en otros lugares, se le podrá atender.
¿En dónde hay disponibilidad?
En Macas, Zamora, Gualaquiza. En Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, no hay disponibilidad.
Le toca buscar una, pues la Ley Legislativa dispone que la Asamblea tenga su propio sistema de radio y televisión.
Habrá que hacer algunos ajustes legales para cumplir lo que determina la Constitución respecto de reservar frecuencias para el ámbito privado, comunitario o gubernamental.
En ese sentido, ¿ha hecho alguna propuesta a la Asamblea, que debate ese aspecto dentro del Proyecto de Ley de Comunicación?
Lo único que hemos planteado a la Asamblea es que la asignación de frecuencias, que es un tema técnico, no debería estar en la Ley de Comunicación. Lo expresé en el seno de la Comisión de Comunicación.
¿Por qué no es partidario de que en esa Ley se regule el tema radioeléctrico?
Porque es un tema técnico, ya que el espectro radioeléctrico no sirve solamente para frecuencias de radio y televisión, sino para muchos otros fines de comunicación. Por eso, nos parece inapropiado que, en una ley de esta naturaleza, se pretenda establecer rangos de frecuencias o características y condiciones para la asignación de este recurso. Eso debe estar normado en una ley especifica de telecomunicaciones que abarque todos los servicios de telecomunicaciones y no exclusivamente los de radio y televisión.
Pero, la presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, es partidaria de incluir en el proyecto de ley, un capítulo sobre las frecuencias, que contenga una norma para que el Estado se reserve un 30% del espectro radioeléctrico y que el 70% restante vaya a los sectores privado, comunitario y gubernamental. ¿Qué opina?
La Constitución dice que se distribuya a los tres sectores, pero no dice que sea en tercios para cada uno. ( ) No hay por qué limitar en tercios. Eso es una equivocación, porque si hubiera un desarrollo eficiente, podría ser que el 70% sea estatal y el 30% entre privado y comunitario o viceversa. Hay que dar libertad de movimiento.
Jaramillo, un experto en ingeniería eléctrónica, al frente de la Supertel
Un extenso currículum avala la carrera del cuencano Fabián Jaramillo Palacios, de 53 años de edad, hoy superintendente de Telecomunicaciones.Sus ex compañeros lo catalogan como una persona transparente y dedidcada a su trabajo. En 1981, se graduó como ingeniero eléctrico en la Universidad de Cuenca.
Destaca también en su hoja de vida un título de máster en Ciencias de Ingeniería Electrónica, obtenido en 1990 en la Universidad Tecnológica de Loughborough, en Inglaterra.
Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuenca desde 1987 hasta inicios de este año, cuando fue nombrado superintendente. Además, fue director de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.
Hace cuatro años, fue candidato al Vicerrectorado junto a Gustavo Vega, hoy presidente del Conesup. Jaramillo es cercano al actual presidente de la Asamblea Nacional, Fernando "el Corcho" Cordero, quien lo nombró gerente de Telecomunicaciones de Etapa cuando el fue reelegido alcalde de Cuenca, para el período 2000-2004.
"Tiene una trayectoria seria y limpia", señala José Brito, presidente de la Cámara de Construcción de la capital azuaya, agregando que a Jaramillo nunca le interesó la carrera política, aunque apoyó al movimiento Ciudadanos Nuevo País, que dirigía Cordero. En 2008, fue miembro de los directorios de Andinatel, Pacifictel y Telecsa, en representación del Fondo de Solidaridad.
Para Fernando Pauta, ex gerente de Etapa, una buena parte de las transformaciones de Cuenca en telecomunicaciones se debe al aporte de Jaramillo. "Fabián está cambiando la imagen de la Superintendencia", asegura. (RMT)
Hora GMT: 15/Marzo/2010 - 05:05

15/Marzo/2010 a las 12:04
Y ahora ??? ahí te quiero ver !!!!.... de dónde vas a pagar por los perjuicios ocasionados al canal Teleamazonas !!!
Quizás SM te ayude haciendo una "vaca" para que puedas pagar por ser tan obsecuente y cerrando al canal por una orden ilegal.....
Quién te dijo cierra el canal ??? entonces que ellos te paguen la indemnización a la que Teleamazonas tiene derecho....