Por Ana Angulo Benavides
aangulo@hoy.com.ec
Un punto a favor se anotó la Secretaría de Transparencia con la preparación de un informe sobre la concesión de frecuencias durante el período 2003-2008.
El documento refiere cómo un grupo de dirigentes vinculados a la Asociación Ecuatoriana de Radio (AER) y a la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión (AECTV) intervinieron directamente en el Conartel para otorgarse concesiones de frecuencias a sí mismos y a sus allegados.
También pone de manifiesto la forma en que muchos dirigentes políticos ejercieron presiones para resultar favorecidos y cómo colocaron en el organismo a sus empleados de confianza para lograr sus propósitos.
En el colmo del oportunismo, para todos ellos, las frecuencias siempre estuvieron disponibles, al extremo de que se llegó a saturar el espectro radioeléctrico. En cambio, los trámites de los ciudadanos comunes, que cumplían los requisitos legales y técnicos, demoraban más de 700 días.
Con lujo de detalles, el informe explica cómo se inventaron un mecanismo de concesión-devolución contrario a la ley y a la Constitución, por el que se vendían las frecuencias de propiedad exclusiva del Estado, lo que dio lugar a una concentración de medios en pocos grupos, varios de ellos allegados a ex dirigentes de AER y de la AECTV, que eran parte del Conartel.
El documento también recoge parte de las denuncias presentadas en una serie reportajes de BLANCO Y NEGRO iniciada en enero de 2007 sobre el festín de las frecuencias, así como un informe de la Contraloría que confirmaba el "alegre" reparto.
La Secretaría no se limita a referir las irregularidades, pues llega a establecer que podría haberse configurado el delito de peculado, menciona los nombres de los posibles responsables y pide la intervención del Ministerio Público.
Esta actuación, que debería ser reconocida por la opinión pública y por el propio Gobierno, ha sido cuestionada desde la Comisión Auditora de Frecuencias, que considera que el informe contradice a la Constitución y le quita todo valor porque se centra en 130 frecuencias, cuando el Conartel ha otorgado más de un millar.
Esto tiene que ver con el hecho de que la comisión fue creada por mandato de la transitoria 24.ª de la Constitución y, si bien tiene que auditar todas las concesiones otorgadas en el tiempo, llama la atención que se quite todo mérito a un trabajo realizado por un organismo del Gobierno.
Lo lógico habría sido que se tome como un aporte el informe en lugar de descalificarlo de entrada. Un hecho vale más que mil palabras, y esta actitud haría ver que en el Régimen no todos reman en el mismo sentido.
Hora GMT: 17/Mayo/2009 - 05:07
17/Mayo/2009 a las 14:08
Es cierto lo que U apunta. Extraña contradicción por lo no explicable a la lógica y a la política real. Cómo que se impulsa una impunidad cómplice?? Si existen indicios claros de delitos tan graves como el peculado, bueno, la sociedad, solo esperaría que tales hechos no queden impunes. Descalificar ese informe que auditó el periodo determinado y en ese encontró tantas "irregularidades", tal trabajo e informe solo tiene como destino la Fiscalía y que finalmente los jueces, sancionen a los responsables de esos delitos. Todos debemos apoyar esas acciones vindicativas de la salud y moral pública. Jamás podemos transigir ni ser complacientes con los peculados, cometidos por delincuentes de cuello blanco, con pelajes de "políticos". Algunos ya han dicho que los índices delictivos solo se rebajan en las sociedades cuando sus miembros aprecian que todos, y en especial, los delincuentes de cuello blanco pagan sus delitos con la cárcel que merecen. El razonamiento es simple: si a los Isaías, no les pasa nada, por qué me puede pasar a mi? que robo por estado de necesidad y para los remedios que no toman, mis hijos enfermos. Otro cascabel que trae el informe de la mentada Secretaría, es que allí se mencionan muchos personajillos políticos de la odiosa "partidocracia", pero que si son culpables deben pagar sus desviaciones morales. El erario público y su correcta administración es algo que nos pertenece a todos y todos debemos defenderlo.
17/Mayo/2009 a las 17:08
Se nota a "LEGUAS" la defensa de intereses,en el caso que enumera SECRETARIA DE TRANSPARENCIA,que describe la FERIA de frecuencias de Radio y TV entre el 2003 y 2008 con ese ESTIGMA del CONARTEL. Donde se establece que con alevocia y premeditacion se adjudicaron CONCESIONES al antojo de los dirigentes del mencionado ENTE y se dio cabida al clasico TESTAFERRISMO tan tipico del Ecuador.Acto MAFIOSO que no puede quedar IMPUNE y los auditores que aupicia este gobierno,estan en la obligacion de admitir el informe categorico que SUSTENTA la SECRETARIA DE TRANSPARENCIA que por ventaja la preside un hombre que hasta hace poco fue periodista RADIAL con el seudonimo de:PEDRO PARAMO elemento de entera credibilidad y que luce hoy como uno de los pocos colaboradores del regimen que no le miente al pais.Por tal,la CONTRALORIA debe establecer que se INCAUTEN dichas FRECUENCIAS DE RADIO Y TV que acaba de manifestar el CONTRALOR que se REVISE algo que no contempla simplemente la LEY por delito flagrante y ademas inequivoco acto de PECULADO,hasta donde todo mortal sabe es sinonimo de ROBO la especialidad del DUENO DEL CIRCO que no prescribe y los ladrones como dijo el Presidente en campana 2006 en mi gobierno estaran en la CARCEL.Bueno entonces manos a la OBRA no solo los que roban una gallina deben estar presos,los peces gordos y alto parlantes ya deberian estar en la PENITENCIERIA y no alimentando la enestabilidad.Nota:PUBLIQUEN ESTA OPINION QUE AYER EN EL MISMO SENTIDO NO LO HICIERON.Yo remo para el sentido comun en la aplicacion de la LEY.
aplicar la LEY a los inmorales de RADIO Y TV.